CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México
aprobó la creación del Registro Público de Agresores Sexuales,
propuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, en diciembre del año pasado, como parte de una
estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres.
Con este registro, las
personas sentenciadas por feminicidio, trata de personas, violación o turismo sexual
estarán inscriticas en esta base de datos, que será pública y abierta, por un
periodo de 10 años a 30 años, dependiendo de la gravedad del delito. Allí estará su fotografía, nombre, edad, alias y
nacionalidad
Este martes 10 de marzo,
diputadas y diputados aprobaron las reformas al Código Penal, la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, para crear este registro.
La diputada del Partido del Trabajo, Jannete Guerrero Maya, aseguró
que con esta propuesta las niñas, los niños, adolescentes podrán “ubicar
a quienes han sido sentenciados por violación, por turismo sexual,
trata de personas” y abonará a inhibir conductas delictivas.
Enseguida, la legisladora Paula Soto Maldonado (MORENA) resaltó que
el Registro era necesario y urgente. “Crearlo representa una herramienta
de protección pública, las víctimas podrán identificar a los
delincuentes. Con el Registro será posible ver los datos de violencia
contra las mujeres. Hemos dado un paso, pero no hemos llegado a la
meta”.
En tanto, la diputada Martha Ávila Ventura, coordinadora del grupo
parlamentario de MORENA, aseguró que con las reformas y adiciones al
Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se
permitirá facilitar los mecanismos de investigación en delitos de
carácter sexual.
“Con las reformas, la Ciudad de México contará con un Registro de
Agresores Sexuales como mecanismo de prevención y protección de las
mujeres. Se contempla incorporar los nombres de quienes tienen
sentencias firmes de carácter sexual, al mismo tiempo se garantiza la
presunción de inocencia “, dijo.
El diputado Emmanuel Vargas Bernal, presidente de la Comisión de
Atención Especial a Víctimas, consideró que las reformas y adiciones a
diversos ordenamientos de la ciudad representan un gran avance en favor
de las víctimas, en casos de abusos sexuales. “Se ha avanzado en un tema
que no fue atendido por las administraciones pasadas”.
“Ahora se tienen reformas importantes. Continuamos con el trabajo
legislativo en pro de las víctimas. Avanzamos en una mejor sociedad,
protegiendo a las niñas, niños, adolescentes y mujeres”, añadió.
Por el grupo parlamentario del PRD, el diputado Jorge Gaviño Ambriz
aseguró que el dictamen en discusión tenía errores. Incluso, dijo, “esto
es un intento de propagada política para dar el mensaje a los medios
–de comunicación- en el sentido de que el gobierno atiende los delitos
de feminicidio”. Ofreció algunas cifras: Las violaciones en el año 2017
alcanzaron una cifra de 305; en el año 2018 se reportaron mil 397; en el
año 2019 fueron mil 453; en feminicidios el comportamiento fue de 37
(año 2017), 43 (año 2018) y 71 (año 2019).
“No estamos aprobando un sistema para atender el problema. Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Irlanda, Argentina, Australia,
Sudáfrica, Nueva Zelanda tienen un sistema y aquí estamos haciendo
parches al Código penal particularmente, por eso digo que hay un desaseo
en la reforma”, indicó.
Después, el diputado Miguel Ángel Salazar, del PRI, enfatizó que el
Registro es un gran paso, “aunque deseo que se mejore y rectifique
realizando un sistema”.
Observó algunos riesgos con las reformas a ordenamientos locales: “El
Registro público será de uso irracional, es inconstitucional; también
la penalidad es una gran aberración. Los principios de legalidad
establecen que no podemos ser sancionados dos veces por el mismo hecho,
incurrimos en violación al principio general del derecho”.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS
PRESENTAN RESERVAS AL DICTAMEN
En el desarrollo de la discusión del dictamen, diputadas y diputados
presentaron sus reservas al proyecto de decreto. La diputada Leonor
Gómez Otegui, del PT, presentó sus reservas, a través de las cuales
pidió que el documento se redactara con un lenguaje incluyente. Su
propuesta fue aprobada.
Después, la legisladora Donají Olivera, de MORENA, presentó sus
reservas, una de ellas es para establecer la obligatoriedad para la
Secretaría de Gobierno a publicar en su portal electrónico el Registro;
otra fue para que la misma Secretaría tenga como máximo 90 días
naturales para crear el Registro, mismas que fueron aprobadas por el
pleno.
También el legislador Eduardo Santillán Pérez, presidente de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presentó su
reserva para cambiar el encabezado del dictamen, propuesta que fue
aprobada.
La congresista Valentina Batres Guadarrama, de MORENA, también
presentó reserva; a través de ella pidió modificar –en el Código Penal-
el término de condenado por el de medida de seguridad. Propuesta que
también fue aprobada.
Después de desahogar las reservas, el dictamen se aprobó en lo
particular: 47 votos en favor, cero en contra y tres abstenciones.
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