Las mujeres integrantes del gabinete informaron sobre acciones para mujeres. Foto: Sonia Gerth/Cimac
De cara a las protestas del 8 de marzo, y el paro de mujeres el 9 de marzo, las mujeres integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador dieron a conocer las acciones que cada secretaría ha emprendido para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Aparte de las presentaciones de sus planes a largo plazo, el tema predominante era la comprensión del gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador, del reclamo de las feministas en el país.
“Las mujeres están enojadas por las violencias que sufren, en su familia, en su centro de trabajo, en su ámbito laboral y privado, la violencia política, la violencia económica, la violencia intrafamiliar. ¡No están enojadas con el gobierno! ¡Están enojadas con la violencia que están viviendo!”, exclamó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al ser preguntado por las protestas.
Las secretarias recalcaron que el hecho de que todas ellas estarían en funciones tan altas, en un “gabinete igualitario”, sería muestra del compromiso del presidente. La conferencia de prensa, reconocería el llamado a acciones por parte de mujeres y organizaciones del país. Aunque es de observarse que los avances en materia de igualdad, no se presentaron en la mañanera junto con el presidente, sino en una conferencia aparte en la Secretaría de Gobernación.
La desconstrucción de las violencias, advirtió Sánchez Cordero, “no es solamente un tema del gobierno, es un tema de la sociedad”, y la lucha del presidente sería en contra de las violencias, continuó. Las protestas de las mujeres serían legítimas, oportunas y necesarias “para avanzar en nuestros derechos y libertades”, y sus efectos serían positivos. “Desde el Gobierno estamos escuchando sus demandas y poniendo atención a sus reclamos”, afirmó.
Al mismo tiempo, aseguró que estarían “atentas a que los policías respeten el derecho de la manifestación, y salvaguarden a quienes en ellas participen”, eso también a la luz de amenazas en redes sociales en días recientes, de personas que amenazaron con echar ácido a las manifestantes.
En términos generales, la Secretaria manifestó que la impunidad sería un problema clave en el debate a la violencia feminicida, “entonces hay un largo camino por recorrer, para que las fiscalías sirvan y que hagan sus deberes mínimos”, y para que exista una perspectiva de género en las investigaciones, las fiscalías y en los juzgados.
Sin embargo, serían los congresos locales los que tienen que responder al problema de fiscalías que no hacen su trabajo. Desde el nivel federal, “podemos hacer observaciones y llevarlas al congreso local, pero más allá de esto, no podríamos hacer mucho”, opinó.
Inversiones en mejoras laborales y acceso a justicia
La Comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, refirió que uno de los enfoques de su agencia serían los Centros de Justicia para las mujeres. En 2019, se instalaron tres nuevos centros en Tapachula, San Luis Potosí, y Fresnillo, además de mejoras en otras instalaciones. En total, la inversión para centros de justicia fue de 79 millones 444 mil 302.87 pesos.
En los municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG), se invirtieron 100 millones 591 mil 382 pesos, y el tercer eje eran inversiones en la capacitación de juezas y jueces, policías, y personas empleadas del sistema judicial en perspectiva de género.
Ochoa Ávalos adelantó que el proyecto más importante para 2020 sería crear una plataforma digital, para dar seguimiento a las AVG en los municipios. La secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde Luján, recalcó que el aumento del salario mínimo habría ayudado a cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres, y que el proyecto de la reforma laboral prevé una obligación para los sindicatos, de incluir más mujeres en sus directivas.
Alabó la incorporación de las mujeres trabajadoras del hogar en el seguro social, y el protocolo de atención a la violencia laboral, que serviría a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, y a las empresas de dar segumiento a estos casos. En ese sentido, la secretaria de la función pública, Eréndira Sandoval Ballesteros, recalcó que existe un nuevo protocolo para la prevención y atención al hostigamiento y el acoso sexual, “para que haya una investigación más efectiva y pronta dentro de nuestros órganos de función pública.”
Sin embargo, la secretaria no respondió a la pregunta de cuántos funcionarios públicos han sido sancionados. Y preguntadas por Cimacnoticias por la ejecución efectiva de sus planes, ninguna funcionaria pudo decir cuándo se publicarán, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Plan Emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las Mujeres y las niñas en México, y el Acuerdo Nacional entre Mujeres y Hombres.
Asimismo, la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, admitió que el plan Pro Igualdad aún está siendo revisado por la Secretaría de Haciendo, “y esperamos que se da en los próximos días”. Sin embargo, éste debía publicarse desde noviembre pasado, de acuerdo con lo que la Secretaría de Gobernación se comprometió con organizaciones de la sociedad civil.
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