Todos los Derechos para Todas y Todos(Red TDT), que ya integra a 68 organizaciones en 21 estados de la República. En su página web (www.redtdt.org.mx) se presenta como un espacio de encuentro y colaboración, en el que se elaboran estrategias conjuntas para hacer más efectivas la defensa y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas. Y en una breve reseña que se publicó hace diez años, se afirma que se comenzó a constituir desde finales de los años 80, como un actor social importante en la defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia y la justicia social en México, luego de que en esa década las mexicanas y mexicanos empezaron a tomar conciencia de su ser ciudadano, de los derechos y obligaciones que ello implica, y de la importancia de su participación activa en la vida pública, para la construcción de un sistema democrático. Hoy se pueden distinguir siete etapas en el desarrollo y consolidación de la Red, como una instancia civil autónoma, cualificada, reconocida y socialmente fuerte para defender y promover los derechos humanos en y desde México.
Una primera, que abarca los años fundadores de 1988 a 1991, en la que en medio de conflictos laborales, fraudes electorales, represión selectiva, asesinatos políticos (600 militantes del Frente Democrático Nacional), así como del asesinato en Sinaloa de la defensora Norma Corona, de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los nuevos organismos públicos de derechos humanos, las pocas organizaciones civiles entonces existentes deciden reunirse para compartir análisis y capacitación, y llevan a cabo numerosos talleres para promover nuevas organizaciones y conformar la Red.
Una segunda, que corre entre los años 1992 y 1993, en la que en el contexto de la elevación a rango constitucional de la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos, pero también de la explosión del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, la memoria de los 500 años de la conquista, los fallecimientos de monseñor Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y de monseñor José Llaguno, vicario apostólico de la Tarahumara, así como del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas, la Red continúa un intenso trabajo educativo, adquiere experiencia en la documentación técnica de violaciones a los derechos humanos, y decide mantener la perspectiva de defenderlos y promoverlos en toda su integralidad, indivisibilidad e interdependencia. En esos años empieza a concentrar su preocupación en casos y situaciones de impunidad y tortura, y lleva a cabo sus primeras campañas nacionales: contra los abusos policiacos
(1991), por la libertad de los presos indígenas
(1992), y contra la impunidad
(1993).
En su tercera etapa, que abarca los años 1994-1996, la Red desplegó una intensa actividad de coordinación con sus grupos locales de derechos humanos en Chiapas, y con ellos organizó brigadas internacionales por la paz, el diálogo y el respeto a los derechos humanos de la población civil en el marco del conflicto armado. Elaboró además un primer informe sobre violaciones a derechos humanos, que difundió ampliamente a nivel nacional e internacional, e inició su trabajo internacional, presentándose por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en febrero de 1994, y en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de ese año. Es importante subrayar que en julio de 1995 presentó también el caso de la matanza de Aguas Blancas ante la CIDH, y que en estos años realizó ya una campaña sobre los riesgos de la participación del Ejército en labores de seguridad pública, que lleva como significativo título No nos acostumbremos a esto
.
La cuarta etapa corre entre los años 1996 a 1999, cuando en el país se llevan a cabo los operativos contra los municipios autónomos en Chiapas, se produce la masacre de Acteal, y se realiza la ejecución de indígenas en El Charco, Guerrero. Durante esta etapa la Red continúa su trabajo internacional, y con sus informes alternativos atiende las visitas al país de la CIDH; de los relatores de la ONU contra la tortura, la discriminación y las ejecuciones arbitrarias, así como de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En la quinta etapa (2000-2004), ya durante el gobierno foxista, cuando se firma un acuerdo de cooperación técnica con la ACNUDH, para una presunta política de Estado en materia de derechos humanos en el país, y se instala su oficina en México, la Red elabora una agenda de derechos humanos, que presenta a los candidatos a la Presidencia, y participa en la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Dado el rompimiento vergonzoso de acuerdos por parte del gobierno federal, la Red decide no participar ya en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos.
La sexta etapa (2004-2007) está signada por la documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el conflicto de Oaxaca, así como por su participación con académicos en la elaboración de la Propuesta de Reforma Constitucional en materia de derechos humanos.
En la última etapa (2008-2010) destacan su participación el año pasado en el Examen Periódico Universal a México por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hace unos días ante el Comité de Derechos Humanos, también de la ONU. Destacan igualmente su campaña Protestar es un derecho, reprimir es un delito
, y sus denuncias acerca de las violaciones cometidas por el Ejército. Hoy es más urgente que nunca la actuación de la Red.
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