Recuento del caso de violación de Ernestina Ascencio
Por Estephanye Reyes Aguiñaga
México, DF, 18 mar 10 (CIMAC).- La inhabilitación del médico forense Juan Pablo Mendizábal por parte de la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE), se une a la ola de contradicciones, omisiones, amenazas y acusaciones en el caso de violación y asesinato de la señora Ernestina Ascencio, indígena de 73 años de edad, originaria de la sierra de Zongolica, Veracruz.
El asesinato de Ernestina ocurrió el 26 de febrero de 2007. Según el examen médico y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana indicaron que Ernestina había fallecido por una fractura craneoencefálica y cervical. Además, su cuerpo presentaba desgarros en la parte vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una agresión.
La versión defendida por Felipe Calderón el 13 de marzo de ese mismo año es que Ernestina murió por complicaciones de una úlcera y enfatizó “no hay rastros de que la señora haya sido violada”, sostuvo en conferencia de prensa.
La primera explicación fue defendida, en un inicio, por la Procuraduría de Veracruz, sin embargo hoy, a tres años de los hechos esta instancia separó de su cargo al forense Mendizábal Pérez por “haber contaminado” las muestras de la primera necropsia de Ernestina Ascencio.
Así como por haber certificado de manera errónea la existencia de un crimen sexual y realizado la autopsia en un lugar no autorizado, ante personal no autorizado.
Esta supuesta “contaminación” proviene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida en 2007 por José Luis Soberanes, quien ratificó septiembre de ese año la versión del fallecimiento a causa de úlceras gástricas pépticas agudas.
El diario La Jornada publicó declaraciones del médico inhabilitado. “A sugerencia de la CNDH se desestimó la prueba, diciendo que la muestra se pudo haber contaminado porque los químicos no usaron guantes en el laboratorio”.
LOS HECHOS
El 26 de febrero Ernestina fue encontrada aún con vida, en el piso alcanzó a decir que había sido agredida por soldados.
Una semana después, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado, admitió el crimen pero exculpó a elementos militares. "En este caso, delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia”.
Sin embargo, el propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, anunció que 20 días más tarde contaría con los resultados de exámenes de ADN para fincar responsabilidades y aclaró que no había militares detenidos, únicamente 93 elementos acuartelados sometidos a interrogatorios.
Así, en el siguiente boletín se agregó: "Estas muestras, junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la Ciudad de México, para que con apoyo de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República, se obtengan los perfiles genéticos, que permitan compararlos y arribar a resultados contundentes.”
Para el 13 de marzo, sólo una semana después de las declaraciones de la Sedena, Calderón afirmó que la señora Ascencio murió por “gastritis crónica”. : "He estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica (tras una presunta violación tumultuaria por militares). La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada".
El diputado Jorge González, 15 días más tarde, mostró un documento de la CNDH en el que ya se anticipaban las causas clínicas del deceso de Ascencio, descartando violación. Este informe se dio tras la visita de la CNDH al Hospital Regional de Río Blanco.
La versión médica de Mendizával Pérez, que argumentaba perforación de órganos internos producto de una agresión con un objeto contundente, fuertes hemorragias, y fracturas, luxaciones en diversas partes del cuerpo y la creciente inflamación del vientre por la perforación de intestino y en consecuencia el envenenamiento de su cuerpo con heces fecales, fue modificada.
A partir de entonces, la causa de muerte, según las autoridades del Hospital Regional de Río Blanco fue: enfermedades gástricas, sin violación ni fracturas.
Para el 1 de mayo la PGJE cerró el caso al determinar que se trató de una muerte natural “por parasitosis”, con lo que no había indicios para iniciar un proceso penal. Las voces de médicos, políticos y militares coincidieron.
2010
El 15 de marzo de este año forense Mendizábal Pérez fue notificado de su inhabilitación por haber contaminado pruebas de sangre.
En entrevista con Carmen Aristegui, el médico defendió su experiencia de más de 20 años y dijo que el caso de Ernestina Ascencio y señaló que en este caso destaca el silencio de las autoridades de los tres niveles de gobierno para proteger la imagen del ejército.
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