Llegado al límite de la
ridiculez amenazante respecto del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, el declinante Donald Trump ha colocado al arrinconado equipo
mexicano de negociaciones en una situación tragicómica: mantenerse en
los
trabajosformales que el jefe máximo de la parte estadunidense patea grotescamente en Twitter, aparentando que los
diálogosse producen en una situación de normalidad y no en el marco de la locura ejecutiva instalada en la Casa Blanca.
Bien podría ocuparse centralmente el susodicho Trump de hechos graves
e inmediatos: la zona metropolitana de Houston (la cuarta ciudad más
poblada del vecino país) anegada como nunca y con población necesitada
de más ayuda (¿mensajes del señor Cambio Climático a la oficina del
rubio negacionista?) y el cielo japonés cruzado por un misil disparado
por Corea del Norte, por dar dos ejemplos, pero el despechado que quiso
ser amante de los negocios a la mexicana (en su etapa de inversionista,
no como político) pareciera sólo tener ojos para México: obsesivo,
envenenado, abusivo y sin contraparte válida. La nación en tiempos de
Peña Nieto.
Trump, el César de caricatura, ha advertido que es mejor iniciar el
proceso de retiro de Estados Unidos de las negociaciones del TLCAN, que
se reanudarán en los días inmediatos. Es evidente que trata de golpear a
la economía mexicana y obligar a México a concesiones extremas, con tal
de
salvarel tratado en mención. A ese amago añadió su cantaleta preferida: México ha de pagar el muro fronterizo, haiga de ser como haiga de ser.
En México, mientras tanto, el secretario de Hacienda nos asegura que
todo pinta para bien, aunque las cosas parezcan mal: el precandidato
presidencial
independiente(que podría terminar como distractor del movimiento realmente deseado por la futura encuesta personal del dedo de Peña, la del niño Nuño) hace saber que, a pesar de recortes presupuestales e insuficiencias económicas para 2018, ¿qué creen, santos inocentes?:
en términos generalesel país va en la dirección correcta, pues el año entrante se mantendrá la
estabilidadeconómica y se conservará la
sensibilidaden lo social. Eso sí, la oda de José Antonio Meade Kuribreña reconoce que, en todo caso, harán falta más velocidad y contundencia en las
variableseconómicas.
Pero, de que México está bien, no hay que dudar. Bueno, en realidad,
México está mejor que antes (los críticos latosos, a los que ningún
producto picante les embona, dirán que estamos
menos peor que antes). Que se solacen esos inconformes por consigna con los nuevos y bellos datos proporcionados por el muy autónomo Instituto Nacional de Esadística y Geografía, popularmente conocido como Inegi, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Con una oportunidad que nada tiene que ver con la elaboración de las
tarjetas que en teleprompter leerá Enrique Peña Nieto al otro día de su
quinto Informe de labores, dicho Inegi, a través de la ENIGH, nos hace
saber que las cosas no están tan mal como han parecido. Lo que ha
sucedido es que se medían de manera distinta y, ahora, se han utilizado
métodos que confirman lo que ya proclaman con aire complacido tanto Peña
Nieto como el citado Meade Kuribreña.
Tres votos, por su parte, buscan los exploradores camarales
del PRI y del Verde para redondear la cifra mágica de votos que
permitirán imponer a Raúl Cervantes Andrade, cuasi carnal de Peña Nieto,
como fiscal faccioso por nueve años (para más datos, y contexto, el
Astillero de este lunes:
Cervantes: guardaespaldas transexenal, https://goo.gl/CaCfYg).
Habilidosos, los mandos priístas habrán de encontrar la manera que en
el Poder Legislativo se consigan esos tres votos, o se ajusten cifras
mediante ausencias concertadas de algunos
opositores. Instalar a Cervantes Andrade es fundamental para que continúe el sistema de impunidad que da cohesión a la clase política actual. Con ese priísta en la fiscalía general de la nación, que sustituirá a la Procuraduría General de la República, para darle más
autonomía, el peñismo tendrá, por un sexenio y medio, garantía de manipulación y control del sistema de investigación y búsqueda de castigo por delitos federales.
Insólito ejemplo del triunfo de un ciudadano independiente de
partidos, sin rebasar los reducidos márgenes del gasto de campaña
establecido, el joven Pedro Kumamoto (diputado de mayoría por un
distrito local de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara) ha
logrado que una iniciativa por él impulsada haya sido confirmada en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para así condicionar la
asignación de recursos a una nueva fórmula que descansa sustancialmente
en la votación recibida por cada partido.
La confirmación en el máximo tribunal del país, por siete votos
contra cuatro, significa un paso adelante en la búsqueda de reducir el
escandaloso gasto de México en materia de partidos y elecciones. La
misma propuesta jalisciense ha sido presentada para que pueda aplicarse a
escala nacional.
Astillas
Consejeros del Instituto Nacional Electoral buscan la
manera de pedir que Gobernación intervenga para frenar la intervención
en política de la Arquidiócesis de México (Norberto Rivera, pues). Esos
consejeros aseguran que la instancia religiosa viola el principio de
laicidad. ¿A qué santo se encomendará Osorio Chong para no perder
indulgencias rumbo a 2018?... Ricardo Monreal pide a Morena que haya
transparencia, autocrítica y enmienda respecto del proceso que designó a
Claudia Sheinbaum como virtual candidata a la jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México… Décadas atrás, todo se suspendía u opacaba en
materia política, desde semanas atrás, para dar marco dominante al
Informe presidencial. Ahora, el opacado es ese Informe, que se entregará
al Congreso de la Unión el próximo viernes… ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Una sacudida estremeció a la partidocracia, en particular a personajes que han hecho de los partidos un negocio doméstico. (Dicen que el Niño Verde hasta se puso morado.) La Suprema Corte de Justicia avaló la llamada Ley Kumamoto por siete votos contra cuatro. Esta ley, conocida por el hashtag #SinVotoNoHayDinero,
fue promovida por el diputado local independiente de Jalisco, Pedro
Kumamoto. El objetivo: cambiar la forma como se distribuye el dinero
público entre los partidos. Establece que dependerá del número de
ciudadanos que voten por ellos. Ahora Kumamoto buscará que se aplique a
escala federal, lo que podría ‘‘generar una reducción de 52 por ciento
de los recursos que actualmente reciben los partidos políticos’’, señaló
el legislador.Habían impugnado la ley: el Verde, Nueva Alianza y
Morena. Con la fórmula actual, con base en el padrón electoral,
recibirían 6 mil 745 millones de pesos, de acuerdo con el anteproyecto
del Instituto Nacional Electoral. Con la fórmula propuesta, menos de la
mitad. A pesar de la decisión de la Corte, el INE aprobó el presupuesto
2018: $25 mil millones (alrededor de mil 400 millones de dólares). Dijo
Ciro Murayama: ‘‘No deseamos que se sacrifique ningún rubro de gasto
público por las elecciones, por eso si el IFE costó en promedio 35
centavos de cada cien pesos del presupuesto, ahora proponemos que el INE
cueste los mismos 35 centavos de cada cien pesos del gasto público
federal’’. ¿Y por qué no 15 centavos? ¿Cuál artículo de la Constitución o
de la legislación electoral dice que el presupuesto del instituto debe
crecer en forma directamente proporcional al del gobierno federal?
¿Cómo votaron los ministros?
Hay que anotarle un punto bueno a los señores ministros,
aunque está reciente la trastada que cometieron contra los consumidores
al eliminar de la Constitución la tarifa 0 del servicio telefónico. Pero
sólo a los siete que votaron en favor de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero.
Sus nombres: Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío Díaz, José
Fernando González, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier LaynezPotisek,
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Votaron los
restantes cuatro en contra: el autor del proyecto, Jorge Mario Pardo
Rebolledo; Eduardo Medina Mora; el presidente de la Corte, Luis María
Aguilar Morales, y Margarita Beatriz Luna Ramos.
Impunidad
Si bien la impunidad no nació con el actual gobierno se
observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Los
resultados del Índice Global de Impunidad 2017, estudio que analiza y
compara la información relacionada con los indicadores en materia de
justicia, seguridad y derechos humanos, realizado por la Universidad de
las Américas de Puebla, México ocupa el cuarto lugar a escala mundial
con un índice de impunidad de 69.21 puntos y es el primer lugar en el
continente americano. De acuerdo con el reporte, en nuestro país sólo se
denuncian siete de cada 100 delitos cometidos. Del total de delitos
denunciados, sólo existe 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo
cual arroja una impunidad cercana a 95 por ciento en ilícitos
acreditados por la autoridad como consumados.
¿Dónde quedó la canasta?
La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes expresa
su desacuerdo con el anuncio del presidente del Inegi, el controvertido
Julio Santaella, en relación con cancelar el apartado de la canasta
básica del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, ¿cómo va a
medir el alza de precios, la inflación? Cuauhtémoc Rivera, presidente
de la asociación, dice que ‘‘esto es una afrenta a la inteligencia del
pueblo de México y es querer vernos la cara de tontos’’. Añade: ‘‘Los
mexicanos no tenemos un pelo de tontos, nos damos perfecta cuenta de que
tal vez lo que se pretende ocultar es la realidad económica tan
sofocante y adversa que padecemos’’. (Es que estamos en tiempos de
elecciones y hay que pintar de color rosa las cifras.)
Ombudsman Social
El próximo viernes el
gobierno peñanietista divulgará el contenido de lo que denomina Informe
de gobierno (el penúltimo de esa administración), en el que sin duda uno
de los puntos que destacará el inquilino de Los Pinos será el de las
plazas laborales inscritas en el IMSS, tema en el que privilegiará la
cantidad (cerca de 3 millones en casi cinco años, incluidos los empleos
existentes, pero ahora formalizados) y minimizará la cada día más
precaria calidad.
¿Qué tan alegres pueden estar los mexicanos por las cifras a
presumir? El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados hace un ejercicio temático –del que se toman los siguientes
pasajes– con base en las cifras oficiales y considerando los siete
primeros meses de 2017.
De acuerdo con los registros del Seguro Social, continuó la
generación de empleo formal y mostró mayor dinámica; el total de
asegurados en el instituto pasó de un aumento anual de 3.55 por ciento
en julio de 2016 a uno de 4.43 por ciento en el mismo mes de 2017; así,
mantiene su tendencia al alza desde mediados de 2009 y acumula 90 meses
de incremento consecutivos. La cantidad de asegurados en el IMSS llegó a
niveles históricos.
No obstante, la afiliación por tipo de condición laboral empeoró; de
los empleos formales creados en julio de 2017, 85.73 por ciento fueron
permanentes y 14.27 por ciento, eventuales urbanos; un año atrás, la
proporción había sido de 95.21 y 4.79 por ciento, respectivamente. Lo
anterior implicó que, aunque hubo mayor generación de empleos, fue de
menor calidad dado que se elevó la participación de la eventual.
El salario real se deterioró al disminuir 1.39 por ciento en junio de
2017, su sexta baja después de 34 alzas consecutivas; además, la cifra
referida contrasta con el incremento que tuvo en el mismo mes de 2016
(0.98 por ciento), lo que se podría explicar, en parte, por el repunte
de la inflación que comenzó a observarse desde enero de 2016.
Según el IMSS, en julio de 2017 documentó 19 millones 23 mil 215
trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados, lo que implicó
un aumento anual de 4.43 por ciento de cotizantes; es decir, 807 mil
251 empleos formales más con relación al mismo mes de 2016; además,
dicha cifra fue superior a la registrada un año atrás (3.55 por ciento o
625 mil 214 trabajadores).
Por tipo de afiliación, de los empleos formales creados en el séptimo
mes de 2017, 692 mil 041 fueron permanentes y 115 mil 210, eventuales
urbanos. El empleo permanente registró un incremento anual de 4.38 por
ciento, dato superior a 3.92 por ciento que se observó en el mismo mes
de 2016; en tanto que el eventual urbano tuvo una ampliación de 4.74 por
ciento, cuando un año atrás había subido 1.25 por ciento.
Durante julio de 2017 el empleo subió en ocho de los nueve sectores
en los que se clasifica la actividad económica. El de mayor incremento
fue el de transporte y comunicaciones, seguido por la industria de la
transformación. En los servicios para empresas, personas y hogar, si
bien se generaron más plazas la dinámica perdió fortaleza.
En la industria agropecuaria la creación de empleo aumentó de 7.01
por ciento en julio de 2016 a 4.21 por ciento en el mismo mes de 2017;
en el comercio pasó de 3.9 a 3.42 por ciento, en el mismo periodo, lo
que implicó una menor fortaleza y creció por debajo de la nacional. En
el sector de electricidad y agua fue donde se redujo el empleo al
transitar de un alza de .34 por ciento a una caída de 1.74 por ciento.
Del total de plazas generadas, la industria de la transformación aportó
35.32 por ciento.
En julio de 2017 el empleo se acrecentó en 28 estados del país
(incluyendo la Ciudad de México), mientras retrocedió en Tabasco,
Campeche, Chiapas y Veracruz, entidades con importante presencia de
actividades extractivas (petróleo). El estado con el mayor crecimiento
de empleo fue Quintana Roo, con un aumento anual de 10.93 por ciento en
el mes de referencia, seguido por Baja California Sur, al observar una
ampliación de 10.31 por ciento. En Querétaro creció 8.59 por ciento, en
San Luis Potosí, 8.1 por ciento, y en Tlaxcala, 7.63 por ciento.
Sin embargo, la mayor generación de empleo, en términos absolutos, se
dio en la Ciudad de México al concentrar 13.35 por ciento del total.
Jalisco se situó en el segundo lugar, con 10.76 por ciento, y Nuevo
León, con 9.18 por ciento. El estado de México representó 8.87 por
ciento del total y Guanajuato, 6.6 por ciento.
En junio de 2017, el salario diario nominal asociado a trabajadores
asegurados en el IMSS fue de 334.21 pesos, superior a los 318.80 pesos
reportados un año antes, e implicó un aumento nominal de 4.83 por
ciento. Además, representó 4.58 veces el salario mínimo general promedio
para el sexto mes de 2017. Sin embargo, el salario real (descontada la
inflación) fue de 264.39 pesos, lo que significó una reducción de 1.39
por ciento, cifra que contrasta con el alza observada en el mismo mes de
2016 (1.51 por ciento). Esto implicó su sexta caída después de haber
registrado 34 meses de alzas consecutivas, lo que podría explicarse, en
parte, por el repunte de la inflación que comenzó a observarse desde
enero de 2016.
El concurso mercantil
de ICA, de Bernardo Quintana, fue ampliamente anunciado desde principios
de año. Algunos analistas pensaban que la empresa se podía salvar sin
llegar a la quiebra; sin embargo, la deuda, cercana a 3 mil 500 millones
de dólares, volvió imposible el proceso sin recurrir al concurso
mercantil.
El gran problema que no se ha dado a conocer es que la familia
Quintana y demás socios de control comenzaron a descapitalizar la
empresa e iniciaron la venta de sus acciones desde hace tiempo, con lo
que minimizaron sus pérdidas. En contraparte, los inversionistas
minoritarios no tenían la información necesaria para protegerse y no fue
hasta que llegó Guadalupe Phillips a la dirección de la firma cuando
conocieron la magnitud de la crisis.
Incluso, algunos accionistas minoritarios, fundamentalmente
trabajadores y ex empleados, decidieron mantener sus acciones, pasara lo
que pasara, por lo que ya perdieron más de 95 por ciento de su capital.
Quien vio una oportunidad para tomar el control de la empresa fue
David Martínez, un habilidoso financiero regiomontano que vive en Nueva
York y quien le apuesta a empresas y países que requieren financiamiento
con urgencia. Martínez, por conducto de su firma, Fintech, ha tomado el
control de diversas compañías en bolsa y ha obtenido rendimientos muy
elevados de países latinoamericanos altamente endeudados.
En materia de seguridad, nada como culpar al gobierno
federal, no importa si se trata de las consecuencias de la fallida
guerra contra el narcotráfico o del aumento de los delitos del fuero
común; qué más da si se habla del incremento de los homicidios dolosos o
del robo a casa habitación: los gobiernos estatales y municipales no
pierden la oportunidad de echar la bolita a la administración central,
ya sea porque no apoya con recursos humanos suficientes o por los
siempre escasos fondos para mejorar las policías.
Aguascalientes no ha sido la excepción. Tanto el gobernador Martín
Orozco Sandoval como la alcaldesa de la capital, María Teresa Jiménez,
se lavan las manos ante la creciente percepción de inseguridad. En el
caso del gobierno estatal, luego de ocho meses, los panistas no han
logrado pasar del modelo de mando único heredado por los priístas –y del
que tanto se quejaron en campaña– al de mando mixto. Es evidente la
falta de pericia para lograr acuerdos y coordinación, a tal grado que
resulta una
revelaciónperiodística que sea Orozco Sandoval quien nombró a todos los jefes de policía municipales, pero al asumir la responsabilidad, el gobernador simplemente levanta los hombros e indica que los alcaldes pueden destituir a los encargados.
Rodolfo Raúl González
Vázquez, quien se identifica como ex trabajador del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), afirmó ayer en conferencia
de prensa que el día 24 anterior presentó una denuncia penal ante la
Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex gobernador de
Puebla Rafael Moreno Valle por operar una oficina clandestina desde la
cual se realizaban escuchas ilegales a políticos del más alto nivel, a
los familiares de éstos, e incluso a periodistas. De acuerdo con el
denunciante, las intervenciones telefónicas no sólo tenían la finalidad
de obtener información sobre rivales políticos, sino que se usaron para
poner en manos de criminales a ciudadanos.
Finalizar el TLCAN,
la mejor alternativapara México
La renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un asunto económico de
la mayor importancia para México, por su incidencia en el desarrollo
económico y social de nuestro país. Las reglas estipuladas así lo han
plasmado en 23 años de vigencia, y las que en su caso se establezcan
para renovarlo seguirán influyendo de forma decisiva en la definición y
aplicación de las estrategias y políticas que determinen la forma y ruta
de la evolución de nuestra nación.
Con Donald Trump los ataques
contra México y sus ciudadanos no cesan. Desde el primer día que
anunció su candidatura, declaró que México enviaba a Estados Unidos
asesinos y violadores fomentando odio contra mexicanos. Trump y sus
asesores calculan que atacar a México y los mexicanos y en particular
los inmigrantes, no les incurre un costo político. En la semana pasada
Trump amenazó con cerrar el gobierno si el Congreso no provee fondos
para construir su muralla, planteó la posibilidad de cancelar el
programa que protege a los llamados
soñadores, indultó a Joe Arpaio, el sheriff racista de Arizona que fustigaba a los inmigrantes y reiteró la posibilidad de retirarse unilateralmente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Mantenemos deliberadamente en el título la palabra
hoy, porque los vertiginosos cambios ocurridos en las pasadas seis o siete décadas, que muchos insisten en llamar globalización y que resultan de una compleja combinación de innovación tecnológica, expansión inusitada del capital y dominio de los valores de la civilización moderna, han dejado muy atrás las tesis sobre las que los teóricos e ideólogos más avanzados de la izquierda han diseñado los gobiernos reales o potenciales. El evidente divorcio entre ciencia y política ha abonado también en el triste espectáculo que hace ver las posiciones supuestamente de vanguardia como propuestas obsoletas. Este anacronismo en las visiones ha sido esencial para entender el fracaso o estancamiento de los llamados
gobiernos progresistasque en Latinoamérica nos han llenado de expectativas y esperanzas.
En un súbito arranque de internacionalismo
proletario, una organización sindical mexicana realizó el pasado sábado
26 de agosto un mitin en solidaridad con la dirigente gremial
venezolana Marcela Maspero y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
En la esfera política, para
el futuro inmediato (2017-2018), no podemos sino pensar sin certezas.
Muchos observadores y analistas de la política han dicho esto, pero, en
un sentido distinto del que trataré de presentar en esta contribución.
La semana pasada,
durante una conferencia de prensa realizada en un hotel del sur de
Ciudad de México, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC), José Luis Morán López, se refirió a dos temas centrales de
transición que vive el país. Por una parte, el gasto del gobierno
federal en ciencia, tecnología e innovación, que ha sufrido importantes
recortes en los dos años pasados luego de un periodo de crecimiento
acompañado por la promesa presidencial de alcanzar el uno por ciento del
producto interno bruto. También, el especialista en nanociencias tocó
el tema de la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
al plantear la necesidad de contar con un modelo capaz de trascender las
limitaciones propias de los periodos sexenales.
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