Presos políticos: en Cuba y en México

Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia

Sin el menor asomo de ironía, me llama la atención la enjundia con que no pocas y respetadas voces se indignan por la muerte del luchador social cubano Orlando Zapata luego de una cruel huelga de hambre. Las mismas que alertan también sobre el desenlace de Guillermo Fariñas, que al igual que Zapata ha ofrecido su vida en demanda de libertad para 26 presos políticos que están injustamente encarcelados en Cuba.

Al mismo tiempo esas plumas llegan al grado de exigir al presidente Calderón que proteste públicamente y defina la postura de su gobierno frente a la dupla Castro-Castro. Es más, le sugieren que ya mejor ni vaya a Cuba para no quedar como el cohetero: omiso si sólo va a sacarse la foto con Fidel y Raúl; o, en sentido contrario, a concitar las iras de los hermanos si decide entrevistarse con los disidentes.

Yo no estoy para el análisis de las consecuencias diplomáticas bilaterales de cualquiera de esas acciones. Lo que me asombra es que, salvo contadas excepciones, no haya miradas al interior en una materia tan delicada y sensible como es la del respeto más elemental a los derechos humanos. Y que muy pocas veces se genere una indignación similar por los mexicanos que mueren o están presos también injustamente en nuestras cárceles. ¿Cuántos quieren? Porque según un promedio de ONG nacionales e internacionales hay, por lo menos, 495. ¿Dónde los quieren? Están en las prisiones de todo el país, pero sobre todo en estados muy pobres, donde ha habido insurrecciones sociales y en contrapartida guerra sucia con represión militar y policiaca: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿Quiénes son? Los hay, por supuesto, pertenecientes a los movimientos subversivos y que cometieron algún delito.

Pero en su gran mayoría se trata de simples opositores a gobiernos autoritarios represivos y corruptos o quienes se opusieron por una vez en su vida a un atropello: es el caso paradigmático de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, que están condenadas a 21 años de prisión acusadas por este gobierno federal a través de la PGR del increíble secuestro de seis de sus agentes armados. Y de cuyo caso nos hemos ocupado en varias ocasiones en este espacio. Vale por cierto recordar que 85 de cada cien presos en este país son pobres y una mayoría de ellos indígenas. Y que no se trata de una casualidad sino de una causalidad producto de un brutal sistema de justicia que castiga a los que menos tienen y exonera a los ricos delincuentes de cuello blanco.

Y qué decir de los 12 presos políticos de Atenco que, encabezados por Ignacio del Valle, han sido condenados hasta a más de 100 años de prisión por retener 11 horas a algunos funcionarios en la defensa de sus tierras. Todos, sujetos de una abusiva venganza oficial por haberse opuesto al negocio foxista-montielista de un nuevo aeropuerto.

Si en Cuba tienen la “peligrosidad social”, aquí inventamos el “secuestro equiparado” para criminalizar la protesta y encarcelar a todos los que se oponen a las injusticias. Pero, quién sabe por qué solemos mirar muy poco hacia adentro. Qué lástima..

Madres y esposas de 12 presos políticos piden justicia Exigen a la SCJN
libertad para “secuestrados” de Atenco

Por Anayeli García Martínez México, D.F., 17 mar 10 (CIMAC).- Madres y esposas de los 12 presos políticos de Atenco realizaron hoy un plantón frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir a los ministros que utilicen sus facultades para liberar a quienes consideraron están “secuestrados” por el gobierno. Como una forma de presionar, las mujeres; apoyadas por varias organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), exigieron justicia para Atenco y libertad de los 12 presos, sentenciados el 21 de agosto de 2008 a penas de hasta 112 años de prisión. Dichas sentencias fueron dictadas por el juez primero de lo penal y el juez tercero de lo penal con sede en el reclusorio Molino de Flores, de Texcoco.

Cabe recordar que como último recurso los nueve presos recluidos desde 2006 en el penal Molino de Las Flores, en Texcoco, interpusieron un amparo directo a la sentencia ante el máximo tribunal de justicia del país. En enero de este año, la primera sala de la SCJN decidió atraer los 12 amparos, sin embargo aún están a la espera de una resolución. A casi cuatro años de los operativos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, donde más de 4 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México (ASEEM), violaron y abusaron sexualmente de 26 mujeres, realizaron detenciones arbitrarias y cateos ilegales, la justicia no llega.

Así lo manifestó Maribel Ramos Rojas, madre de Julio César Espinoza Ramos, acusado de “secuestro equiparado”, quien se encuentra con otros 8 presos en el penal del Molino de Flores, con una pena de 31 años, 10 meses y 15 días de prisión. Los tres restantes están en el penal de máxima seguridad del altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, dijo.

CONDENADA A LA SOLEDAD

Para Maribel, quién sólo contaba con su hijo, el encarcelamiento de este fue un vuelco en todos los sentidos “económico, psicológico, moral y de salud”. Para ella, al igual que otras madres seguir en pie de lucha es una forma de buscar el regreso de su hijo. “Al arrancármelo, me quede condenada a la soledad”, declara, aunque señala que el dolor de tener un hijo secuestrado ha hecho que salga de su casa, que se manifieste y luche por justicia y libertad. Maribel se muestra optimista de que este año pueda reunirse con su hijo, porque a pesar de que el proceso de su sentencia fue “amañado” y con una clara falta de imparcialidad, considera que “esta instancia (SCJN) tiene todos los argumentos, aquí va a quedar demostrada su inocencia”.

Destacó que su hijo no es un secuestrador, ni cometió daños a las vías de comunicación, como lo acusaron las autoridades, y afirmó que sólo los criminalizan por defender sus tierras. En febrero de 2009, el Pleno de la SCJN resolvió que durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 se cometieron graves violaciones a las garantías individuales, pero los únicos presuntos responsables fueron los policías ejecutores de las acciones y sus jefes inmediatos.

De esta manera exoneraron de cualquier responsabilidad al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los directores de las policías federal y estatal. No obstante se inculparon a 12 personas, que ahora están presas. Por ello, las mujeres también hicieron un llamado para que instancias internacionales revisen el caso. Apelaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI). Señalaron “somos madres llenas de indignación, coraje y dolor que piden justicia”.