Con la desaparición de Sedesol perdieron asistencia en salud
Patrones incumplen la seguridad social: activista Isabel Nemecio
Teresa es una indígena tlapaneca de la Montaña de
Guerrero. Es madre soltera de tres menores. Carecen de atención médica,
viven en una casa de cartón prestada. En la región no hay trabajo ni
alimentos. Es jornalera agrícola. Piensa irse a trabajar en junio a
alguna cosecha de chile, tomate o tomatillo en Chihuahua, Sinaloa, Nuevo
León o Zacatecas, pero no tiene dinero para el viaje.
Aunque tendrá que endeudarse, manifiesta que no tiene otra opción
para vivir. El periplo no será fácil: en su gremio hay más insultos,
maltratos y trabajo, relata. El trayecto a algunos de los campos de
cultivo se puede llevar una semana. Durante el viaje sufren de hambre,
sed y cansancio. Cuando llegan al campo agrícola se les manda a vivir a
ranchos donde sólo hay casas abandonadas y deben pagar renta.
Menciona que su peor experiencia fue cuando en un campo atropellaron y
causaron la muerte a su madre. Ni el patrón ni los contratistas la
apoyaron para buscar al responsable ni con el funeral ni en el traslado
del cuerpo a Guerrero.
En ese tiempo no sabía qué hacer. Quedarme con mi mamá muerta, sola, con mi hermana y sobrinos. Una organización la apoyó.
La situación no mejora.
Ahora es más difícil, ya no está Sedesol. En los hospitales no nos quieren atender, antes daban medicamentos sencillos para los niños, gotas o suero para los menores con diarrea, pero ahora ya no dan nada, porque el seguro (popular) ya no vale. No obstante, confía en que los escasos ingresos que obtendrá este año le permitan sobrevivir.
Con salarios de entre 40 y 200 pesos al día, se estima que hay en el
país 300 mil jornaleras agrícolas que, además, deben pagar guarderías,
no tienen posibilidades de contar con una pensión porque no las
inscriben al Seguro Social, y su ingreso sólo les permite cubrir el
mínimo de las necesidades familiares del día a día, considera Isabel
Nemecio, de La Red Nacional de Jornaleros Agrícolas.
Indica que enfrentan situaciones de acoso o abuso sexual que
difícilmente denuncian por la debilidad que prevalece en los mecanismos
de justicia para ellas, sobre todo si son migrantes indígenas y no saben
leer ni escribir. El trabajo agrícola fomenta la desigualdad y la
exclusión de género, que se exacerba por las condiciones de marginación y
extrema pobreza de lugares de origen como en los campos agrícolas.
Estima que en el país hay casi 3 millones de jornaleros y jornaleras,
mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 señala que
entre 2005 y 2018 se han agregado a las filas de los asalariados del
campo casi 900 mil personas.
Las condiciones de las jornaleras atraviesan bajo un modelo de
explotación y desigualdad laboral que se agrava actualmente con la
desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas –que
operaba la extinta Sedesol– que si bien requería de ajustes
estructurales en sus reglas de operación, permitía que mediáticamente se
les visibilizara, señaló.
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
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