EU-México: asimetría, corrupción e injusticia

La Jornada....

La crisis de seguridad pública por la que atraviesa el país dio un brusco giro a raíz del homicidio de tres personas vinculadas al consulado estadunidense en Ciudad Juárez. Aunque nadie ignoraba que la guerra contra la delincuencia organizada emprendida por el presente gobierno desde su inicio se inscribía en el marco de la agenda bilateral y, más específicamente, en los términos de la Iniciativa Mérida, firmada por Felipe Calderón Hinojosa y George W. Bush, esos asesinatos fueron, para Washington, un trágico llamado de atención –y también, tal vez, una provocación– acerca de la imposibilidad de mantenerse al margen en un conflicto cruento y sin duda confuso, pero en el que Estados Unidos desempeña un papel fundamental; el país vecino no sólo es el principal consumidor de drogas ilícitas en el mundo y el más importante mercado para la cocaína que se trasiega por nuestro territorio, sino también el más importante proveedor de armas de alto poder para los grupos delictivos y el principal promotor, hacia América Latina, de una estrategia contra las drogas que se ha revelado como fallida e improcedente.

Durante tres años, el gobierno calderonista aplicó a rajatabla esa estrategia, basada únicamente en la persecución policial y el aniquilamiento militar de los presuntos narcotraficantes, sin poner atención a las tareas complementarias en materia de inteligencia, planeación, desarrollo económico, educación, salud y bienestar social. El saldo de tal decisión está a la vista: más de 17 mil muertos en tres años, extensas zonas del país fuera del control del Estado –como lo demuestran los bloqueos viales organizados anteayer y ayer, con plena impunidad, por grupos delictivos en Monterrey y sus alrededores–, infiltración de las instituciones por parte de las bandas criminales, zozobra generalizada de la población y un incremento anunciado y exasperante en el número de violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones civiles y militares de seguridad pública.

Lo cierto es que, como lo señaló Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la lucha contra el narcotráfico es una de esas circunstancias en las que Estados Unidos obtiene todas la ventajas sin ningún esfuerzo, y aunque en el discurso Washington asume una postura ética ante el trasiego de drogas, en los hechos asume que se trata de un fenómeno económico que genera un vasto poder financiero y una actividad inocultable en los más importantes centros financieros estadunidenses y mexicanos.

En esta lógica, resulta incomprensible que, mientras al sur del río Bravo los cárteles de la droga operan en un contexto de violencia inusitada, agudizada hasta extremos alarmantes tras el arranque de la ofensiva gubernamental contra ellos, la droga ingresa y se distribuye en el territorio estadunidense en forma ágil, eficiente, discreta y pacífica: en Estados Unidos prácticamente no hay muertos ni decomisos ni arrestos de líderes de este negocio ilegal. Pareciera que al gobierno de ese país le interesa únicamente evitar que las sustancias ilícitas lleguen a sus fronteras y que, una vez que las han cruzado, su comercialización deviene una actividad tolerable.

Semejante incongruencia, que refiere en forma nítida la injusta asimetría imperante en la llamada”colaboración” bilateral contra el narcotráfico, tendría que ser planteada a la delegación estadunidense de alto nivel que vendrá al país el martes próximo, encabezada por la secretaria de Estado Hillary Clinton, y que incluye a los secretarios de Defensa, Robert Gates, y de Seguridad Interior, Janet Napolitano, además de otros encumbrados funcionarios de Washington.

Plomeros en lugar de ciudadanos

Gustavo Gordillo

Lo que hemos vivido desde 1997 son gobiernos divididos, paralizados. Para resolver esto se proponen caminos distintos a partir de dos diagnósticos contrapuestos. La parálisis es un problema de malas reglas en el mismo sistema presidencial, o bien es un problema de representación política producto del pluralismo social y político. En el primer caso miras hacia el régimen de partido hegemónico para restaurarlo con una diarquía. En el segundo caso reconoces que el punto de partida es el pluralismo existente.

El gobernador Peña Nieto publicó el lunes pasado un artículo en El Universal que lo pinta de cuerpo entero. Su artículo es una convocatoria a lo que denomina un gobierno eficiente. El eje de esa eficiencia lo sitúa en la necesidad de construir mayorías: Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar. Lo cual es cierto aunque yo añadiría que no cualquier mayoría.

Acto seguido pasa a revisar las tres propuestas de reforma política que se han presentado ante el Congreso. Deshecha la propuesta del Ejecutivo de una segunda vuelta presidencial aparejada con elecciones legislativas porque señala que no garantiza mayorías legislativas. Tampoco considera que la propuesta de fracción senatorial priísta (encabezada por su principal contendiente interno, Manlio Fabio Beltrones)), logra ese propósito al postular la ratificación del gabinete presidencial. Finalmente no encuentra en las propuestas del Dia elementos que permitan a su juicio construir esas mayorías.

Pasa entonces a delinear su propuesta para construir esas mayorías que consiste en dos posibles caminos. Eliminar el límite de los ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación legislativa. O bien reintroducir una cláusula de gobernabilidad que permitiría alcanzar la mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35 por ciento o más de la votación.

Las propuestas de Peña Nieto, inspiradas en un artículo elaborado por José Córdoba Montoya hace algunos meses en la revista Nexos, tienen la virtud de la claridad. En síntesis, su argumento central parece ser que dado que los ciudadanos no han dado ni presumiblemente darán a ninguno de los tres partidos principales una mayoría legislativa, es necesario construir esa mayoría a través de las reglas electorales. Es decir, lo que los electores no te dan, que te lo den las fórmulas.

Estas propuestas forman parte de una estrategia política de largo alcance para defender el statu quo que, empero, sufre ya resquebrajaduras por el creciente divorcio entre elites y ciudadanos. El artículo de Peña Nieto arroja más luz a un aparentemente sainete de malas decisiones (sobre todo del PAN) con el famoso acuerdo que dejó de ser secreto. Para un sector importante del PAN el arreglo político prefigurado en los 90 es la mejor opción: Ejecutivo tricolor con una fuerte presencia parlamentaria azul. Por ello quizás el intercambio con el PRI de no alianza del PAN con el PRD en el estado de México no residía solamente en los votos para aumentar los impuestos, sino en un arreglo para co-gobernar en el 2012.

Este arreglo, centro de la restauración conservadora, encuentra resistencias entre precandidatos priístas y también en sectores influyentes del panismo. En un artículo publicado en el suplemento Enfoque de Reforma, el ex presidente del PAN Germán Martínez postula la necesidad de un PAN liberal y señala como en passant: “Pero tampoco el gobierno panista debe admitir en su seno a quienes disfrazados de panistas intentan ya la resurrección del PRI…”.

Presenciamos pues una situación de equilibrio catastrófico o de crisis orgánica, como la llamaba Gramsci. La crisis es siempre crisis entre representantes y representados. Gramsci concentra su interés en el modo en que el Estado se recompone en situaciones de crisis y a eso llama revolución pasiva.

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