Protesta en la casa del migrante “La 72” de Tenosique. Foto: La 72
En La 72, los responsables del acoso traen uniformes, ya sea de la
policía o del Instituto Nacional de Migración (INM), y en Querétaro los
agresores son empleados de compañías de seguridad privada, contratadas
por la compañía Ferromex, denunciaron hoy organizaciones defensoras de
derechos humanos.
En abril pasado, por ejemplo, el INM interpuso una denuncia por
tráfico de personas contra fray Bernardo Molina Esquiliano, uno de los
voluntarios del albergue, recordó la hermana Diana Muñoz Alba, abogada
de la 72.
En una ocasión, el religioso transportaba a un grupo de personas en
su camioneta hacia el albergue, cuando agentes de la Procuraduría
General de la República (PGR) y del INM le detuvieron. Le preguntaron si
las personas que viajaban con él eran indocumentadas, les contestó que
sí, probablemente, pero que él no había revisado sus documentos.
Los uniformados le dejaron ir y posteriormente llegó la denuncia al
albergue. Cuando Muñoz trató de obtener una copia del expediente, los
agentes de la PGR le mintieron, pues aseveraron que los documentos
estaban en la Ciudad de México, “pero sabemos que sigue en Tenosique”,
insistió la abogada.
Muñoz informó que el fraile recibió un apoyo del obispo de
Villahermosa, pero que las máximas autoridades católicas del país –la
Nunciatura y el Episcopado– mantuvieron silencio al respecto.
Los integrantes del albergue están acostumbrados a tener una relación
ríspida con las autoridades, principalmente las migratorias. “El INM
descalifica nuestro trabajo, dice a los migrantes que fabricamos
documentos falsos y que lucramos con ellos”, denunció Muñoz.
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Todos los
Derechos Humanos para Todas y Todos (Red TDT), que agrupa a 84
organizaciones mexicanas, recordó que la situación de los albergues es
particularmente grave, ya que ambas se encuentran supuestamente
protegidas por el Mecanismo, operado por la Secretaría de Gobernación
(Segob).
E insistió en que este Mecanismo ya demostró su ineficiencia, ya sea
porque no da seguimiento a los casos –algunos de los cuales ocurrieron
hace varios años– o porque no hace llamados a los gobiernos locales o al
INM para que cesen los hostigamientos.
En los primeros cuatro años de la administración de Enrique Peña
Nieto, la Red TDT registró 918 delitos perpetrados contra defensores de
derechos humanos, y Ríos estimó que la situación se agravó para los
activistas que operan a lo largo de la ruta migratoria desde que el
mandatario implementó el Programa Frontera Sur, en verano de 2014. “De
Sur a Norte, la ruta migratoria es un continuo de agresiones”, lamentó.
La académica Mariana Zaragoza, que integra el Programa de Asuntos
Migratorios de la Universidad Iberoamericana, insistió en la “gran
preocupación” de su casa de estudios ante el padrón de “criminalización y
amenazas” que sufren los albergues por parte de actores estatales y
privados.
A lo largo del año pasado, los integrantes de La 72 aportaron
documentos –entre ellos números de placas y vouchers de cobros–, a las
autoridades para desmantelar las redes criminales que realizaban
secuestros masivos y asaltos contra migrantes en la región.
Según Muñoz, las autoridades hicieron caso omiso a las evidencias, y
el pasado 6 de octubre, apenas tres días después que el albergue publicó
un comunicado para denunciar el repunte de secuestros masivos en la
zona, un individuo llamó al refugio y amenazó a sus integrantes.
Desde hace 17 años, la estancia de migrantes González y Martínez,
ubicado en el municipio de Tequisquiapan, en Querétaro, aporta ayuda
humanitaria a los migrantes que cruzan México encima de los vagones del
tren de mercancías, recordó Martín Martínez Ríos, el fundador de la
estancia.
Sin embargo, desde hace tres años, la compañía ferrocarrilera
Ferromex contrató a empresas de seguridad privada para vigilar las vías
del tren. En un primer tiempo fueron los polémicos Cuerpos Auxiliares
del Estado de México (Cusaem), una entidad pública “rentada” por el
gobierno mexiquense a empresas e instituciones públicas.
La empresa que opera ahora es Multisistemas de Seguridad Industrial,
la cual continuó con las malas prácticas de sus antecesoras: Los
voluntarios del albergue ya vivieron varias situaciones dramáticas, en
las que agentes de seguridad privada les dispararon. Estos agentes “no
saben de derechos humanos ni portar un arma”, aseveró Martínez.
Es más: el activista sostiene que los agentes despojan a los
migrantes de sus mochilas y zapatos, las primeras vacías y los segundos
inservibles.
Recientemente, la empresa instaló cámaras de vigilancia dirigidas
hacia el local que el albergue abrió en las inmediaciones de las vías.
“El gobierno va a fabricar algo contra nosotros”, sospecha Martínez.
Otro detalle llama la atención de Martínez: militares, gendarmes y
empleados de las empresas de seguridad suelen postrarse con todo y armas
largas cerca del local, con el argumento de que protegen al tren. Sin
embargo, el activista asegura que “nunca hubo robo al tren en este
tramo”.
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