Editorial La Jornada
La Administración para el
Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)
encabezó ayer un operativo nacional que llevó al arresto de más de 200
integrantes del cártel Jalisco Nueva generación ( CJNG) .
En conferencia de prensa, el director interino de dicha oficina y el
fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, al cual se
encuentra adscrita la DEA, anunciaron que este despliegue fue el punto
culminante de una operación denominada Proyecto Pitón, mediante la cual en los últimos seis meses se ha golpeado al CJNG
en territorio estadunidense con el arresto de más de 700 de sus
integrantes, y el decomiso de 20 toneladas de drogas y 22 millones de
dólares.
Además de la magnitud de la operación, lo primero que destaca en esta
serie de acciones es el cambio en la narrativa oficial sostenida por
décadas por autoridades estadunidenses, la cual consistía en la negación
sistemática (y absurda) de la existencia de cárteles dedicados al tráfico de estupefacientes en el país con el mayor consumo mundial de drogas.
Según este relato, una vez que éstas ingresaban a Estados Unidos, su distribución quedaba a cargo de narcomenudistas
que actuaban por cuenta propia; versión enterrada ahora, tras el
despliegue simultáneo en decenas de ciudades y el arresto de personajes a
quienes se acusa de ser importantes cabecillas criminales; es decir,
esa hipótesis queda definitivamente desacreditada.
Visto desde México, este cambio de orientación podría contribuir al
debilitamiento económico y operativo de las estructuras criminales,
siempre y cuando se trate de algo más que un alarde electorero y una
política de un solo golpe urdida por el presidente Donald Trump de cara a
los comicios de noviembre próximo.
Sin importar su desenlace, el Proyecto Pitón deja al
descubierto que la nación que se ha arrogado a lo largo de medio siglo
la facultad de calificar al resto del orbe por su desempeño en el
combate a la producción y el tráfico de enervantes se encuentra a su vez
inundada de narcotráfico y, lo más grave, que mientras imponía o
buscaba decretar todo tipo de directrices a naciones soberanas, hacía
caso omiso de la situación propia. Asimismo, obliga a revisar las
motivaciones de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe
Calderón y a redimensionar la futilidad del sacrificio de cientos de
miles de vidas que causó la desastrosa estrategia de seguridad del
sexenio antepasado.
Por otra parte, es necesario señalar que las autoridades del país
vecino del norte parecen repetir el error cometido en casos como el
mexicano o el colombiano, pues resulta previsible que al centrar todos
sus esfuerzos en golpear a una sola organización criminal (en este caso,
el CJNG) darán paso al fortalecimiento de otros grupos que, para colmo, podrían ser incluso más violentos que el actualmente dominante.
Cabe advertir un aspecto preocupante de la estrategia estadunidense:
la recompensa de hasta 10 millones de dólares, ofrecida por el
Departamento de Justicia, a quien lleve a la captura de Nemesio El Mencho Oseguera, identificado como líder máximo del CJNG.
La cuantía de la gratificación plantea al gobierno de México el
desafío de impedir las acciones de quienes ejercen como
cazarrecompensas, actividad en todo punto ilegal que amenaza a la
soberanía y supone un elevado riesgo de atropellos a los derechos
humanos.
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