Informe de ACUDDEH y el Comité Cerezo
De junio de 2016 a mayo de 2017, aumentaron las agresiones a defensoras
de Derechos Humanos en el país, esto pese a que el gobierno mexicano
está suscrito a instrumentos internacionales, como la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW por sus siglas en inglés), que lo obligan a garantizar el
bienestar de las mujeres.
Esta semana la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos
Humanos (ACUDDEH), el Comité Cerezo México e integrantes de la Campaña
Nacional Contra la Desaparición Forzada presentaron su informe “Defender
los Derechos Humanos en México: La ejecución extrajudicial como
respuesta del Estado”.
En él informaron de 29 casos donde defensoras fueron víctimas de actos
violatorios de sus Derechos Humanos, fueron menos que el año pasado
(44), pero incrementaron agresiones como las detenciones arbitrarias en
su contra.
En el informe hecho con datos de organizaciones de diferentes entidades
del país encargadas de documentar y acompañar casos de agresiones a
personas defensoras de Derechos Humanos donde el responsable fue el
Estado mexicano por comisión, omisión o consentimiento, se indica que en
47 por ciento de los casos no fue posible registrar el sexo de las
personas agredidas, pero con las cifras que se tiene se sabe que las
mujeres representaron 21 por ciento de las agresiones totales
documentadas.
Los actos violatorios más frecuentes hacia las personas defensoras
fueron las agresiones, hostigamiento y discriminación traducidas
principalmente en el desalojo, disparos con arma de fuego y golpes.
En el periodo del informe se registraron 579 actos violatorios de los
Derechos Humanos (entre los que se encuentran golpes y detenciones
arbitrarias), pero en general desde 2011 a lo que va de 2017 se
incrementaron 493 por ciento.
DETENCIONES ARBITRARIAS
En el último año también aumentó el número de mujeres privadas de su
libertad arbitrariamente, pasaron de 35 -que representaron ocho por
ciento del total de personas detenidas-, a 199 mujeres, es decir 25 por
ciento del total.
Para las organizaciones a cargo del registro, el aumento en los casos de
privación de la libertad se debe, principalmente, “a la participación
generalizada de la población en las protestas del ‘gasolinazo’ y a las
detenciones arbitrarias masivas dirigidas contra miembros de las
normales rurales femeniles”.
Las entidades donde se registraron más casos de mujeres privadas de su
libertad fueron Chiapas –con más de 92- seguido por Michoacán con más
de 50, así como la Ciudad de México, Baja California y Oaxaca.
Otras agresiones contra los derechos de las defensoras que aumentaron
fueron las ejecuciones extrajudiciales. En el periodo del informe se
registraron tres de defensoras en Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua,
estos representaron cinco por ciento del total.
El número aumentó en comparación con los dos informes anteriores en los que hubo dos ejecuciones arbitrarias por año.
ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO
Las organizaciones destacaron que el miedo es un mecanismo de control
social que el Estado mexicano usa para “lograr la parálisis social” y
así evitar que las personas defensoras sigan ejerciendo.
Por ello, destacó que las personas defensoras víctimas de agresiones en
algunos casos requieren acompañamiento psicosocial y ser valoradas
psiquiátricamente para “generar mecanismos de afrontamiento positivos
que refuercen sus convicciones”.
El registro de las defensoras que recibieron acompañamiento psicológico
tras ser violentadas por su labor evidencia que fueron en su mayoría
mujeres de entre 20 y 29 años -34 por ciento-; siguieron las del grupo
de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, ambas representaron
respectivamente 24 por ciento de los casos, mientras que el grupo de
menor porcentaje fueron las defensoras de 50 a 59 años con 20 por ciento
de las atenciones.
En 88 por ciento de los casos cuando las mujeres fueron violentadas
defendían Derechos Humanos agrupadas en organizaciones o colectivos.
Esto concuerda con la conclusión que consta en el informe donde se
expone que en el último año la “estrategia de represión política” del
estado mexicano ha consistido en aumentar los actos que afectan a
comunidades y organizaciones.
Tan solo en este periodo el número de organizaciones agredidas pasó de
48 -de junio de 2015 a mayo de 2016- a 66 y aumentó el número de
comunidades afectadas en comparación con el año anterior, pasaron de 15 a
141.
ACUDDEH y el Comité Cerezo concluyeron que “la represión política se ha
vuelto más masiva” y en este año respondió principalmente a las acciones
de comunidades inconformes con distintas políticas de Estado como la
reforma educativa y la reforma energética, afirmaron las organizaciones.
CIMACFoto:Yunuhen Rangel Medina Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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