(Proceso).- Sin importar la gravedad de las faltas, las consecuencias negativas de sus acciones y decisiones, la recurrencia de sus errores o actos ilícitos, la contundencia de las evidencias que los condenan, los integrantes del gabinete presidencial se aferran al puesto, reparten responsabilidades y se mantienen imperturbables. La última expresión de esto la escenificó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al comparecer el pasado martes en el Congreso de la Unión.
El dictamen técnico dado a conocer el pasado miércoles 9 por los peritos que lo realizaron y la misma secretaría, no deja lugar a dudas acerca de que la dependencia a su cargo tiene responsabilidades indirectas y directas en las decisiones y acciones que provocaron el socavón en el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco, que cobró la vida de dos personas.
En el mismo también hay elementos que inculpan a otras autoridades y, desde luego, a las constructoras, pero es imposible que la SCT pretenda desentenderse de la tragedia. Tanto el informe pericial como la misma secretaría han destacado una y otra vez la importancia de la autopista y, por lo tanto, la obra en cuestión debería haber sido planeada y ejecutada con el mayor esmero y con apego a los máximos estándares de calidad.
Entre las conclusiones relevantes del informe se mencionan las siguientes causas, que claramente involucrarían a la dependencia que desde el inicio del sexenio encabeza Ruiz Esparza: “No hay un sistema de drenaje apropiado para las aguas negras; las tuberías de descarga lo hacen directamente al río”, y aunque pretendan deslindarse y decir que dicho sistema no es responsabilidad directa del gobierno federal, debieron haberse percatado de ello en el proceso de planeación de la obra y su adecuación debió ser parte de la construcción integral.
También señala textual el informe: “No existe evidencia de que se haya verificado el estado físico de la alcantarilla” y, poco antes en el mismo documento: “Debe de comentarse en este punto que a nuestro juicio ante la importancia de una autopista de estas características se debió hacer un exhaustivo recorrido por la alcantarilla, dictaminar su estado y, ante la evidencia del deterioro de la misma, debieron cambiarla por una nueva con diámetro suficiente, una vez revisadas cuidadosamente las modificaciones de los gastos de diseño que se presentaron en la cuenca de drenaje al cambiar la misma de vocación rural a urbana”. Estiman que la alcantarilla se construyó hace unos 34 años. También debieron hacer la revisión.
Estos dos puntos impactan directamente en la planeación y, por lo tanto, diseño de la obra. Pero hay otros que tienen que ver directamente con lo que fue el desarrollo de la misma y que tuvieron que ser producto de decisiones o de falta de supervisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El dictamen señala que la dislocación en la tubería tuvo, entre otras posibles causas: “La falla de estabilidad del talud ocurrido en octubre de 2016, lo que pudo afectar al tubo, así como los esfuerzos inducidos por maquinaria pesada durante el proceso constructivo”.
Y otros dos elementos importantes que debieron ser detectados o autorizados por la SCT: la ausencia del embovedado del tubo como lo señalaba el proyecto, que de acuerdo al dictamen “hubiese sido un factor de protección de suma relevancia”. Y la “deficiente estructuración de los muros de contención, ya que debieron desplantarse en roca o diseñarse con elementos estructurales que permitieran alcanzar el terreno firme”. Al menos en estos aspectos es imposible eludir la responsabilidad de la secretaría que encabeza Ruiz Esparza.
No es cierto, como él señaló en su comparecencia ante los senadores, que “mi responsabilidad ya dije cuál es: simple y sencillamente deslindar responsabilidades… Estoy obligado a que se deslinden y finquen responsabilidades y que se vaya a las últimas consecuencias”.
Él directamente tomó decisiones que provocaron el incidente y debe sufrir las consecuencias. Incluso en el caso de que busque deslindarse porque él no ­participó directamente en la supervisión de la planeación, licitación y ejecución de la obra, sí lo hizo personal designado directamente por él y, al menos en algunos de los casos, que dependen directamente de él en el organigrama.
El politólogo Phillippe C. Schmitter indica que la rendición política de cuentas no es lo mismo que la rendición de cuentas en materias legal, financiera o ética. Y precisa: “Los gobernantes pueden ser investigados y ser sancionados por acciones que no violaron la ley o resultaron en un enriquecimiento ilícito o violaron costumbres comunes. Simplemente tomaron malas decisiones políticas que fracasaron en conseguir los resultados y/o impactos esperados o costaron mucho más de lo que se había anunciado originalmente. Y los gobernantes deben rendir cuentas tanto por omisiones como por acciones”.
Ruiz Esparza tomó malas decisiones (o al menos, que produjeron malos resultados) entre las que se pueden señalar directamente la designación de los funcionarios que propusieron, diseñaron y ejecutaron la obra; y una pésima presupuestación, pues aunque en este caso –dada la gravedad de lo acontecido– pasa a un segundo plano, el contrato fue de mil 45 millones y, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación costó 2 mil 300 millones de pesos, es decir, más del doble de lo presupuestado.
Pero además es conveniente señalar que es la misma secretaría que tuvo que cancelar el tren ligero México-Querétaro, que se ha visto implicada en la contratación de las llamadas constructoras del sexenio y que ahora pretende eludir su responsabilidad en el accidente que cobró dos vidas humanas, responsabilizando a autoridades locales y las constructoras.
Él, cómo en el pasado otros secretarios de Estado, son responsables directos y debe asumir las consecuencias de ello. Pero la constante en este sexenio, que ya llega a su quinto año, es la de culpar a otras instancias de gobierno (así fue en el caso Ayotzinapa), negar los hechos (­Tlatlaya, entre otros) o pretender crear una realidad alternativa (el mexican moment, al inicio del sexenio, como el mejor ejemplo). A pesar de la terca realidad, Peña y su equipo mantienen el mismo cinismo de principio a fin de sexenio.
Este análisis se publicó el 27 de agosto de 2107 en la edición 2130 de la revista Proceso.