La
“gran reforma” en materia de seguridad pública debe comenzar y terminar
con la liquidación del capitalismo salvaje vigente desde hace tres
décadas
Los miembros
de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia del Senado fueron
informados por los dos priístas que participan en el equipo de
transición de Enrique Peña Nieto, que están preparando una “gran
reforma” en materia de seguridad pública. Jorge Carlos Ramírez Marín y
Felipe Solís Acero, puntualizaron que se tendrán que reformar varias
leyes y crear otras, entre ellas la que sustentará al cuerpo policíaco
denominado “gendarmería”.
Cabe señalar desde ahora que tal estrategia de seguridad nacional no servirá de nada, caerá en el vacío rápidamente si no va acompañada por cambios profundos en el modelo económico que se reflejen en el sistema político. Lo único que se lograría, sin hacer paralelamente transformaciones de fondo en la estructura del Estado, sería crear un esquema más de “combate” al crimen organizado, aunque en el fondo sería más de lo mismo que conocemos hasta el momento.
La “gran reforma” en materia de seguridad pública debe comenzar y terminar con la liquidación del capitalismo salvaje vigente desde hace tres décadas, pues sólo así será posible tener avances en la reducción de los niveles de inseguridad y de violencia extrema. Profundizar la explotación de los asalariados, constreñir más el mercado interno, favorecer un estado de cosas fundado en la injusticia social, anularía de inmediato cualquier estrategia gubernamental dirigida a bajar la inseguridad y la violencia. No se puede anular la peligrosidad de un tigre hambriento agravando su situación, sino dándole de comer.
El fondo del problema en materia de seguridad pública es que no se quiere entender que lo primordial es enfrentar sus causas, que son esencialmente sociales y económicas, no de falta de preparación de los cuerpos policíacos ni tampoco por carecer de un plan mejor estructurado. Se podrá tener a la mejor policía del mundo, pero si las condiciones socioeconómicas en las que deben trabajar son muy negativas, como así es en la actualidad, los esfuerzos de esa policía serían insuficientes y se perderían en la inoperancia total. Esto lo vive España, a pesar de su eficiente gendarmería cuya experiencia nadie pone en tela de duda.
Esta realidad no la ven los miembros de la elite empresarial en nuestro país, quienes sólo piensan en apuntalar sus intereses obligando al gobierno federal a servir de peón cuya lealtad tampoco pueda ponerse en duda. Es claro que la oligarquía lo que quiere son resultados que los favorezcan al cien por ciento, de ahí sus presiones totalitarias para que se apruebe sin tardanza, y tal como la envío al Congreso Felipe Calderón, la reforma laboral con la que asegurarían beneficios extraordinarios, a cambio de una más acelerada descomposición del tejido social del país, al incrementarse la pobreza de los asalariados y ampliarse aún más la economía informal.
No se quiere entender que mientras no haya condiciones favorables para un progreso integral de México, los problemas estructurales irán en aumento, incluso a mayor velocidad, por la inercia de las condiciones de firme descomposición social generalizada. Un deber de los legisladores en este momento es hacerle ver a la oligarquía su error al pretender agravar aún más la pobreza de las clases mayoritarias, pero en vez de ello aceptan cabizbajos las presiones de los señores oligarcas. Aceptan que se debe modificar la estrategia de Calderón de combate al crimen organizado, pero no hacen nada para demostrar su interés en devolver a los ciudadanos la tranquilidad y la paz perdidas, como dijeron los miembros de las comisiones mencionadas.
En este momento es un imperativo inaplazable cerrar filas en torno al objetivo de fortalecer al Estado, con profundo sentido patriótico y visión de futuro, pues la crisis que se vive en el mundo occidental nos puede arrastrar fácilmente si no contamos con los medios estructurales para evitar esa inevitable caída, sobre todo teniendo en cuenta la brutal dependencia de México de la economía estadounidense.
La situación actual no es propicia para seguir actuando con el egoísmo que caracteriza a los grupos empresariales más conservadores, sino para combatir a fondo las causas de los graves problemas estructurales que padecemos. Es una necedad absurda seguir actuando como si la nación viviera en el mejor de los mundos, cuando bien sabemos que lo que sobran son problemas de todo tipo, que se reflejan en la terrible descomposición del tejido social. Más absurdo aún es suponer, como lo hizo Calderón, que la criminalidad puede vencerse sólo mediante la fuerza del Estado, sin atacar paralelamente las condiciones estructurales que inciden en el surgimiento de esa criminalidad, y sobre todo en su crecimiento acelerado.
Por eso es vital, por ahora, que no se apruebe la reforma laboral. En cambio, lo que debe profundizarse es la recuperación de Pemex como el gran activo del Estado mexicano. Dejar a la paraestatal en manos privadas, cancelará el futuro del país.
Cabe señalar desde ahora que tal estrategia de seguridad nacional no servirá de nada, caerá en el vacío rápidamente si no va acompañada por cambios profundos en el modelo económico que se reflejen en el sistema político. Lo único que se lograría, sin hacer paralelamente transformaciones de fondo en la estructura del Estado, sería crear un esquema más de “combate” al crimen organizado, aunque en el fondo sería más de lo mismo que conocemos hasta el momento.
La “gran reforma” en materia de seguridad pública debe comenzar y terminar con la liquidación del capitalismo salvaje vigente desde hace tres décadas, pues sólo así será posible tener avances en la reducción de los niveles de inseguridad y de violencia extrema. Profundizar la explotación de los asalariados, constreñir más el mercado interno, favorecer un estado de cosas fundado en la injusticia social, anularía de inmediato cualquier estrategia gubernamental dirigida a bajar la inseguridad y la violencia. No se puede anular la peligrosidad de un tigre hambriento agravando su situación, sino dándole de comer.
El fondo del problema en materia de seguridad pública es que no se quiere entender que lo primordial es enfrentar sus causas, que son esencialmente sociales y económicas, no de falta de preparación de los cuerpos policíacos ni tampoco por carecer de un plan mejor estructurado. Se podrá tener a la mejor policía del mundo, pero si las condiciones socioeconómicas en las que deben trabajar son muy negativas, como así es en la actualidad, los esfuerzos de esa policía serían insuficientes y se perderían en la inoperancia total. Esto lo vive España, a pesar de su eficiente gendarmería cuya experiencia nadie pone en tela de duda.
Esta realidad no la ven los miembros de la elite empresarial en nuestro país, quienes sólo piensan en apuntalar sus intereses obligando al gobierno federal a servir de peón cuya lealtad tampoco pueda ponerse en duda. Es claro que la oligarquía lo que quiere son resultados que los favorezcan al cien por ciento, de ahí sus presiones totalitarias para que se apruebe sin tardanza, y tal como la envío al Congreso Felipe Calderón, la reforma laboral con la que asegurarían beneficios extraordinarios, a cambio de una más acelerada descomposición del tejido social del país, al incrementarse la pobreza de los asalariados y ampliarse aún más la economía informal.
No se quiere entender que mientras no haya condiciones favorables para un progreso integral de México, los problemas estructurales irán en aumento, incluso a mayor velocidad, por la inercia de las condiciones de firme descomposición social generalizada. Un deber de los legisladores en este momento es hacerle ver a la oligarquía su error al pretender agravar aún más la pobreza de las clases mayoritarias, pero en vez de ello aceptan cabizbajos las presiones de los señores oligarcas. Aceptan que se debe modificar la estrategia de Calderón de combate al crimen organizado, pero no hacen nada para demostrar su interés en devolver a los ciudadanos la tranquilidad y la paz perdidas, como dijeron los miembros de las comisiones mencionadas.
En este momento es un imperativo inaplazable cerrar filas en torno al objetivo de fortalecer al Estado, con profundo sentido patriótico y visión de futuro, pues la crisis que se vive en el mundo occidental nos puede arrastrar fácilmente si no contamos con los medios estructurales para evitar esa inevitable caída, sobre todo teniendo en cuenta la brutal dependencia de México de la economía estadounidense.
La situación actual no es propicia para seguir actuando con el egoísmo que caracteriza a los grupos empresariales más conservadores, sino para combatir a fondo las causas de los graves problemas estructurales que padecemos. Es una necedad absurda seguir actuando como si la nación viviera en el mejor de los mundos, cuando bien sabemos que lo que sobran son problemas de todo tipo, que se reflejan en la terrible descomposición del tejido social. Más absurdo aún es suponer, como lo hizo Calderón, que la criminalidad puede vencerse sólo mediante la fuerza del Estado, sin atacar paralelamente las condiciones estructurales que inciden en el surgimiento de esa criminalidad, y sobre todo en su crecimiento acelerado.
Por eso es vital, por ahora, que no se apruebe la reforma laboral. En cambio, lo que debe profundizarse es la recuperación de Pemex como el gran activo del Estado mexicano. Dejar a la paraestatal en manos privadas, cancelará el futuro del país.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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