CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Comitán, Chis. Los éxodos migrantes (en los que
vienen miles de mujeres y sus familias) están dejando impactos
psicosociales en las comunidades de origen, donde las defensoras de los
Derechos Humanos (DH), especialmente indígenas, trabajan a
contracorriente para reconstruir el tejido social y mejorar las
condiciones de vida de las familias para que migrar no sea su única
alternativa.
Reunidas en el IIX Encuentro de la Red Mujer, Salud y Migración, que
tuvo lugar en Chiapas el pasado 5 y 6 de marzo, defensoras de los DH
provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala coincidieron en que
son ellas, y no los acuerdos políticos comerciales recientes firmados
entre Estados Unidos, México y Centroamérica, quienes se hacen cargo de
los impactos que deja la migración y la deportación masiva de personas a
los países de origen.
La migración desde Centroamérica
- Guatemala
La coordinadora del Programa de Mujeres de Asociación Pop No’J, en
Guatemala, (dedicada a la defensa y promoción de los derechos,
especialmente de la población maya) Yolanda Hernández, explicó en
entrevista con Cimacnoticias que como país vecino, la migración de su
país a México es histórica porque en la separación territorial se
dividió a familias enteras.
Si bien entre Guatemala y México existe una tradición migratoria
importante por las visitas familiares, intercambio de productos o la
espiritualidad, actualmente muchas personas abandonan sus comunidades
por la alta demanda en México de mano de obra guatemalteca para el corte
de café y caña en los campos, explicó la defensora.
Las personas aceptan venir a trabajar a México, incluso en
condiciones precarias, porque son empujadas por las grandes brechas de
desigualdad, la pobreza y la ausencia de tierras para el trabajo
campesino en Guatemala. De acuerdo con el informe “Entre el cielo y el
suelo”, de Oxfam internacional, existe una enorme desigualdad en
Guatemala, por ejemplo, la desnutrición crónica es 60 veces mayor en
algunas escuelas primarias indígenas rurales que en las capitalinas
mestizas, el analfabetismo es 3 veces más frecuente en mujeres indígenas
que en hombres no indígenas y que las mujeres realizan 5 veces más
tareas domésticas y de cuidado que los hombres.
En el caso específico de las mujeres, quienes migran ahora —detalló
Hernández— son generalmente madres solteras o jóvenes que tienen la
carga de sostener a la familia y, en otros casos, son jóvenes rechazadas
por sus comunidades como consecuencia de la misoginia y el machismo.
Esto impacta en el liderazgo comunitario de los pueblos indígenas en
la región, explicó la defensora, pues en el tránsito las migrantes
sufren muchos atropellos porque son monolingües o tienen que despojarse
de su vestimenta maya para no ser identificadas por las autoridades
migratorias.
El endurecimiento de las políticas migratorias actuales en la
frontera sur de México y EU ha hecho que en los meses recientes decenas
de migrantes guatemaltecas sean deportadas desde México a sus
comunidades de origen. En 2019, 15 mil 332 guatemaltecas fueron
detenidas en Estaciones Migratorias, de acuerdo con datos obtenidos vía
transparencia, y según el consulado de Guatemaltecas en Comitán,
Chiapas, al menos 9 mil 250 mujeres, adolescentes y niñas fueron
deportadas. Las deportaciones traen consigo un impacto psicosocial del
que las mujeres no quieren hablar pero cuya sanación asumen las
organizaciones civiles, reconoció Hernández.
“Es muy fuerte muy doloroso cuando son deportadas, porque muchas de
ellas empeñan o prestan la escritura de sus padres para pagar a los
coyotes, o hacen otros préstamos, lo cual se atormenta cuando las
regresan porque ya no tienen cómo pagar”, explicó. De acuerdo con la
defensora, la deportación se vive con miedo y vergüenza. “Las compañeras
que son retornadas o deportadas se esconden, no salen a la calle, pero
se enferman, hay muchas carencias de enfermedades con las mujeres”.
Muchas migrantes además son víctimas de delito durante su tránsito. “La
mayoría se esconde, no salen a la luz pública, se sienten derrotadas. El
problema es la carencia de atención psicosocial, porque pasan una
agonía porque no cuentan lo que les pasa”.
La asociación en la que Yolanda Hernández colabora como coordinadora
del programa de mujeres, acompaña a la población migrante con atención a
la salud física y emocional, educación formal e informal, asesoría
legal, participación organizativa y búsqueda de alternativas
económicas. De junio 2016 a diciembre 2019, Pop No’j acompañó en la
reunificación y reintegración comunitaria a 197 niñas, niños y
adolescentes migrantes retornados, en su mayoría indígenas del
departamento de Huehuetenango, que regresan de Estado Unidos y México.
Esta organización también promueve los derechos de la población maya
frente a la desigualdad social, capacita a jóvenes para la participación
ciudadana y emprendimiento económico y trabaja con las mujeres en la
prevención de la violencia sexual. En el caso de las mujeres deportadas,
muchas de ellas son apoyadas por “comadronas” o ancianas, y por
profesionales, quienes las acompañan en sus procesos de sanación física y
mental.
Lejos de que el gobierno guatemalteco brinde recursos para fortalecer
el trabajo de las organizaciones civiles, desde inicio del 2020 se
discute en el congreso de ese país una norma conocida como “Ley de ONG”
que plantea mayor fiscalización y control contra la sociedad civil
organizada.
- Honduras
Carmen Isabel Álvarez, de la Organización Fraternal Negra Hondureña
(OFRANEH), explicó a Cimacnoticias que en su caso la defensa del
territorio ancestral garífuna ha sido clave para la reconstrucción de
las comunidades tras los desplazamientos y deportaciones masivas,
De acuerdo con la defensora, en Honduras la violencia y la falta de
empleo son los principales detonantes de la migración, ya que si no se
pertenece al partido en el poder o es mayor de 35 años, las
posibilidades de colocarse en un empleo son limitadas. A esto se suma un
problema creciente de extorsión por parte del narcotráfico.
En específico, en 2018 y 2019 las poblaciones ancestrales garífunas
experimentaron una migración masiva de mujeres y sus familias. Cada
lunes, al menos 15 mujeres abandonaban la comunidad garífuna de
Trujillo, narró Álvarez, lo cual dejó huella en escuelas vacías y en los
centros de salud, donde sobraban cada día decenas de vacunas para niñas
y niños.
En esas comunidades, las mujeres enfrentan el feminicidio, pues en
2019 al menos seis mujeres garífunas (dos defensoras) fueron asesinadas
en Honduras. A esto se suma que las defensoras de los territorios son
perseguidas y criminalizadas por los gobiernos, quienes presuntamente
están aliados con organismos internacionales para el extractivismo y
Zonas de Desarrollo (como las Zonas Económicas Especiales en México). En
esa región de Honduras, un 3 de marzo de hace cuatro años asesinaron a
la defensora indígena Bertha Cáceres, que era compañera de trabajo de la
OFRANEH.
Este 2020, dada el amplio número de deportaciones en 2019, las
mujeres hondureñas se han abstenido de migrar, aunque todavía hay en
México mujeres de Trujillo y otras comunidades hondureñas en espera de
Refugio en México, dijo la defensora.
De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, en enero de 2020,
al menos mil 336 mujeres hondureñas permanecían detenidas en Estaciones
Migratorias en espera de deportación o inicio de trámite
migratorio. “Las mujeres deportadas regresan sin nada porque lo venden
todo para pagar a coyotes, pero nosotras tenemos una comunidad que se
llama Vallecito, que no fue tan fácil de recuperar porque tuvimos que
enfrentarnos con narcos, policías”, explicó Álvarez.
En Vallecito, las comunidades garífunas formaron campamentos en un
espacio de mil 500 hectáreas. Ahí alojan a las personas deportadas que
no tienen dónde ir. “Nosotros trabajamos la tierra, en la siembra del
coco, la yuca. Entonces le damos alojamiento (a las familias
deportadas), les hacemos una casita y ahí se va a vivir con su familia,
la organización les da algo para su sostén. Se abrió un colegio para los
niños”, explicó la defensora.
La organización comunitaria enfrenta retos para la reintegración de
la población deportada, especialmente la que estuvo mucho tiempo en
Estados Unidos o fue retornada por mal comportamiento. A través de la
educación popular les impulsan para que, con el tiempo, también
participen en la defensa de la tierra y el territorio.
- El Salvador
Por su parte, Martha Rivas, integrante de la Asociación de Desarrollo
Económico y Social (ADES Santa Marta), explicó que actualmente su
organización (que es histórica porque se formó para la reconstrucción de
comunidades refugiadas tras la Guerra Civil de los años 90) trabaja en
la prevención de las migraciones, sobre todo de personas jóvenes y
mujeres.
Rivas detalló que la migración en El Salvador responde a una escalada
de violencia social, relacionada con pandillas y narcotráfico. Según
documentó la organización internacional Human Rights Watch hay cerca de
60 mil miembros de maras en al menos 247 de los 262 municipios del país.
Controlan los límites de sus territorios y extorsionan y obtienen
información sobre residentes y personas que circulan en esas zonas,
sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados; y, de acuerdo
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2017 El
Salvador encabezó la lista de países con mayor tasa de femicidio/
feminicidio en la región con 10.2 crímenes por cada 100 mil mujeres.
A esto se le suman las desigualdades económicas en el país provocadas
por nuevos proyectos de reconfiguración social y una sensación de
“desesperanza”, luego de que a 12 años de dejar la dictadura no se han
materializado los ideales de la lucha, explicó la defensora.
De acuerdo con Rivas, el Estado salvadoreño no está haciendo nada por
contrarrestar toda la violencia que se ejerce desde las mafias,
impulsadas por intereses económicos y políticos, en las comunidades, la
cual se expresa en violencia sexual por parte de pandilleros contra
niñas, embarazos adolescentes y suicidios provocados por la violencia
social y el contexto de inestabilidad y ruptura.
En los últimos 20 años, El Salvador se se ha vuelto un país muy
dependiente de la migración y de las remesas de los EU; a esto se suma
que muchas mujeres migran porque sus parejas también se fueron y, como
parte de la violencia en los hogares, deciden migrar con o sin hijos
para intentar sostener una relación de familia.
“Todo eso está generando que las mujeres deciden desplazarse incluso
al interior del país para generar mejores condiciones para vivir
—-observó la defensora— y el derecho a migrar es un derecho libre que
ningún país, ninguna política exterior, debería de impedir, ya que
siempre habrán territorios, países, que te generen mejor condiciones que
otros. En ese sentido, debería de ser una libertad única de las mujeres
decidir migrar o no migrar”.
Sin embargo, las implicaciones y acciones de los actuales acuerdos
binacionales (como un acuerdo que se firmó el pasado junio de 2019 para
que México aporte 100 millones de dólares a El Salvador para activar
programas sociales que frenen la migración) no se han transparentado y
no garantizan libertades ni mejores condiciones de vida para las
salvadoreñas, de acuerdo con Rivas.
“Cualquier acuerdo que se tome hacia afuera de el gobierno, y en este
caso con el nuevo presidente de El Salvador, es una postura de sumisión
con el gobierno estadounidense porque no reconoce la situación de
dependencia con EU. Cualquier acuerdo binacional sin duda pone en riesgo
la integridad de las personas que deciden migrar porque ya no está
viendo a las personas con sentido humano. Nosotros no necesitamos
regalías, necesitamos acuerdos comerciales que permitan traer de vuelta a
esta gente que se fue y acá generar las condiciones laborales para que
no tengan que irse, pero ese es un discurso que no es tan fácil de
materializar”, explicó la defensora.
Contrario a lo que se esperaría con estos recursos, en El Salvador la
gente tiene menos posibilidades de acceso a derechos, luego de que el
gobierno entrante restó presupuesto a la educación, salud y quitó
facultades a la Secretaría de la Mujer al integrarla al nuevo Ministerio
de Desarrollo Local. Esto ha traído como consecuencia que la población
salvadoreña viva en una situación de incertidumbre sobre qué va a pasar
en el día a día, lo que las ha impulsado a emigrar de manera masiva.
En respuesta, ADES continúa con su trabajo de reconstrucción de la
vida basado en la organización comunitaria de base y la educación
popular, mismo con el que ha hecho por la defensa del agua y frente a
los despojos de los territorios para el extractivismo por parte de
empresas canadienses.
De acuerdo con Rivas, las mujeres han mantenido un liderazgo
protagónico en este proceso de reconstrucción social pues son ellas
(principalmente las adultas mayores) quienes acompañan los procesos de
salud mental y salud comunitaria, trabajan para entender los impactos de
violencia que la guerra generó y atienden una serie de problemas
psicosociales que se siguen viviendo en el país.
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