El gobernador Peña Nieto también sale con heridas del desaguisado que él mismo impulsó y signó por interpósita persona. Algunas de esas escoriaciones son de apreciable profundidad, aunque por ahora no se aquilaten con precisión. La barahúnda circundante lo impide, pero quedarán expuestas a la reflexión y se agravarán con el transcurso del tiempo. Muchas de sus debilidades y cortedades quedaron exhibidas sin coartadas que puedan ocultarlas. Destaca, por ejemplo, la ausencia de escrúpulos para recargarse en los bolsillos y el penar de los contribuyentes para amarrar una temprana, aunque todavía elusiva, candidatura de su partido. Pero no quedan atrás sus intenciones de situarse dentro de un bolsón de inusitados privilegios a cambio de limitar los derechos y las libertades ciudadanas a coaligarse. Acostumbrado, como está, a recibir la cuidadosa e interesada cobertura televisiva que lo introduce, bien peinado, en los hogares, por ahora quedó a descampado y no encuentra otra ruta que el silencio o la forzada discreción. Esta vez, por lo visto, no ha podido zafarse del golpeteo, aun cuando sus auxiliares mediáticos, presurosos, le quieran extender el manto de las disculpas forzadas.
Nadie puede llamarse a escándalo por un acuerdo cupular que pretendidamente quiso mantenerse en las tinieblas. Bien se sabe que de esto está llena la buchaca de las elites, más aún si, como las actuales, carecen de tamaños para introducir en ellos algo de grandeza. Lo distinto es que se hizo público y, entonces, empezaron las disculpas, incapacidades, mentiras y las trifulcas adicionales. Los actores, uno a uno, quisieron abandonar el escenario sin lograrlo. No hay sobrevivientes, todos han sucumbido ante la mirada y juicio del electorado que ya sabrá tomar venganza. El meollo de este intríngulis elitista, sin embargo, apunta hacia el descubrimiento de un formidable y peligroso tinglado que azuza, orienta y patrocina las ambiciones de un precandidato (PRI) a la Presidencia para el próximo sexenio. Paredes, Gómez Mont o Nava son comparsas de relleno en este litigio, cuyos destinos se agotarán de manera distinta sin afectar la trayectoria de la República. Peña Nieto, en cambio, debe ser examinado con mayor cuidado, no sólo por su propia importancia, sino por los acompañantes que empujan su aventura. Por ahora se le ve cómodamente acurrucado sobre todo un aparato sistémico que le hace el caldo gordo e insufla su imagen. Atrás, pero sobre todo por delante de él, asoman su duro rostro monumentales intereses bien amasados y que lo tienen sujeto desde que inició su desbordada gestión. Es una maciza conformación de personajes, grupos políticos, religiosos y empresariales donde destacan, con nitidez inevitable, los traficantes de influencia, ciertamente los de mayor (y también de menor) calado. Todos ellos en la búsqueda, casi desesperada, de acrecentar sus privilegios, de ensanchar negocios, de recibir la ansiada protección para su accionar que, una y otra vez, corre al filo de la ley o cae en franca conducta delictiva.
Mantener, a como dé lugar, la trayectoria del actual modelo de gobierno es el propósito de tan gran mezcolanza de notables, conjuntado por propia voluntad y esperanzas a futuro, en torno a la candidatura de Peña Nieto. El joven elegido por la sacrosanta cofradía de poderosos, que tan respetuoso es de las formas, los contratos y las promesas, no los defraudará. Es él quien atraerá la salvadora inversión foránea de incontables garantías y requerimientos, tan ansiada como onerosa. Será él quien concluirá las reformas de segunda, tercera y hasta cuarta generación si fueran requeridas, que permitan la acumulación brutal del capital, el libérrimo flujo de la especulación que tanta riqueza y talento succiona hacia el exterior. Peña Nieto es el atractivo hombre de su predilección desde que le vieron ganar, con descarado derroche de recursos (capitaneados por el tío de triste memoria) la gubernatura más importante del país. Es Peña Nieto el escogido para dar continuidad al mismo régimen de saqueo y privilegios en favor de aquellos que lo apadrinan. Será, sin duda él quien asegure la paz (verdaderos boquetes) fiscal de los que mucho tienen y casi nada pagan de impuestos. Será, sin duda, él quien contenga a los desposeídos que no tienen lugar en esta historia de beneficiados por la gracia del poder. Será él, qué requiebro lo impide, quien, con su piadoso ejemplo de vaticanista convencido, proteja las libertades que solicitan los curas y renueve alianzas con el magisterio de Gordillo, sin que el costo importe.
Mientras tanto, y sin esperar el olvido del sainete, Peña Nieto seguirá deleitando al auditorio de los medios electrónicos con pomposas frases sin sentido, empalagosas, siempre positivas y grandilocuentes, para rellenar su perfil bien acicalado. Ése es el preferido de las masas, según dictan con frecuencia los enterados, el bien hecho producto de los grupos de presión que, en un descuido, puede encaramarse en la Presidencia para regocijo de los ganones de siempre y un triste, angustioso futuro colectivo.
La de Gómez Mont, como funcionario encargado de las relaciones políticas con los partidos, gobiernos estatales y el Congreso, tiene una desviación negativa que le condicionará su accionar por lo que le reste de su encargo.
José Antonio Crespo
Caída
Ya en específico, la labor realizada por Calderón como presidente cayó, de 69% en junio de 2007, a 45% en este mes, 24 puntos menos. Quienes lo consideran como alguien muy capaz de resolver problemas, pasaron de 36% en 2007 a sólo 17% hoy. Los mismos datos se dan al ponderar como “mucha” su preocupación por el bienestar. Otro tanto ocurre (con porcentajes parecidos) al preguntar sobre su “respeto a la legalidad”, si es un “gobernante honrado” y si es “sincero en sus declaraciones”. Es decir, su mal desempeño parece haber ya también contaminado la imagen personal que de Calderón se tiene sobre sus buenas intenciones, su respeto a la legalidad e incluso su honestidad. Y es que su desempeño en temas importantes tiende a ser cada vez menos bien valorado por los ciudadanos. En materia económica, el gobierno había logrado ubicar la responsabilidad de la crisis fuera de nuestras fronteras, pero ahora se piensa que el manejo interno de la misma no ha sido adecuado. En marzo de 2009, 40% consideraba que el gobierno no había tomado las medidas adecuadas para enfrentar la crisis, porcentaje que creció en este año a 57% (frente a 34% que considera que sí la enfrentó bien).
En el espinoso tema de seguridad, en 2007, 55% pensaba que Calderón había cumplido en lo esencial, en tanto que ahora ya solamente lo hace 29% (casi la mitad). Y 50% se dice directamente afectado por la inseguridad, cuando en 2008 así lo reportaba 37 por ciento. Sin embargo, Calderón ha logrado convencer a la ciudadanía de que su estrategia contra el narcotráfico es la adecuada, o que es la única viable: todavía 68% aprueba ese esquema, si bien hay una tendencia a la baja, pues hace tres años era 88% que consideraba esa estrategia como buena: 20 puntos menos. Si bien elegir ese tema y esa estrategia le reportó bonos de popularidad a Calderón, eso sucede cada vez menos, y habrá que ver hasta dónde cae en los próximos años (dado el incremento de la narcoviolencia y de la inseguridad que le es inherente).
Pero incluso si, como la mayoría piensa, se estuviera siguiendo la estrategia correcta, ello implicaría que el gobierno no puede cumplirla cabalmente (o que habrá que esperar quién sabe cuánto tiempo para que se vean resultados). Es decir, acepte el público o no que esa es la ruta adecuada, hay una tendencia a la baja en su valoración. Igualmente, sigue siendo mayoritario el segmento de la población que está de acuerdo en que el Ejército se ocupe de combatir directamente al narcotráfico (69%), pero también ahí hay un descenso importante: en 2008, 83% así lo consideraba (14 puntos menos). Con todo, todavía prevalece la etérea esperanza de que la estrategia antinarco será, algún día, eficaz. Hoy así lo cree 57%, si bien hace dos años lo pensaba 74%: 17 puntos de diferencia. La decepción va al alza, y los costos directos e indirectos de la guerra contra el narco (imagen internacional, turismo, transacciones comerciales, economía fronteriza) también...
Editorial La Jornada..
Los hechos referidos dan cuenta de una convergencia entre la torpeza con que se conducen las corporaciones policiacas del país y una creciente tendencia represiva. Cierto, el Estado, en tanto detentador del monopolio de la fuerza y la violencia legítimas, tiene la facultad de ejercer, por conducto de sus cuerpos policiales, acciones coercitivas en contra de expresiones que pongan en riesgo la gobernabilidad y la seguridad pública. Pero esas condiciones difícilmente pueden encajar en las acciones emprendidas ayer por el SME –sobre todo en el caso de la subestación capitalina, en la que los electricistas despedidos en masa en octubre pasado pretendían, simplemente, colocar banderas de huelga en las instalaciones de LFC– y, en general, en el conjunto de las medidas adoptadas por un movimiento que se ha comportado, en términos generales, de manera pacífica y civilizada, y que ha manifestado en numerosas ocasiones su disposición a buscar la negociación con las autoridades. La ausencia de justificaciones al empleo violento de las fuerzas públicas durante las protestas de ayer exhibe, en el mejor de los casos, un inadmisible error de cálculo de los altos mandos policiales o, en el peor, la profundización del encono mostrado por el gobierno calderonista contra los electricistas.
El episodio ocurrido en el centro de esta capital arroja una perspectiva lamentable para la PF, corporación que desde su creación, en el sexenio antepasado, ha sido presentada por el discurso oficial como un modelo de profesionalismo
, y que tendría, en todo caso, que desempeñarse con conocimiento del entorno en el que actúa, a efecto de provocar las menos afectaciones posibles a los ciudadanos. Si la consigna era disipar la protesta del SME, los elementos de la PF tenían el deber de informarse sobre la cercanía entre el lugar donde se desarrolló el operativo y los centros infantiles referidos: si lo ignoraban, los mandos de esa corporación incurrieron en una falta de preparación inexcusable, que puso en riesgo la integridad física de cientos de menores; y si, por el contrario, actuaron a sabiendas de la proximidad de esas instalaciones, entonces la sociedad tendría sobradas razones para temer y repudiar a la policía.
Sea como fuere, la conducta de los uniformados extiende entre los habitantes una percepción de descuido oficial ante la vida de los ciudadanos comunes. Tal percepción se ha agudizado ante la incapacidad de garantizar la seguridad de la gente en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada
lanzada por el gobierno federal y, en especial, con la tragedia ocurrida hace más de nueve meses en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde 49 niños y niñas murieron durante un incendio que sigue sin ser plenamente esclarecido, y cuyos responsables institucionales y empresariales se han visto beneficiados con una lentitud en la procuración de justicia muy parecida al encubrimiento.
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