Mientras en la calle el gobierno reprime a las y los trabajadores,diputados panistas presentan reforma laboral en favor de patrones
Este jueves el gobierno mexicano mostró más claramente que nunca su carácter de enemigo de las y los trabajadores del país; mientras en la Cámara de Diputados representantes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaban una iniciativa de reforma laboral abiertamente favorable a los patrones, en la calle fuerzas policíacas reprimían de manera brutal a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se mantenían en plantón pacífico en defensa de sus derechos laborales.
En la propuesta de reforma laboral, que se materializa después de múltiples amagos, los legisladores del PAN pretenden hacer creer que se trata de democratizar y transparentar la vida sindical mexicana y de promover el empleo; no obstante, en realidad se avanza hacia la legalización de los abusos patronales, los bajos salarios, la precarización del empleo y la obstaculización de la organización sindical. Igualmente se da carta de naturalización a las arbitrariedades de las autoridades laborales del país que, en complicidad con los empresarios, dejan en estado de indefensión a las y los trabajadores.
La iniciativa panista, a tono con las posiciones emitidas repetidamente por la Secretaría del Trabajo, promueve el trabajo por temporada y por "capacitación inicial", así como el pago por horas; se contravienen así las disposiciones constitucionales que tienen que ver con la estabilidad en el trabajo y la obligatoriedad de la seguridad social. Sin embozo alguno se promueve una flexibilización salvaje encaminada a la total precarización del empleo y a la evasión de las obligaciones laborales por parte de los patrones.
Con la misma intencionalidad se pretende incorporar nuevos requisitos para el ejercicio del derecho de huelga, con lo que de fondo se pretende prácticamente hacerlo nugatorio o, en el mejor de los casos, dejarlo sujeto a la calificación discrecional de las autoridades para negar la validez de los emplazamientos.
Una de las más abiertas agresiones al derecho de los asalariados es la intención de limitar en los conflictos laborales el pago de los salarios caídos a un máximo de seis meses; si actualmente los juicios llegan a durar varios años por culpa de las autoridades laborales, con esa nueva disposición es obvio que se prolongarían todavía por más tiempo y siempre en beneficio de la parte empleadora.
En otro orden de ideas, la propuesta pretende orientarse también a la transparencia en la conducción de las organizaciones sindicales. Al respecto y si bien el problema de la corrupción en estas agrupaciones se presenta en multitud de casos, la experiencia en cuanto a las políticas oficiales indica que las consecuencias serían el bloqueo y las trabas a las organizaciones democráticas e independientes, mientras que según lo demuestran los hechos, las grandes organizaciones corporativas, que es donde se centra la opacidad y la corrupción, no serán tocadas en la medida en que sigan siendo aliadas privilegiadas del gobierno.
Aunque es preciso un estudio a fondo de la iniciativa, su contenido principal refleja la tendencia recurrente del gobierno mexicano, en especial de la Secretaría del Trabajo, de actuar como voceros de los empresarios. La señal que ha lanzado es obvia: el ataque a todo lo que signifique organización y lucha de las y los trabajadores en defensa de sus derechos, ya sea por la vía legal, con una reforma regresiva o en las calles mediante la represión física.
Llamamos a todas y todos los trabajadores, a sus organizaciones, a la sociedad civil en su conjunto a unirse contra este nueva ofensiva, cada vez más brutal con los derechos de millones de mexicanos; llamamos a la solidaridad de todos con el SME; sólo con la unidad de todas y todos podremos parar el autoritarismo del gobierno calderonista.
Este jueves el gobierno mexicano mostró más claramente que nunca su carácter de enemigo de las y los trabajadores del país; mientras en la Cámara de Diputados representantes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaban una iniciativa de reforma laboral abiertamente favorable a los patrones, en la calle fuerzas policíacas reprimían de manera brutal a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se mantenían en plantón pacífico en defensa de sus derechos laborales.
En la propuesta de reforma laboral, que se materializa después de múltiples amagos, los legisladores del PAN pretenden hacer creer que se trata de democratizar y transparentar la vida sindical mexicana y de promover el empleo; no obstante, en realidad se avanza hacia la legalización de los abusos patronales, los bajos salarios, la precarización del empleo y la obstaculización de la organización sindical. Igualmente se da carta de naturalización a las arbitrariedades de las autoridades laborales del país que, en complicidad con los empresarios, dejan en estado de indefensión a las y los trabajadores.
La iniciativa panista, a tono con las posiciones emitidas repetidamente por la Secretaría del Trabajo, promueve el trabajo por temporada y por "capacitación inicial", así como el pago por horas; se contravienen así las disposiciones constitucionales que tienen que ver con la estabilidad en el trabajo y la obligatoriedad de la seguridad social. Sin embozo alguno se promueve una flexibilización salvaje encaminada a la total precarización del empleo y a la evasión de las obligaciones laborales por parte de los patrones.
Con la misma intencionalidad se pretende incorporar nuevos requisitos para el ejercicio del derecho de huelga, con lo que de fondo se pretende prácticamente hacerlo nugatorio o, en el mejor de los casos, dejarlo sujeto a la calificación discrecional de las autoridades para negar la validez de los emplazamientos.
Una de las más abiertas agresiones al derecho de los asalariados es la intención de limitar en los conflictos laborales el pago de los salarios caídos a un máximo de seis meses; si actualmente los juicios llegan a durar varios años por culpa de las autoridades laborales, con esa nueva disposición es obvio que se prolongarían todavía por más tiempo y siempre en beneficio de la parte empleadora.
En otro orden de ideas, la propuesta pretende orientarse también a la transparencia en la conducción de las organizaciones sindicales. Al respecto y si bien el problema de la corrupción en estas agrupaciones se presenta en multitud de casos, la experiencia en cuanto a las políticas oficiales indica que las consecuencias serían el bloqueo y las trabas a las organizaciones democráticas e independientes, mientras que según lo demuestran los hechos, las grandes organizaciones corporativas, que es donde se centra la opacidad y la corrupción, no serán tocadas en la medida en que sigan siendo aliadas privilegiadas del gobierno.
Aunque es preciso un estudio a fondo de la iniciativa, su contenido principal refleja la tendencia recurrente del gobierno mexicano, en especial de la Secretaría del Trabajo, de actuar como voceros de los empresarios. La señal que ha lanzado es obvia: el ataque a todo lo que signifique organización y lucha de las y los trabajadores en defensa de sus derechos, ya sea por la vía legal, con una reforma regresiva o en las calles mediante la represión física.
Llamamos a todas y todos los trabajadores, a sus organizaciones, a la sociedad civil en su conjunto a unirse contra este nueva ofensiva, cada vez más brutal con los derechos de millones de mexicanos; llamamos a la solidaridad de todos con el SME; sólo con la unidad de todas y todos podremos parar el autoritarismo del gobierno calderonista.
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