Por
Fuentes: TribunaFeminista
Manifiesto que se leerá este 8M en Madrid
El 8M de 1857, centenares de trabajadoras marcharon por las calles de
Nueva York. Años más tarde, la ciudad fue de nuevo testigo de las
huelgas de las mujeres de las fábricas, saldadas con la represión y el
fuego. El mes de marzo está marcado en el calendario por nuestra sangre y
nuestra lucha centenaria. 163 años después, nos convocamos una vez más
reclamando justicia.
Hoy, 8 de marzo de 2020, Día de las Mujeres, el Movimiento Feminista de Madrid MANIFIESTA:
Exigimos el fin de la violencia contra nuestro sexo, porque no hay paz para las mujeres. No
la hay con un comienzo de año negro, con 19 mujeres y una niña
asesinadas en este país por el terrorismo machista. Si oficialmente se
cuentan 1.046 asesinadas por violencia de género desde 2003, se esconde
gran parte de la verdad: los feminicidios son casi el doble. Las cifras
de víctimas repuntan desde 2017. Toda la dimensión del terror de estos
crímenes ha de ser tenida en cuenta.
Millones de mujeres en el mundo impulsan una ola de indignación
contra la violencia, entre la resistencia y la furia de nuestras
hermanas en América Latina. No es solo cuestión de Estado: es un grito global.
Desde 2013, el terror machista ha acabado en España con la vida de 35
niños y niñas y ha dejado en horfandad a otros 286. Demandamos que el reconocimiento a las familias de las víctimas se
equipare al de otros terrorismos. No hay paz para nosotras cuando a la
vez que honramos a las víctimas, se instala el negacionismo
reaccionario: la extrema derecha ha declarado la guerra a las mujeres.
Esta es una lucha que apela a la conciencia de toda la sociedad. Exigimos acompañamiento y protección a las mujeres, formación
de los agentes implicados, creación de juzgados especializados y
unidades de valoración forense integral. La dispensa de la obligación de
declarar contra su agresor es contraria a la lucha contra la violencia
de género y deviene, en muchos casos, en impunidad. Más allá de los
minutos de silencio, ¡basta ya de justicia patriarcal!
No haber sido capaz de proteger a las más de 200 mujeres que hoy
estarían vivas tras dar la voz de alarma ante la justicia, es el mayor
fracaso de nuestra democracia.
Una gran mayoría de las asesinadas no llegó a denunciar nunca: no es
fácil dar ese paso. Es también una alerta de la desconfianza de las
mujeres en un sistema que cuestiona su credibilidad. Si queremos salvar
vidas, es urgente impulsar ya el título habilitante sin denuncia previa.
Deben ponerse en marcha las medidas acordadas, porque es posible ayudar
a muchas desde el cribado sanitario y los ayuntamientos. Exigimos
transparencia para conocer el destino de los fondos de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que lleva ya dos años firmado.
La custodia compartida impuesta, la nueva coordinación de
parentalidad o el falso síndrome de alienación parental son estrategias
de coacción y castigo a las mujeres que promueven sectores
reaccionarios. El feminismo no va a consentir la expansión de sus
mentiras.
Todas las violencias machistas son expresiones de una misma ideología de odio. El
aumento de las denuncias por violación en un 49 % en el último trienio
obliga a dar respuestas. En las 177 agresiones sexuales múltiples
registradas desde 2016, se han identificado, al menos, 141 menores entre
los agresores. Casi un 40 % de las víctimas era menor de edad. Hasta la
Fiscalía General de Estado califica como “muy inquietante” el
incremento de la violencia sexual entre los jóvenes. Sin el impulso
feminista, no se habrían llevado al legislativo las reformas en marcha
sobre libertades sexuales. Demandamos que la nueva ley elimine el
requisito de la denuncia previa cuando hay evidencias de violencia
sexual. Reclamamos los argumentos de la propuesta que rebaja las penas
por agresión sexual. Hay que acabar con la cultura de la violación y con las manadas.
La prostitución debe ser reconocida como violencia machista. Es
en sí misma un atentado contra la libertad y la integridad personal,
toda vez que implica el sometimiento sexual de quien necesita dinero. La
prostitución reafirma y perpetúa la desigualdad entre los sexos, pues
tiene su raíz en el núcleo duro del patriarcado: la subordinación de la
mujer al varón. Porque lo contrario de la abolición es la barbarie, el feminismo es abolicionista.
La industria sexual es hoy una multinacional del crimen. La
captación se alimenta de la violencia, la marginación, el abuso
infantil o la necesidad, mientras la demanda sigue esquivando el foco:
las redes proxenetas mueven cohortes de mujeres y niñas desde países más
pobres, para satisfacer a los varones de países más ricos. En la última
década se registraron 51 asesinatos de mujeres en prostitución. La
verdadera revuelta puteril la traen las voces de las supervivientes, que
hablan de “campos de concentración”. Las especialistas alertan de
secuelas muy graves. La vulnerabilidad de las jóvenes encuentra uno de
sus exponentes en las menores tuteladas por el Estado, para las que
exigimos el máximo nivel de protección.
El modelo nórdico reduce los daños, mientras la regularización en
Alemania es un tremendo fracaso. Nuestro país, tercer destino mundial de
turismo sexual, necesita una ley abolicionista de la prostitución. Una
ley que no penalice a las mujeres, sino que les brinde alternativas
económicas, formativas, de empleo, habitacionales o de cualquier índole.
Que persiga al proxeneta y al tratante. Una ley que sancione la demanda
de pago por violar, elevando hasta la línea de los derechos humanos lo
que esta sociedad considera aceptable.
Denunciamos el cabildeo que ha llegado hasta la Universidad para hacer propaganda de la prostitución como una salida laboral para las estudiantes. Cuando un Estado legaliza la prostitución, se hace cómplice por sus tributos. Debemos dar nuestro ejemplo para avanzar hacia la abolición internacional.
Si la prostitución es violencia machista, el porno es su pedagogía. El
capitalismo salvaje ha dejado el acceso libre de los más jóvenes a una
pornografía que escala por la extrema violencia sexual. En sus grandes
plataformas en internet se suben millones de videos por año: uno de los
términos más buscados es “adolescente”.
Es hora de cerrar sitios web y responsabilizar a sus ejecutivos, de dejar de mirar para otro lado ante la pedofilia. Se necesita una apuesta por la coeducación, con una educación sexual para la igualdad, que no sea solo un complemento en el currículo escolar. La verdadera “teoría del porno” es la misoginia.
La explotación sexual y la reproductiva comparten una profunda deshumanización. El
alquiler de mujeres embarazadas para la compra venta de seres humanos
es un atentado a la igualdad y a los derechos de filiación de madres e
hijos. Nuestro ordenamiento debe tipificar explícitamente como delito
esta práctica y considerar ilícita cualquier promoción de ella. Nuestras
garantías deben incluir los “vientres de importación”, que sortean la
ley, y derogar la Instrucción de 2010, sobre el régimen registral de la filiación, que nos instala en la ambigüedad legal.
Es inadmisible que desde los medios de comunicación se
dé un tratamiento sesgado que normaliza la cosificación del alquiler de
mujeres y la compra de bebés. Desde los medios se difunden también la
hipersexualización de las niñas y la mercantilización sexual; en casos
extremos, se rentabiliza el morbo amarillista sobre las víctimas. Si los
medios de comunicación son una pieza clave para combatir el machismo,
igualmente lo son para perpetuarlo. Su responsabilidad es ser garantes del derecho a la información, desde el principio de igualdad.
Las feministas venimos de lejos, y han sido muchas las luchas por el derecho al aborto. Exigimos un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin el acoso de la ultraderecha religiosa, revertir
la contrarreforma que afecta a las jóvenes de 16 y 17 años más
vulnerables, anticonceptivos de última generación gratuitos, y la
garantía de las prestaciones en la sanidad pública.
En verdad somos disidentes: lo somos contra los límites de una
feminidad impuesta. Si no hay cerebros rosas ni azules, no hay juegos de
niños o cosas de niñas. Nosotras somos abolicionistas del género. Es
un pilar del feminismo acabar con esta construcción política que nos
subordina como clase sexual. Millones de niñas en el mundo saben que ser
mujer no es un sentimiento cuando mutilan sus genitales o se les impone
sumisión bajo el velo patriarcal. No podemos diluirnos como sujeto
político del feminismo ni permitir la implantación normativa de una
neolengua que nos hace invisibles, que redacta “progenitor gestante” por
“madre” en textos legales. El sexo es una realidad políticamente significativa y si no frenamos este borrado, la igualdad quedará entrampada en la diversidad.
Nosotras no estamos en conflicto con la libre expresión de la
personalidad. Tampoco con la protección legítima de cualquier colectivo.
Afirmamos que promulgar leyes de autoidentidad sexual, fusionada
con el género, no sujeta a nada verificable salvo la voluntad de cada
momento, es problemático para las mujeres. Tratar de imponernos silencio
por ello es antidemocrático.
Legislar sin prever todas las derivadas podría dificultar las
políticas para la paridad o contra la violencia sexual, desvirtuar
espacios en los que la seguridad y la privacidad son importantes,
especialmente para las más vulnerables. Perjudicaría, asimismo, la
posibilidad de competiciones deportivas justas para mujeres y niñas.
Alcanzar la independencia económica que permita a
todas una vida digna es imprescindible. La realidad sigue siendo que las
mujeres estamos discriminadas en el ámbito laboral. La brecha salarial
está en el 21,9% en el cómputo estatal, en la Comunidad de Madrid llega
al 25,9%.
Las mujeres ganan al año casi 6.000 euros menos que los hombres. Tenemos la mayor parte de los contratos a tiempo parcial y una tasa de paro al menos tres puntos más alta que los varones. Somos el máximo exponente de la precariedad en nuestro país, porque
el patriarcado y el capitalismo se aseguran de mantenernos con las
peores condiciones laborales y con la carga casi en exclusiva de los
cuidados y las tareas del hogar. Exigimos una ley de igualdad salarial,
como herramienta para la negociación colectiva, mecanismos para que el
empresariado cumpla la legislación vigente en esta materia, y que las
administraciones autonómicas y locales implementen medidas de igualdad
laboral.
Necesitamos políticas eficaces sobre corresponsabilidad y gestión pública, cuando
los cuidados no pagados en España supondrían un 15 % del Producto
Interior Bruto. Por si fuera poco, al concluir nuestra vida laboral, la
brecha en las pensiones es incluso más profunda, de media un 35 %
inferiores a las de los hombres. El reconocimiento como gananciales de
las cotizaciones a la Seguridad Social reduciría la injusticia de la
carga adicional de trabajo que realizan las mujeres para sus familias.
El espejo de la pobreza en este país devuelve el rostro de una mujer. La mitad de las familias monomarentales se
sitúa en ella, debido a la falta de legislación y protección por parte
de los gobiernos. Si existe un colectivo precario en el empleo es el de
las empleadas domésticas, para las que el Estado debe ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. En su visita a España, el relator especial de Naciones Unidas las ha escuchado a ellas, a las mujeres gitanas en el umbral de la marginación o a las temporeras del campo, y ha dado un serio aviso sobre un sistema de protección roto.
El reconocimiento del talento de las mujeres también es hacer justicia. Vindicamos
el valor de nuestra aportación al acervo común en la creación y el
conocimiento. Es una gran misión de rescate colocar a las viejas
maestras en las páginas de historia, abrir los cánones de la academia y
verlas como referentes. Es preciso hacer cumplir la ley de igualdad, con la presencia equitativa de ambos sexos en los mandos públicos y privados.
Cada 8 de marzo y cada día del año, la vindicación de las mujeres se
oirá en esta ciudad y en todo el mundo. El abolicionismo no es solo el
camino por la consecución de una ley, al igual que el sufragismo no fue
solo la lucha por la conquista del voto. Aquel fue un genuino movimiento
de liberación encabezado por una vanguardia no siempre comprendida, y
eso mismo ocurre, más de cien años después, con el movimiento abolicionista, que se rearma cada día.
Nosotras hoy debemos ser dignas herederas de esas voces, porque nosotras, las abolicionistas, somos las nuevas sufragistas.
Por eso nos hemos convocado aquí, junto al recuerdo de la republicana Clara Campoamor. Ella
era una de aquellas sufragistas y abolicionistas. El diario de sesiones
del Congreso guarda cómo la misma diputada que había ganado el voto
para las mujeres, hablaba de la quiebra ética para el Estado y de la
crueldad de no proteger a aquellas jóvenes cuyos cuerpos eran tratados
como una mercancía.
Nosotras no olvidamos. El eco de esas feministas republicanas está aquí porque aún somos la resistencia y alzamos nuestra voz para que viva la lucha de las mujeres.
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