Petroleras extranjeras se adueñan del Golfo de México

     

Una plataforma de Pemex en el Golfo de México. 

Foto: Gustavo Miranda

Por Jenaro Villamil , 31 agosto, 2017

Con sus licitaciones energéticas, la administración de Peña Nieto está privatizando recursos naturales, rutas marítimas, litorales y puertos del Golfo de México, donde las trasnacionales petroleras más poderosas del mundo realizan actividades de exploración y explotación. En entrevista, la senadora perredista Dolores Padierna advierte que esta cesión de soberanía se agravará con las presiones del gobierno de Estados Unidos en la renegociación del TLCAN.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde finales de 2014 hasta 2018, la administración de Enrique Peña Nieto habrá concesionado la cuarta parte del Golfo de México (alrededor de 200 mil kilómetros cuadrados) a 31 empresas petroleras extranjeras mediante siete licitaciones, cuatro de ellas dedicadas específicamente a este territorio, y otras rondas nuevas que se realizarán en octubre de 2017 y enero del próximo año.

Así lo revela un estudio elaborado por la senadora Dolores Padierna, coordinadora del PRD en la cámara alta, en el cual destaca que la soberanía energética mexicana corre peligro porque “los contratos que el gobierno está entregando a empresas petroleras están privatizando no sólo los recursos naturales y las áreas marítimas cubiertas por esas concesiones, sino también lo hacen con el litoral, los puertos y las rutas marítimas por las actividades petroleras que ahí se desarrollan”.

La cesión de soberanía será peor con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que “el gobierno mexicano ha hecho suya la propuesta del gobierno de Estados Unidos” en esta materia, que incluye preservar y fortalecer las inversiones, la posibilidad de bursatilizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, “establecer reglas que reduzcan o eliminen obstáculos a la inversión de Estados Unidos”, “obtener compromisos que faciliten el acceso al mercado y promuevan una mayor compatibilidad entre las regulaciones” de los tres países integrantes del TLCAN.

A partir de los documentos que ha obtenido de la renegociación que se inició este mes, Padierna, integrante de la comisión del Senado que acudió a ­Washington, se pregunta: “¿La administración está dispuesta a dar a las empresas estadunidenses trato nacional pleno, así como a eliminar la exigencia de contenido nacional de las obras y adquisiciones del sector público?”.

Advierte en entrevista que Estados Unidos “exige disciplinar a las empresas públicas, en clara alusión a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, las empresas más visibles en América del Norte y prácticamente las únicas en la región. El gobierno mexicano responde diciendo que la prioridad es ‘consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado que le permitan cooperación comercial’. ¿Qué entiende la administración peñista por esto? ¿Pretende acaso impulsar un cambio constitucional?”.

Otro de los puntos que están en la mesa de negociación es el reclamo del gobierno de Donald Trump para que las empresas públicas puedan tener una participación accionaria (ownership interest, la definen en inglés), incluyendo situaciones en las que el control se ejerza a través de participación minoritaria.

“Esta exigencia no significa otra cosa que bursatilizar a las empresas productivas del Estado y eliminar la propiedad 100% pública, hoy garantizada por la Constitución. Desconocemos la postura de la actual administración”, sentencia Padierna, quien promoverá un punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y a los consejeros presidentes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía para que aclaren estos puntos.

“Es claro que este gobierno de Peña Nieto no tiene el mandato original de negociar un tratado de la importancia de éste y menos con asuntos tan sensibles para el futuro del país, como la soberanía energética”, comenta.

Golfo de México para extranjeros

El estudio de la senadora Padierna, La privatización del Golfo de México, menciona las cuatro licitaciones realizadas en esta zona, que suman un total de 23 bloques (25 mil 518 kilómetros cuadrados) entregados a 31 empresas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Rusia, China, Australia, Colombia y Argentina. Las dos únicas mexicanas son Pemex y Petrobal, del magnate minero Alberto Bailleres.

Además de estas licitaciones de la Ronda 1 y de la Ronda 2, se prevén otras entre octubre de 2017 y enero de 2018 que abarcarán 231 áreas repartidas en el Golfo de México, con una extensión total de 165 mil 218 kilómetros cuadrados, según el Programa Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

Por ejemplo, la Licitación R1.1 incluyó 14 áreas de explotación en aguas someras con un total de 4 mil 222 kilómetros cuadrados y dos se adjudicaron a las empresas Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil.

La Licitación R1.2 ofertó cinco áreas de extracción en aguas someras de 281 kilómetros cuadrados. Se adjudicaron tres áreas a ENI International, PanAmerican Energy LLC, E&P Hidrocarburos y Servicios, Fieldwood Energy LLC y Petrobal.

La Licitación R1.4 ofreció 10 áreas de exploración en aguas profundas con una superficie total de 23 mil 835 kilómetros cuadrados, superficie equivalente a la extensión de Tabasco. Ocho de las áreas ofertadas se entregaron a las compañías internacionales más grandes del mundo: China National Offshore Oil Corporation, Total, Exxon Mobil, Chevron, Inpex, Statoil, British Petroleum, PC Caligari, Sierra Offshore, Murphyn y Ophir.

El día que se realizó la licitación R1.4 se eligió al socio de Pemex para la explotación del gigantesco campo Trion, de 500 millones de barriles, con un área de mil 284 kilómetros cuadrados. La ganadora fue la ­empresa australiana BHP Billiton. Pemex será prácticamente un convidado de piedra, quedará en calidad de socio pasivo y minoritario, ya que la compañía trasnacional desarrollará el yacimiento.

La Licitación R2.1 ofertó 15 áreas de exploración en aguas someras del Golfo de México que abarcan 8 mil 908 kilómetros cuadrados. De éstas, 10 se contrataron con trasnacionales petroleras como DEA Deutsche, PC Carigali, Ecopetrol Global, ENI México, Repsol Exploración, Sierra Perote, Lukoil International Upstream Holding, Total E&P y Shell.

En octubre de este año y en enero de 2018, coincidente con el proceso de renegociación del TLCAN, el gobierno mexicano licitará otras áreas como Ayin Batsi, de mil 96 kilómetros cuadrados, que cuenta con cinco yacimientos. Se elegirá a un socio privado de Pemex.

En enero de 2018 se licitarán 30 bloques en aguas profundas, con una extensión de 70 mil 844 kilómetros cuadrados, equivalente al territorio de Veracruz, y sólo un bloque abarca 4 mil 400 kilómetros cuadrados.

“El mayor potencial petrolero del país se encuentra en el Golfo de México. Los recursos prospectivos convencionales en aguas profundas y en las cuencas del sureste –aguas someras y porción terrestre– alcanzan 42 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, cifra que representa 80% del total nacional”, se establece en el estudio.

Incluso, las exploraciones de dos empresas noruegas en la Península de Yucatán indican la existencia de una cuenca pre-sal similar o más grande a la del pre-sal brasileño. Por lo pronto, la Ronda 2.4 incluirá una zona de 400 kilómetros cuadrados frente a las costas de Yucatán, en aguas profundas, que no estaba originalmente contemplada en el Plan Quinquenal.

México y Estados Unidos comparten el Golfo de México, pero el estudio advierte que “las asimetrías tecnológicas, económicas y militares le permiten a la gran potencia imponer su ley… Alrededor de cada plataforma hay una zona de exclusión y la Armada vigila que nadie pase, con excepción de los operadores petroleros. La entrega del petróleo conlleva la militarización del Golfo de México”.

Empresas energéticas en el TLCAN

En la renegociación del TLCAN participan los integrantes del Consejo de Negocios de Energía de México-Estados Unidos, organismo creado a finales de 2015 que incluye a 10 miembros del sector privado de cada país y a los responsables de las secretarías de Economía y de Energía de México y Estados Unidos.

La primera reunión de ese consejo se realizó en diciembre de 2016 y la segunda en junio pasado. En esta última participaron por parte de Estados Unidos Julian Alzate, director de operaciones internacionales de Schweitzer Engineering Laboratories; Leslie Beyer, presidenta de Petroleum Equipment and Services Association Houston, Texas; Craig Breese, presidente de Honeywell México, así como representantes de Halliburton, Westinghouse Electric Company, IEnova, perteneciente a Sempra Energy, y General Electric Connections Fairfield.

Del lado mexicano participaron representantes de los organismos empresariales del sector, como la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Asociación Mexicana de Energía Solar, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, A.C., el Consejo Mexicano de Energía, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la Asociación Mexicana de Gas Natural, así como la Asociación Mexicana de Energía y cámaras como la Concamin y el Consejo Coordinador Empresarial.

Para Padierna estos grupos constituyen “el lobby más influyente que es escuchado por las autoridades mexicanas”.

En su última reunión acordaron, en materia de petróleo y gas, “la armonización de sistemas de respuesta de emergencia en el Golfo de México y la armonización de los marcos regulatorios en ­forma integral”.

En materia de electricidad determinaron asimismo “la armonización del marco regulatorio, las bases para la interconexión e intercambio de datos e ­información y las bases para el desarrollo de la eficiencia energética regional”.

Y en el rubro de capital humano convinieron “el desarrollo de programas transfronterizos de mano de obra calificada, el desarrollo de procedimientos simplificados para el acceso al programa de visas del TLCAN para profesionales especializados en materia energética y buscar la solución del requerimiento sin precedentes de mano de obra calificada técnica” en la industria energética.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ha minimizado los riesgos de una pérdida de soberanía en materia de hidrocarburos y petróleo frente a Estados Unidos, porque “la reforma está blindada en la Constitución” y se observarán los principios de “libre comercio energético entre ambos países”.

Sin embargo, en el punto de acuerdo para llamar a comparecer al titular de Energía en el Senado, Padierna destaca que “la gran similitud de las prioridades establecidas por los gobiernos de México y Estados Unidos despierta dudas e inquietudes que deben ser aclaradas de manera urgente, dado que la renegociación ya comenzó”.