La Jornada
Rodolfo Raúl González
Vázquez, quien se identifica como ex trabajador del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), afirmó ayer en conferencia
de prensa que el día 24 anterior presentó una denuncia penal ante la
Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex gobernador de
Puebla Rafael Moreno Valle por operar una oficina clandestina desde la
cual se realizaban escuchas ilegales a políticos del más alto nivel, a
los familiares de éstos, e incluso a periodistas. De acuerdo con el
denunciante, las intervenciones telefónicas no sólo tenían la finalidad
de obtener información sobre rivales políticos, sino que se usaron para
poner en manos de criminales a ciudadanos.
Entre los personajes que presuntamente fueron víctimas de espionaje mediante el software Galileo
se encuentran el presidente Enrique Peña Nieto, los secretarios de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Hacienda, José Antonio Meade;
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y Desarrollo Agrario,
Rosario Robles Berlanga, así como el presidente del PAN, Ricardo Anaya;
la ex primera dama, Margarita Zavala; el sucesor de Moreno Valle en el
gobierno poblano, Antonio Gali, y otras 34 personas.
La información divulgada ayer, que involucra también a otros
operadores cercanos al ex gobernador, es el segundo escándalo de
espionaje por entidades gubernamentales que estalla en México en los
meses recientes.
Cabe recordar que el pasado 19 de junio un reporte elaborado por
organizaciones de derechos humanos y defensa de la libertad de expresión
reveló que el gobierno federal adquirió de la empresa israelí NSO Group
el software conocido como Pegasus, mediante el cual
los teléfonos celulares son infectados para obtener acceso a llamadas,
correos electrónicos, citas de calendario e incluso activar la cámara y
el micrófono del dispositivo.
De comprobarse lo dicho por González Vázquez –quien afirmó
haber entregado a la PGR audios y pruebas de la existencia del sistema
de espionaje–, uno de los tres aspirantes a contender por la Presidencia
de la República por el PAN estaría involucrado en actividades
criminales de una gravedad que resulta imposible minimizar. Además de
sumarse al historial de denuncias contra Moreno Valle por abuso de
autoridad, uso desmedido de la fuerza pública, persecución política de
opositores e intimidaciones contra activistas, el caso actual constituye
un inquietante recordatorio de los peligros que entraña la difusión de
tecnologías que ponen al alcance de personajes sin escrúpulos la
posibilidad de invadir las comunicaciones de cualquier ciudadano,
incluso de aquellos que cuentan con la protección de las instancias de
inteligencia y seguridad nacionales.
Por la gravedad de las acusaciones y el perfil de las personas
presuntamente víctimas de la red de escuchas, resulta imperativo que en
lo inmediato las autoridades analicen los materiales que fueron puestos
en su poder y emprendan una investigación exhaustiva para conocer el
alcance de las escuchas y fincar las responsabilidades correspondientes.
Además, es inaplazable emprender las adecuaciones legales necesarias
para impedir la adquisición de programas informáticos como los referidos
sin los debidos
controles, pues de lo contrario será inevitable la repetición de estos actos delictivos.
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