Parece que el desprestigio de los políticos y el desencanto ciudadano no tienen fondo. Sin duda, el circo que se montó en el Congreso la semana pasada por el pacto mafioso entre el PRI y el PAN, fue una pieza más que se suma al poco aprecio que la ciudadanía tiene por los políticos. Casi al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una restricción de facultades a la Comisión de Derechos Humanos en materia de transparencia para conocer los expedientes de la Procuraduría General de la República. Sin duda, son malas noticias para la democracia mexicana.
Además de un clima creciente de inseguridad que acumula todos los días más muertos, como los de este fin de semana en ciudad Juárez y en Acapulco, tenemos un desempeño económico que no termina de salir adelante. Por si fuera poco, la clase política se da el lujo de darnos dos días seguidos de un show parlamentario lamentable y una parte de las instituciones deciden reducir el espacio de la transparencia. Estas piezas ubican al país en una cada vez más lejana e inalcanzable normalización democrática.
El Congreso se convirtió en un circo que no hizo reír y los diputados lograron durante dos días recrear la metáfora cirquense que describe José Saramago en su libro El Cuaderno: “la proeza de hacer el ridículo con patéticos perros vestidos con faldas, focas aplaudiendo con las aletas, caballos empenachados, monos en bicicleta, leones atravesando aros, mulas entrenadas para perseguir figurantes vestidos de negro, elefantes haciendo equilibrios sobre esferas de metal móviles”.
Ante este tipo de acciones no podemos sorprendernos cuando los números de cualquier medición nos dan cifras contundentes de lo que piensa la ciudadanía sobre la política y sus actores. Los grados de insatisfacción sobre la democracia han subido de forma preocupante: una encuesta reciente de EL UNIVERSAL (9/III/2010), nos indica que un 69% de los ciudadanos están insatisfechos con la forma en la que funciona la democracia en el país. Hace unos meses Latinobarómetro publicó un dato similar: en México sólo un 28% de los ciudadanos están satisfechos con la democracia, cuando el promedio en América Latina es de 44%, mientras hay países como Uruguay en donde la satisfacción llega a un 79%.
Lo que hemos visto en estas semanas es poco alentador para salir del círculo vicioso en el que está atrapado el país. Las alianzas entre PAN y PRD y la publicación del pacto mafioso entre PRI y PAN, son un indicador de las prioridades de la clase política. La posibilidad de cualquier reforma estará subordinada a los cálculos y estrategias del escenario electoral de 2010 y 2011, como la plataforma de lucha para la próxima sucesión presidencial. Una pregunta que flota en el ambiente es si con este nivel de crispación política podrá haber alguna reforma importante, ya sea en el ámbito político, laboral, de medios de comunicación y telecomunicaciones o en materia fiscal. La respuesta es cada vez más incierta. No sabemos si el desprestigio y el desencanto sean incentivos suficientes para generar algunos consensos reformadores mínimos que puedan oxigenar el clima político del país, que cada día está más intoxicado.
Quizá se ha equivocado de nuevo la clase política porque parece que no pueden hacer al mismo tiempo reformas legislativas importantes, que transformen este sistema político —que tiene graves deficiencias en la representación y una deficitaria rendición de cuentas—, y librar una lucha electoral intensa para mantener los espacios de poder. Pero, de lo que no hay dudas es que si llegamos a la próxima sucesión presidencial con un país completamente atrapado en un círculo vicioso, el escenario de un mejor futuro estaría seriamente comprometido. Calcular que la pura elección presidencial será suficiente para oxigenar el clima político y recuperar el prestigio perdido en estos años, es un mal cálculo. ¿Podremos salir del círculo vicioso?
Investigador del CIESAS..
Los legisladores de ambos partidos se repartieron calificativos e improperios a diestra y siniestra, tratando de justificar lo injustificable: Con la anuencia del secretario de Gobernación, constituido en testigo de honor, ambos partidos suscribieron un acuerdo en el que el PRI compromete su voto a favor del alza de impuestos a cambio de impedir alianzas electorales entre PAN y PRD. Es decir, el PRI acepta asumir el costo del incremento en los impuestos a cambio de mantener la impunidad con la que actúan los gobernadores priístas convertidos en señores feudales.
Esta farsa legislativa puso al descubierto no solamente el documento pactado en “lo oscurito”, sino la profunda irresponsabilidad con que Felipe Calderón asume decisiones que impactan en los destinos del país. Por un lado, refrenda un pacto —aunque después diga que no estaba enterado— con el partido que lo invistió de legitimidad, el PRI, y por otro promueve alianzas con su acérrimo adversario, el PRD, en un doble juego que a nadie engaña y conduce a la ingobernabilidad.
Al calor de acusaciones y diretes, de nueva cuenta el PRI señala que Felipe Calderón es ilegítimo, que no ganó las elecciones y que gracias al reconocimiento priísta asumió el gobierno, a lo que nos referiremos en otra oportunidad en este espacio.
La secuela de tan penoso debate, constituye un mayor demérito de la Cámara de Diputados. Mucho se ha cuestionado sobre la credibilidad y aceptación de las instituciones públicas, de los políticos y sus partidos. Encuestas recientes dan cuenta del profundo descrédito del Poder Legislativo. Consulta Mitofsky coloca en enero de 2010 a los senadores, diputados y partidos políticos a la par de la policía con los niveles más bajos de confianza ante la ciudadanía. Por su parte IPSOS, en su encuesta de febrero, señala las mayores menciones negativas para los legisladores, 58por ciento para los diputados y 47 por ciento para senadores.
Ante ello los poderes fácticos se regocijan, pues ello abona en el descrédito del Congreso y en las campañas promovidas por éstos y sus televisoras, que buscan imbuir en la ciudadanía la convicción de que el Congreso no los representa; frena el desarrollo del país; de que los legisladores no trabajan, son muchos y cuestan caro, y que los diputados de representación proporcional deben desaparecer.
En el regocijo se encuentran los seguidores de Carl Shmitt, uno de los ideólogos del nacionalsocialismo, militante del partido nazi, quien escribía en 1923, durante el proceso de decadencia de la República Weimar y la gestación de las opciones totalitarias del fascismo, su rechazo a la democracia parlamentaria, la que consideraba incapaz para gobernar sociedades complejas ya que el parlamentarismo lo entendía como un sistema en el que todos los asuntos públicos son objeto de botines y compromisos entre los partidos, los que ya no se enfrentaban entre ellos como opiniones que discuten, sino como grupos de interés y poder social y económico, que calculan los intereses mutuos y asumen compromisos para alcanzarlos, en tanto se ganan a las masas mediante la propaganda que apela a las pasiones. Esta visión desembocaría en 1933 en el incendio del Reichstag, sede oficial del parlamento alemán.
En descargo de la Cámara de Diputados cabe señalar que, nos guste o no, este órgano de representación popular refleja en lo fundamental la composición y el estado de ánimo social en nuestro país. En ella están representadas la mayor parte de las expresiones políticas de México, incluidos los grupos de interés, quienes incluso cuentan, como el caso de las televisoras, con su propia bancada, así que si bien es cuestionable el tipo de debates y el comportamiento de los legisladores, también es preciso reconocer que la Cámara es fiel reflejo del país que tenemos.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Este año se efectuarán comicios en los estados de Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Baja California, Chiapas y Quintana Roo, que representan poco más de 40 por ciento del padrón electoral nacional. Estarán en juego 12 gubernaturas, mil 533 alcaldías y 309 diputaciones locales.
Un año antes, en las elecciones intermedias para renovar diputados federales, el Partido Acción Nacional (PAN) sufrió un fuerte descalabro. El triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en lo general, y de Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, en lo particular, hicieron anticipar a diversos analistas la inminencia del triunfo tricolor en los comicios presidenciales de 2012.
Para ganar espacio y recuperar la iniciativa política, Felipe Calderón maniobró en tres direcciones. Primero, orientó su política exterior hacia una mayor y más estrecha colaboración con los países de América Latina y el Caribe. Segundo, propuso –sin consensuarlo previamente con las otras fuerzas– una nueva reforma política, que reconoce las candidaturas ciudadanas y la relección de representantes populares, pero olvida el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y los medios de comunicación. Y tercero, promovió la realización de alianzas electorales con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia) en varios comicios estatales.
La alianza PAN-PRD con otros partidos camina en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa. Allí, el tricolor triunfó en las federales de julio de 2009. Salvo el caso de Xóchitl Gálvez en Hidalgo, los postulados por la coalición no son figuras panistas ni perredistas. En Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa los candidatos a gobernador aprobados o por acordarse por parte de la coalición blanquiazul-sol azteca son o fueron priístas.
El duranguense José Rosas Aispuro renunció al Revolucionario Institucional apenas el 30 de enero de 2010. Rafael Moreno se separó de ese partido por los escándalos del góber precioso y fue postulado senador por Acción Nacional en 2006. Aunque es militante de Convergencia, Gabino Cué forma parte, desde hace muchos años, de la corriente del ex gobernador de Oaxaca y ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, quien renunció al PRI y se adhirió al PAN. El sinaloense Mario López Valdez firmó su renuncia el pasado 24 de febrero a la posibilidad de contender por la candidatura del tricolor y ha confesado su interés por ser abanderado de la alianza opositora.
Las alianzas electorales entre la izquierda y la derecha han sido justificadas por el PRD con el argumento de que son un medio para terminar con los cacicazgos políticos del PRI en diversos estados de la República. Sin embargo, no se realizaron en entidades donde esos cacicazgos existen, como Tamaulipas (donde el PRD coqueteó con la idea de postular a Lino Korrodi) o Veracruz (donde el PAN apostó a una pelea de fango postulando a Miguel Ángel Yunes). En los hechos, el frente antitricolor es una coalición anti Enrique Peña Nieto. En todas las entidades en las que el sol azteca y los blanquiazules van juntos, el mandatario del estado de México tiene una enorme ascendencia entre los candidatos de su partido.
Las alianzas electorales PAN-PRD no fueron pactadas con un contenido programático progresista. En caso de que triunfen, los candidatos propuestos no tienen compromisos públicos de emprender transformaciones sociales. Y, aunque los tuvieran, no hay garantía alguna de que cumplirían con su palabra. Las coaliciones tampoco generarán –salvo, quizás, en Oaxaca, donde todo está aún por verse– convergencias sociales capaces de modificar la correlación de fuerzas en los estados en favor del campo popular.
En cambio, en lo inmediato, las alianzas han dado al gobierno de Felipe Calderón un respiro frente a los descalabros electorales de su partido, la crisis económica y el empantanamiento de la guerra contra el narcotráfico. Simultáneamente han servido para fortalecer el liderazgo de Jesús Ortega dentro del PRD. El cuestionado dirigente del sol azteca tiene hoy el aire, los reflectores y el espacio político que no tuvo desde que el fraude electoral y la intromisión del IFE lo ungieron al frente de su partido.
Las alianzas electorales entre PAN y PRD tal como han sido pactadas son expresión de un conflicto entre las elites. Su efecto inmediato en muchos sectores de la población es aumentar la confusión y la desconfianza hacia la política institucional y los políticos tradicionales; reforzar la idea, ampliamente extendida, de que todos son iguales.
La principal característica de la oposición formal es su falta de independencia y lo que haría diferente una opción de opereta como la que existe, de una verdadera, no es la agresividad del lenguaje, los insultos y la descripción de que la oligarquía existe, sino la capacidad y madurez para proponer caminos distintos, construir opciones y definir cuál es el enemigo principal.
Una tarea fundamental de los que sustituyeron al PRI en los gobiernos era construir y defender como responsabilidad histórica la imposibilidad de regreso al viejo régimen. Esto no significaba ni eran necesarias alianzas electorales, pues en 2006 el viejo régimen se fue a un lejano tercer lugar, sino solamente establecer las nuevas reglas de la gobernabilidad para sustituir la vieja estructura por un funcionamiento moderno del Estado mexicano y sus instituciones. Para ello era necesario que las dos fuerzas principales, que en un momento gozaron de 70 por ciento de la representación legislativa, se pusieran de acuerdo en las reformas fundamentales para el cambio y la estabilidad, arrasando las viejas reglas escritas y no escritas que constituyeron la cultura priísta, anidada tanto en el Estado como en la sociedad.
El peligro central para la oligarquía era que uno de sus pilares políticos –sostén de los monopolios, proteccionismos, discrecionalidad, contratismo, exención fiscal, privilegios, control social y concesiones– estaba debilitado electoralmente y por tanto en la representación legislativa.
Frente al juego de tres, los dos de mayor fuerza se enfrentaron y convirtieron al PRI en el fiel de la balanza, regresándole la fuerza con el poder de veto, pues en esas condiciones la fuerza política del viejo régimen no podía unificar al país, pero sí impedir que se hiciera gobierno sin ellos.
Tras el repunte priísta en 2009, lo que no se hizo se convierte ahora en alianza electoral pragmática, en lucha ciega por el poder y reparto de los presupuestos. ¿Por qué hoy lo que se considera fundamental para derrotar al PRI en las gubernaturas no se hizo en 2006 bajo el concepto no de gobiernos, sino de un proyecto consecuente de transición?
Los pactos secretos y el intercambio de posiciones son el aborto de las reformas del Estado. Contra el PRI se alían PAN y PRD en lo electoral para disputar territorios en la carrera presidencial, pero hay pactos permanentes entre todos para defender el sistema de partidos, las concesiones, las exenciones y monopolios como ha sido el caso.
Las alianzas entre PRD y PAN no significan cambios cualitativos, sino salidas pragmáticas para que votemos por el menos peor. Es una competencia de clientelas y estructuras corporativas, no de democracia. Para la izquierda en lo particular, ha sido la claudicación en la lucha por la democracia y los derechos ciudadanos y una contribución al retraso del país y su descarrilamiento.
Ya no basta y no es posible seguir bajo los mismos términos de la oposición política subordinada a las encuestas, el barajar de personajes en pos de candidaturas, midiendo en mítines lo que significa vacío de programas y propuestas. La construcción de una opción verdadera debe ser colectiva, de ideas y programas, trabajando por la unidad conceptual y la integridad política. Son tiempos de empezar de nuevo, de sembrar, y no de reconocimientos o posicionamientos personales, que bajo estas reglas no significan cambio de nada, sino sustitución de un mal por otro.
Hoy, la oligarquía se mantiene sólo por la falla intelectual de la oposición crecida, pero ineficiente; capaz de cuestionar, pero incapaz de unificar al país, definiendo un rumbo distinto. La oposición simulada, funcional para el sistema de partidos, es ya inservible para resolver la cuestión nacional.
La búsqueda de alternativas pasa por definir en lo conceptual el significado de progresismo, democracia, cambio, reformas, diagnóstico y propuestas en las condiciones actuales. Impugnar siglas es fácil; deslindar en los hechos intereses particulares de los generales es difícil. Reivindicar la política necesariamente pasa por sujetar la práctica a la ética y los principios.
Si del sectarismo se pasó al oportunismo; si de la polarización se fue al pragmatismo, y hoy se hace política sobre las cenizas de las posibilidades quemadas, la opción es regresar a una política de principios, pensando un nuevo país, haciendo de las reglas y condiciones actuales una crisis.
La liberación nacional es una necesidad en todos los sentidos. La reconstrucción es ya exigencia táctica y estratégica, o salida autoritaria.
El próximo 18 de marzo, fecha de logros y definiciones nacionales, más la llegada de la primavera tras el largo invierno de enfrentamientos y violencia, es el momento para hacer pronunciamientos de fondo ante la crisis que vive el país.
Alianzas y acuerdos políticos son cosa de todos los días en todas partes del mundo. Abiertos o en lo oscurito. No hay novedad.
Ahora está de por medio la elección presidencial de 2012 y los partidos buscarán por todos los medios aprovechar el menor resbalón de cualquiera, para acarrear agua a sus respectivos molinos.
Se puso en el centro de los encendidos e indignados debates el arreglo secreto
para aprobar en la Cámara baja un aumento a diversos impuestos. Es el caso de que más allá de las condiciones reales del arreglo secreto
, hubo un acuerdo público entre el PRI y el PAN para aprobar un paquete fiscal que no fue el propuesto por Calderón, sino el formulado por el PRI. Hasta aquí, si el acuerdo secreto fue el paquete fiscal, no tiene la más mínima importancia puesto que hubo un acuerdo público sobre el tema. Nava, sin embargo, acusa al PRI de incumplimiento de lo pactado, que no se entiende sino como el haber aprobado unas reformas fiscales distintas de las propuestas por Calderón. Pero resulta incomprensible reclamar por algo que, finalmente, también aprobó el PAN. ¿Quién explica esto?
Ocurre, de otra parte, que el papelito llamado Convenio que firmaron las partes
, no contiene el que Nava llama compromiso incumplido por el PRI. La cláusula cuarta del Convenio (de seis que contiene el documentillo) refiere que tanto los representantes del PAN como los del PRI se obligan a no hacer alianzas con partidos distintos a su ideología y principios que sean contrarios a sus respectivas declaraciones. La obligación del PRI de aprobar un determinado paquete fiscal no aparece por ningún lado. ¿Quién explica la arrebatada indignación de Nava por el incumplimiento del Convenio por parte del PRI?
Para acabarla…, el secretario de Gobernación firma el convenio como testigo de honor, y desmiente públicamente a Nava, en el sentido de que el Convenio hubiera sido a cambio de un aumento de impuestos, sino que fue, como dice Paredes que es, un convenio de gobernabilidad. Por su escueto contenido, ni con la mayor imaginación puesta sobre la importancia de mantener supuestamente separadas ideologías distintas, ve uno que el Convenio sea un pacto de gobernabilidad. Nava afirma una cosa, y en cambio los supuestamente contrarios ideológicamente Paredes y Gómez Mont coinciden y afirman la misma tesis de sentido para el convenio. ¿Quién puede explicar esto?
Si en las palabras que se lleva el viento hubo un compromiso de Paredes, Nava sufrió una auténtica novatada. ¿Pero también la sufrió Gómez Mont?
Uno puede entender que para proteger a Calderón de la chamaqueada priísta, Gómez Mont diga que era un pacto de gobernabilidad, aunque eso deje colgado de la brocha nada menos que al Presidente del Partico Acción Nacional en el poder. Peor aún, ¿cuál es el sentido del pacto de gobernabilidad en el estado de México? Más allá de las intenciones que con ello pudiera haber tenido el responsable de la gobernación interna del país, ese pacto protege al aún puntero priísta candidato a la presidencia de la República; puntero en su partido y puntero en el conjunto de los partidos. ¿Gómez Mont a favor de Peña Nieto? ¿Se trata de intentar algo similar a la antigua práctica venezolana de un bipartidismo (cada vez más corrupto) entre el Comité de Organización Política Electoral (Copei) y Acción Democrática que se traspasaban el poder político de común acuerdo, aunque no todos los panistas, ni mucho menos, están de acuerdo con ello? ¿Acción Nacional quiere salir del poder a como dé lugar por su impotencia manifiesta para gobernar? ¿Quiere Calderón contribuir a asegurar que sea el PRI el que herede el poder? ¿Quién puede explicar las explicaciones de Gómez Mont?
El show de dos días en la Cámara baja puso al descubierto lo que siempre ha existido en todas partes: acuerdos y alianzas secretos entre formaciones partidistas. Pero mostró también una lamentable gran cantidad de fisuras y fracturas en un PAN que, habiendo sido toda su vida un partido de cuadros, intentar convertirse en un partido de masas una vez llegado al poder, el engrudo político interno lo está derrotando. A veces parece que los verdaderos panistas
no tienen vocación de poder, y quisieran volver a la senda indicada por unos de sus ideólogos más respetados, Manuel Gómez Morín, que veía en su lucha política una brega de eternidad
. Se vale cualquier lectura de este pensamiento tan cercano a tantos panistas, pero una de estas lecturas es su vocación por ser por siempre oposición.
Las izquierdas, en tanto, parecen decididas a buscar hacerse con el poder de una buena vez por todas. Los datos actuales del corto plazo, no les dan esa posibilidad. Se deben a sí mismas una reflexión sobre cómo crecer consistentemente en el seno de la sociedad, para buscar un día, con solidez, gobernar este país y buscar nuevos rumbos para el mismo.
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