AI pide protección efectiva para activista de Guerrero

Llamado urgente por seguridad de Obtilia Eugenio Manuel

Por la Redacción

México, 16 mar 10 (CIMAC).- Ante las amenazas de muerte que ha recibido durante este mes la activista guerrerense de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel, quien ha denunciado la violación sexual cometida por militares contra las indígenas tlapanecas Inés y Valentina, y esterilizaciones forzadas, entre otros delitos, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamamiento urgente pues teme por su vida.

En un comunicado, AI pide escribir urgentemente a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero y a Albertico Guinto Sierra, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, para expresarles su preocupación por la seguridad de la activista, y pedir la protección efectiva para ella y demás integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM).

Asimismo, la organización internacional de derechos humanos, pide realizar una investigación exhaustiva, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de mantener vigiladas las oficinas de la OPIM y del domicilio de la activista sean llamados a cuentas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, UNA SIMULACIÓN

En entrevista con Cimacnoticias al término de su participación en el panel “Ocho años de impunidad: Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas me´phaa violadas sexualmente por militares”, realizado el pasado 8 de marzo, la activista denunció la ausencia de medidas de protección para ella.

“Cómo voy a confiar en un policía que ande conmigo si sé que son ellos los que me andan persiguiendo, a mi no me da confianza eso. Por eso nosotros lo que pedimos es que sea una persona de mi confianza pero las autoridades dijeron que no podía ser, que tenían que ser profesionales, pero nunca ha habido un trato de dar confianza”, dijo.

Actualmente Obtilia realiza sus actividades sin escolta alguna, pese a que en 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano, medidas cautelares para ella.

El 7 de abril de 2009, la CIDH, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “tomando en consideración la gravedad de la situación y las circunstancias particulares de riesgo” ordenara medidas provisionales para que el Estado mexicano protegiera la vida e integridad personal de Obtilia Eugenio y su familia, así como de 41 miembros de la organización OPIM, a 29 integrantes de la organización de derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, entre otros.

Sin embargo, a la fecha Obtilia viaja sola, no tiene ninguna escolta que la resguarde, las medidas proporcionadas por el Estado consistieron en una videocámara que se colocó en su casa y en las oficinas de la OPIM y un radio que le proporcionaron, que dice la activista, “no funciona”.

Para ella el mensaje es muy claro “quieren que yo me canse, me quieren meter miedo”.

Convencida de la labor que realiza, enfatiza “yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, es la gente la que te apoya, la gente que me pide ayuda, cada quien anda por su voluntad haciendo y ayudando al pueblo sin ganar un peso, me da mucha tristeza cómo vive la gente, cómo no hay justicia, ver cómo sufre la gente, eso es lo que te da ánimo”.

“A veces si te da miedo, pero yo no tengo porqué vencerme por mi miedo y muchas veces yo lo he pensado así de dejar de luchar, pero no puedo porque ahí esta Inés, hay otra gente más y ahí está el que mataron su hermano de Inés, que no ha habido justicia y eso es lo que te da ánimo”.

Madre de tres hijos, que ya no viven con ella en Ayutla por las amenazas de muerte, Obtilia concluye “tengo que apretar porque yo no tengo apoyo como el gobierno, yo no cuento a eso, haciendo así como campesina, pero yo estoy al frente de todo y no importa el miedo”.