Exigen justicia por feminicidio en Ciudad Juárez
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 16 mar. 10 (CIMAC).- La sociedad civil en Ciudad Juárez, reiteró hoy la exigencia de justicia para las mujeres víctimas de feminicidio, y repudió la militarización de la entidad que se ha traducido en una escalada de agresiones contra la sociedad, asesinatos, ejecuciones y desapariciones por parte de los elementos del Ejército mexicano.
En el marco de la tercera visita de Felipe Calderón Hinojosa a la entidad, Olga Esparza y Patricia Cervantes, en representación de las hijas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, refirieron que desde marzo de 2008, cuando inició el Operativo Conjunto Juárez, el Ejército ha reconocido 732 casos de abusos cometidos por militares.
Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recabó cerca de 200 denuncias de abusos de soldados, recién informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su informe Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual.
En este documento, también señalan que desde que se abrió la Oficina para la atención de quejas y denuncias sobre el Operativo Conjunto Juárez, en marzo de 2009, se han registrado en promedio tres quejas al día en contra del Ejército y la policía federal.
Al igual que las víctimas de violencia en Juárez, y las organizaciones defensoras de derechos humanos del país, integrantes del Parlamento Europeo (PE) han manifestado su rechazo a la política de militarización, que Calderón Hinojosa emprendió en el país durante el primer trimestre de 2008.
La posición del Grupo Verde del PE reprobó el despliegue de miles de militares en México, debido a que “contribuye en gran medida a la escalada de violencia en el país”.
Refieren el aumento de desapariciones forzadas, homicidios “ilegítimos”, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual en contra de las mujeres, y detenciones arbitrarias, cometidas por elementos del Ejército, y manifiestan su consternación por el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en el país.
De igual modo, la representación del PE se pronunció porque el gobierno de México “se abstenga de seguir militarizando el país”, ya que se ha demostrado que es un “medio inadecuado para luchar contra la delincuencia organizada”.
En medio de este clima de violencia Calderón Hinojosa regresó hoy a Juárez luego de que el sábado pasado asesinaron a la funcionaria del consulado general de Estados Unidos en esta frontera Lesley A. Enríquez, a su esposo Arthur H. Redelf y a Jorge Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra funcionaria de esa representación diplomática.
El propósito de la visita de Calderón es verificar “los avances” del programa Todos somos Juárez, que recién implementó en esa ciudad fronteriza, y poner en marcha el Programa Oportunidades urbano.
La inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un problema latente que se incrementó con la entrada de miles de militares y policías federales, en marzo de 2008. “La gente le tiene miedo a los soldados”, coincidieron las madres de mujeres asesinadas, y de jóvenes ejecutados y desaparecidos por elementos del Ejército mexicano.
Gloria Zúñiga, mamá de Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga quienes desaparecieron hace un año y cuatro meses tras ser detenidos por militares, reprobó la política del primer mandatario por ser contraria al bienestar de la población juarense.
Cabe mencionar que desde la primera visita de Calderón Hinojosa a Ciudad Juárez, el pasado 11 de febrero, luego de que el 31 de enero fueron ejecutados 15 adolescentes y jóvenes, se han registrado 227 homicidios en la ciudad fronteriza según información difundida por diarios locales.
La señora Zúñiga manifestó que Juárez no está en guerra los militares deben salir de las calles, pues en lugar de que ayuden a que se mantenga el orden “hay más muertos y desaparecidos como mis hijos”.
Carlos y José Luis, de 28 y 29 años de edad, desaparecieron el 14 de noviembre de 2008, desde entonces su madre no ha vuelto a verlos, a pesar de denunciar su detención arbitraria ante las autoridades correspondientes, y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría General de la República que investigara el hecho.
Gloria Zúñiga aseguró que tienen los documentos que prueban que sus hijos fueron desaparecidos por elementos del Ejército mexicano, por lo que exige a Calderón Hinojosa que “me devuelvan a mis hijos, aunque sea que avienten ahí los cuerpos para saber donde están”, reclamó la juarense.
Aseveró que desde la desaparición forzada de Carlos y José Luis, quienes ahora tienen 30 y 31 años de edad, “no hemos descansado, y no voy a dejar de buscarlos hasta que aparezcan”, advirtió.
A su deseo de justicia se suma el de Luz María Dávila, madre de José Luis y Marcos Piña Dávila, de 16 y 19 años de edad, respectivamente, ejecutados en el barrio Villas de Salvárcar, Chihuahua, el pasado 31 de enero.
En dicha fecha, un grupo armado irrumpió en una fiesta de estudiantes juarenses y acribilló a 28 personas, de las que 15 jóvenes murieron, dos de ellos eran los hijos de Luz María, quien el fin de semana pasado manifestó que la tragedia por la que atraviesa su familia se debe a la “fallida” política de seguridad calderonista.
Durante el foro Movimiento con madres, que se celebró en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el fin de semana pasado, la señora Dávila reiteró que “si no pueden (el gobierno federal), que dejen sus lugares para que otros nos defiendan”.
Al respecto, Patricia Dávila, tía de Marcos y José Luis refirió que ninguno de los tres niveles de gobierno les ha dado respuesta.
Para este gobierno, los culpables son las víctimas “a las mujeres las asesinan por ser prostitutas y a los jóvenes por ser pandilleros”.
Y agregó que a la administración calderonista “le salen más baratas las balas, que la educación para la juventud de Juárez”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario