Las boletas de 2006

José Antonio Crespo

E l IFE determinó destruir las boletas de los comicios presidenciales de 2006 y de 2012. Es cierto que la ley determina su destrucción una vez concluido el proceso electoral, pero es atendible la petición que han hecho varios individuos de digitalizar las boletas para efectos académicos e históricos. Dicen los consejeros que eso no está previsto por la ley, pero que yo sepa tampoco está prohibido. De hecho fueron digitalizadas las actas de 2006 y de 2012 y no recuerdo que eso esté explícitamente estipulado en la ley. Lo mismo podría hacerse con las boletas. Me parece que con las boletas de 2012 no es el mismo problema que con las de 2006, pues ahora se abrió más de la mitad de paquetes electorales y no hubo ningún cambio significativo en la tendencia ni se reflejó que hubiera inconsistencias graves entre lo reportado por las actas y lo encontrado en los paquetes.

La sospecha surgió por otro lado, es decir, por la inequidad en la publicidad comprada en medios de comunicación en precampaña, en la supuesta compra de 5 millones de votos (que no fueron comprobados porque no es algo comprobable) y el sobregasto de campaña (que probablemente hubo en más de un partido, pero no es causal de nulidad). En todo caso, las inconsistencias aritméticas en las actas —no necesariamente producto de un fraude, sino de errores humanos de cómputo— son de aproximadamente 1.5 % (como en 2000 y 2006), es decir, están muy por debajo de los casi siete puntos de distancia entre primer y segundo lugar. En este caso las inconsistencias no nublan el resultado.

En cambio, en el 2006 la acusación de fraude se concentró esencialmente en las boletas. No tengo elementos para pensar que haya habido fraude en las casillas, y menos de 10 puntos porcentuales como denunciaba Andrés Manuel López Obrador sin pruebas consistentes y válidas de ello. Pero ese no fue el problema real, sino la incertidumbre en que quedó el resultado, pues el 1.5 % de inconsistencias aritméticas superó en más del doble la distancia que hubo entre primero y segundo lugar (.56 %). Es justo en esas circunstancias cuando, por ejemplo, en una casilla, se genera incertidumbre sobre cuál fue la voluntad mayoritaria de los electores. Para lo cual se procede a abrir el paquete y clarificar cuál fue la votación para cada candidato. Y cuando ni así desaparecen las inconsistencias aritméticas (pues puede quedar todavía diferencia, por ejemplo, entre el número de boletas y los ciudadanos que se presentaron a emitir su voto) y éstas superan la distancia entre primero y segundo lugar, procede su anulación ante la imposibilidad de saber por quién votó la mayoría de electores ahí. 

Precisamente por eso era importante que se recontara el mayor número posible de paquetes electorales y por ello resultó insuficiente que se hayan abierto solamente 14 % de ellas. En las actas de los paquetes que no se abrieron quedaron cerca de 600 mil inconsistencias aritméticas (no justificables en parámetros del Tribunal) que, siendo más que los votos con los que oficialmente ganó Felipe Calderón, opacaron la certeza del resultado. Es la razón de que 80 % de los electores pugnaban por un recuento mucho más amplio de los paquetes. Es cierto que algunos analistas advirtieron que la proyección estadística de los paquetes que sí se abrieron apuntaba de cualquier modo a Calderón como ganador. Pero la ley no estipula que el ganador deba determinarse con tales proyecciones, ni encuestas ni cualquier otro método de medición, sino contando cada voto de manera clara y contundente. Sólo entonces hay certeza en el resultado.

Que ni el IFE ni el Tribunal hayan aceptado una apertura mucho más amplia de paquetes, y que Calderón mismo no haya mostrado disposición a que se realizara tal recuento —pues, según confesó a Salvador Camarena, no sabía qué había en esos paquetes y temía una anulación— generó dudas razonables sobre el contenido de los paquetes y su correspondencia con lo transcrito en las actas. Destruir los paquetes sin permitir su digitalización no hace sino fortalecer la duda de que las cosas no estaban bien. Además, ratifica nuestro déficit democrático, pues en países más avanzados sí es posible consultar las boletas para efectos periodísticos, académicos e históricos. Ocurrió en Estados Unidos en la elección del año 2000. Pero acá todavía se escatima la transparencia, pese a los avances constitucionales en la materia, que estipulan la máxima publicidad posible.