“Neocharrismo”

Alejandro Encinas Rodríguez

Más que una coincidencia y como una caricatura de humor involuntario, la reelección de Elba Esther Gordillo en el SNTE y de Carlos Romero Deschamps en el STPRM da cuenta de la naturaleza cínica y autoritaria del “sindicalismo” mexicano.

La discusión sobre la democracia sindical ha jugado un doble papel. Por un lado, ha sido distractor de los temas centrales de la reforma: la desregulación de la relación laboral, el establecimiento de nuevas modalidades de contratación que dan al traste con la estabilidad en el empleo y con la jornada de ocho horas, fragmentando aún más el ya depreciado salario. Pero, por otro lado, ha abierto la posibilidad de modificar la minuta aprobada por los diputados.

Ello ha cobrado fuerza tras los actos de perpetuación de dirigencias profundamente cuestionadas tanto en el SNTE como en el sindicato petrolero. Sin embargo, pese a que el acuerdo entre los grupos parlamentarios del PRD y el PAN ayudará a fortalecer la vida sindical al incorporar el voto libre, directo y secreto en la elección de dirigentes sindicales, la rendición de cuentas de cuotas aportadas por los trabajadores y el carácter público de los contratos suscritos con las empresas, que deben ser aprobados previamente por los trabajadores, cabe reconocer que prevalecerán intocadas las bases del corporativismo sindical, que han permitido cacicazgos como éstos. Me refiero a las juntas de Conciliación y Arbitraje, al registro de asociaciones y la toma de nota, al control del recuento sindical, a los contratos de protección y el sindicalismo blanco y, de manera especial, al enorme volumen de recursos públicos que se transfieren a los sindicatos oficiales que, a la par del debilitamiento del Estado y del presidencialismo mexicano, han permitido el surgimiento de un nuevo tipo de charrismo sindical, que actúa con mayor autonomía y beligerancia ante el gobierno en turno, y que trasciende lo gremial para insertarse en el engranaje de control político al servicio del mejor postor.

Ejemplo de ello son estos sindicatos: el petrolero, convertido en fuente de negocios y financiamiento al PRI, como lo mostró Pemexgate, y el magisterial, constituido en una sofisticada maquinaria electoral, soportada en las millonarias cuotas del magisterio y con incuantificables recursos. Basta revisar el número de maestros “comisionados al trabajo sindical”. Organizaciones civiles estiman que el número de personal comisionado al SNTE alcanza los 23 mil 400 maestros, mientras el titular de la SEP ha reconocido 12 mil 400 y el SNTE asegura que “sólo” son 5 mil 500.

Cualquiera que sea la cifra real, resulta escandalosa: distintas estimaciones consideran que los recursos que se transfieren por esta vía alcanza los mil 600 millones de pesos anuales, que se destinan a subsidiar un verdadero ejército político, situación que contrasta con lo que sucede en EU, donde el sindicato cuenta con ocho comisionados para atender los asuntos de 2 millones de maestros; en Reino Unido hay un comisionado y en países latinoamericanos no existen estas comisiones.

La posibilidad de incluir en la Reforma Laboral los temas inherentes a la democracia sindical no debe crear falsas expectativas, ya que con o sin su inclusión las organizaciones corporativas del sindicalismo tienden a consolidarse con el regreso del PRI, pues el papel que desempeñan trasciende el ámbito gremial y han pasado a formar parte de una compleja red de intereses, complicidades e impunidad. Así sucedió con Fox y la búsqueda de una cómoda estabilidad en su gestión; con Calderón y su obsesión por contar con la legitimidad que no consiguió en las urnas o con las añejas alianzas establecidas por Peña con sus correligionarios. Pero de manera especial con la vergonzosa renuncia a defender los intereses de sus agremiados y la entrega que significan los contratos de protección en beneficio de los poderes fácticos y sus empresas.