Editorial EL UNIVERSAL
La violencia dentro de México, sus instituciones debilitadas y el oportunismo de los criminales, convirtió los caminos del país en zona de nadie... La descripción anterior encaja lo mismo en la ingobernabilidad de mitad de siglo XIX, que la de hoy día en estos últimos años del siglo XXI.
Cuenta el historiador Lorenzo Meyer en su artículo La nación de los bandidos, que en 1823, la creciente inseguridad en la vía México-Veracruz llevó a una escalada en las medidas contra el crimen. “Se le dio poder al Ejército para arrestar y procesar a los salteadores de caminos. Los militares podían proceder directamente contra las cuadrillas sin necesidad de la intervención de un juez”.
La historia se está repitiendo. Es tanta la inseguridad en nuestras carreteras hoy en día, que en este próximo periodo vacacional, los migrantes mexicanos que visiten a su familia serán custodiados por el Ejército.
El miedo está justificado. Anteayer, tres familias de michoacanos de Mercedes, California, Estados Unidos, fueron baleadas por criminales en la carretera México-Nogales, cuando se disponían a visitar su tierra de origen. Todo para arrebatarles sus vehículos.
Ojalá hubiera otras alternativas, pero ¿qué otra institución tiene la capacidad en este país de proteger a la población? Esa es la tragedia de fondo. Es por ello que existen en otros países las Guardias Nacionales. El problema en México es que se teme, con justificación, que un cuerpo de tales características se convierta en un foco más de desertores hacia la delincuencia organizada. Ya pasó con otras corporaciones.
El asalto en los caminos es un fenómeno universal y antiguo que se ha presentado en toda sociedad que llega a cierto punto de incertidumbre o de pobreza. Ha inspirado relatos heroicos como el de Robin Hood, o en México, Los bandidos de Río Frío. El agravante en el caso de este país, es que los salteadores actuales no son campesinos en busca del sustento, ni pequeñas agrupaciones de bandoleros de poca monta. Se trata de organizaciones paramilitares, violentas y con rasgos empresariales, que no tienen empacho en disputar al Estado sus funciones más básicas, como el cobro de impuestos.
Ahora se vigila a los migrantes, ¿habrá después soldados en los cajeros automáticos para proteger a la gente de ser secuestrada al recibir sus aguinaldos? Hay que hacer lo necesario para proteger a las personas, pero esas no son soluciones de fondo. La propia historia de México ofrece la solución de largo plazo: pacificar el país a través del impulso económico y la fortaleza de sus instituciones civiles.
Cuenta el historiador Lorenzo Meyer en su artículo La nación de los bandidos, que en 1823, la creciente inseguridad en la vía México-Veracruz llevó a una escalada en las medidas contra el crimen. “Se le dio poder al Ejército para arrestar y procesar a los salteadores de caminos. Los militares podían proceder directamente contra las cuadrillas sin necesidad de la intervención de un juez”.
La historia se está repitiendo. Es tanta la inseguridad en nuestras carreteras hoy en día, que en este próximo periodo vacacional, los migrantes mexicanos que visiten a su familia serán custodiados por el Ejército.
El miedo está justificado. Anteayer, tres familias de michoacanos de Mercedes, California, Estados Unidos, fueron baleadas por criminales en la carretera México-Nogales, cuando se disponían a visitar su tierra de origen. Todo para arrebatarles sus vehículos.
Ojalá hubiera otras alternativas, pero ¿qué otra institución tiene la capacidad en este país de proteger a la población? Esa es la tragedia de fondo. Es por ello que existen en otros países las Guardias Nacionales. El problema en México es que se teme, con justificación, que un cuerpo de tales características se convierta en un foco más de desertores hacia la delincuencia organizada. Ya pasó con otras corporaciones.
El asalto en los caminos es un fenómeno universal y antiguo que se ha presentado en toda sociedad que llega a cierto punto de incertidumbre o de pobreza. Ha inspirado relatos heroicos como el de Robin Hood, o en México, Los bandidos de Río Frío. El agravante en el caso de este país, es que los salteadores actuales no son campesinos en busca del sustento, ni pequeñas agrupaciones de bandoleros de poca monta. Se trata de organizaciones paramilitares, violentas y con rasgos empresariales, que no tienen empacho en disputar al Estado sus funciones más básicas, como el cobro de impuestos.
Ahora se vigila a los migrantes, ¿habrá después soldados en los cajeros automáticos para proteger a la gente de ser secuestrada al recibir sus aguinaldos? Hay que hacer lo necesario para proteger a las personas, pero esas no son soluciones de fondo. La propia historia de México ofrece la solución de largo plazo: pacificar el país a través del impulso económico y la fortaleza de sus instituciones civiles.
Ana Arana
México, rumbo al silencio
“Llegó una carta”, le dijo su madre una noche después del trabajo. Cuando revisó el sobre, el periodista de Valle del Me
zquital, en Hidalgo, se enteró de que estaba invitado a una fiesta privada en el rancho Santa Inez de Tepeji del Río, el 14 de febrero, Día de los Enamorados. “Habría alcohol, mujeres y regalos para todos los asistentes, sin costo alguno”, contó el reportero. Y en la fiesta una voz paró la música y dijo: “Esto es para todos los asistentes, disfrútenlo: las mujeres, el alcohol y los regalos; la condición es que no se metan en los negocios”.
Los Zetas habían llegado al estado de Hidalgo y así informaban a la prensa local de la nueva ley vigente.
De Matamoros a Pachuca, de Ciudad Juárez a Sinaloa, la información que se publica sobre la guerra de la droga no suele depender del editor a cargo. Muchas veces, se define en un pacto —verbal o tácito— logrado a punta de pistola entre los medios de algunos estados y las organizaciones de narcotraficantes que dominan el área. Esos apagones informativos son lo que ha impedido a México ver las señales de alerta, tan obvias como la fiesta del 14 de febrero, que marcan el avance de la epidemia.
La Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación (MEPI) monitoreó durante los primeros meses del año los siguientes diarios: El Noroeste (Culiacán), Norte (Ciudad Juárez), El Norte (Monterrey), El Dictamen (Veracruz), Mural (Guadalajara), Pulso (San Luis Potosí), El Mañana (Nuevo Laredo), El Diario de Morelos y Milenio (edición nacional e Hidalgo). El análisis compiló todos los artículos que mencionaban palabras clave para hablar de la violencia de la droga: “narcotráfico”, “comando armado”, “cuerno de chivo”, etc. No fue posible comparar estos resultados con estadísticas oficiales de criminalidad, ya que las pocas que existen se contradicen, pero MEPI contrastó el total de artículos publicados con el número de ejecutados en cada ciudad. Esta comparación permite ver cuánto calla la prensa en cada una de las ciudades que más sufren la violencia de la droga en México.
Los resultados son reveladores: en la mayoría de ciudades estudiadas, la población se entera de sólo uno de cada 10 sucesos relacionados con el narcotráfico. No es que las páginas de noticias policiales estén vacías, sino que los periódicos se enfocan en delitos menores o hechos que no tengan que ver con el mundo de la droga.
En Juárez, por ejemplo, los sicarios de los cárteles de Juárez y de Sinaloa que se disputan la plaza asesinaron un promedio de 300 personas por mes en la primera mitad de 2010. Pero un monitoreo del influyente periódico local Norte mostró que los cárteles aparecían en sólo 30 artículos por mes, según el análisis de MEPI.
“No sacamos 80% de la información,” estima Alfredo Quijano, editor de Norte, de hecho, no publican 90% de las historias, según las cifras de esta investigación, ya que publican sólo 30 de 300 incidentes. “Nuestras notas son más simples ahora; ya no damos seguimiento”, agrega. “Ahora el seguimiento es de un día”.
En Veracruz, un diario que intentó tenazmente escribir acerca de eventos relacionados con el narco sufrió el secuestro de uno
de sus reporteros, como amenaza, que después fue liberado. El periódico hoy en día reporta poco acerca de narcoviolencia, según el análisis de la MEPI.
En Monterrey, el legendario periódico El Norte —cuyo director Alejandro Junco se exilió hace dos años en Austin tras recibir amenazas— publica sólo de 5 a 10% de las ejecuciones que ocurren en el estado. Un alto ejecutivo del periódico se sorprendió de que el número fuera tan bajo, ya que “muchas veces parece que el periódico está lleno de historias de narcotráfico”.
En Hidalgo, se podría decir que la fiesta de los presuntos zetas cumplió su cometido de mantener a la prensa en silencio. Recién en octubre de 2010, México se enteró a través de un diario capitalino de la existencia en Pachuca de una capilla financiada por el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, casi un año antes. La bonita está a una hora del DF y a 200 metros de un cuartel militar, pero hasta hace poco casi nadie afuera del barrio sabía de ella. Irónicamente, el jefe de Los Zetas, nacido en Hidalgo, no ocultó su donación generosa, a pesar de ser uno de los sospechosos más buscados de México. Su nombre quedó estampado en una placa de inauguración de noviembre de 2009: “Centro de Evangelización Catequecis (sic) ‘Juan Pablo II’. Donado por Heriberto Lazcano Lazcano”.
Ocho periodistas del norte de Tamaulipas relataron a MEPI que Los Zetas y el cártel del Golfo los citan en forma periódica a reuniones en que les dan directivas sobre qué deben cubrir y qué no. Algo similar sucedía en Coahuila. Poco después de que Los Zetas tomaron el control de una localidad de ese estado hace unos años, el nuevo jefe de la plaza comenzó a exigir al director de un periódico que le acercara a su carro la portada que planeaba para el día siguiente.
Hoy, los territorios que controlan Los Zetas y el cártel del Golfo son donde más aturde el silencio de la prensa. Según el análisis de MEPI, los medios de esas regiones difunden apenas entre 0% y 5% de los incidentes de narcoviolencia.
En julio, unos sicarios secuestraron en Torreón a tres periodistas locales y uno de la televisión nacional. La prensa mexicana e internacional se paralizó, temerosa de que fueran asesinados. Pero un periodista sinaloense contó a MEPI que, cuando se enteró que los secuestradores eran hombres del cártel de Sinaloa, supo que los comunicadores no iban a morir. No es que haya cárteles buenos o malos, sólo hay diferentes maneras de controlar a la prensa. Asesinar a periodistas no es el estilo de esa organización, dijo el reportero.
El grupo de Sinaloa domina hace 30 años la región de producción de cocaína y mariguana en esa entidad. Su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, es uno de los mexicanos más ricos, según el ranking de la revista Forbes. La prensa en su tierra entiende que la mejor manera de funcionar es una detente, un pacto de no agresión, en que no se publican nombres ni detalles del funcionamiento de los cárteles a cambio de poder trabajar en paz, dijo un ex funcionario de la PGR.
Aunque los periodistas de la región también tienen límites a lo que pueden publicar, dijo el reportero, “El Chapo aún no ha cruzado la línea de matar a periodistas”. Dentro de esos límites, el estudio de MEPI mostró que El Noroeste de Culiacán es uno de los diarios que publica uno de los porcentajes más altos de noticias sobre incidentes de narcoviolencia, alrededor del 30%.
Este año, una ola de muertes y desapariciones de periodistas en los estados más calientes de la guerra de la droga por fin llamó la atención de la sociedad nacional, incluidos los medios capitalinos. Pero hacía más de 20 años que algunos sectores advertían del peligro. En 1986, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa publicó en diarios capitalinos una lista de 26 periodistas asesinados desde 1971 y pidió al gobierno que protegiera a los comunicadores de los criminales y de la gente poderosa. (Hoy esa cifra queda chica al lado de los 30 desaparecidos y muertos desde diciembre del 2006).
Una pregunta salta a la vista: ¿por qué la prensa de la capital y otras instituciones nacionales no prestaron atención antes a la situación de los periodistas en riesgo? Hay una arrogancia del DF hacia aquí”, dijo Quijano, director del juarense Norte, quien lamentó que no se hagan esfuerzos para crear redes de colaboración entre la capital y los estados. El secuestro de los periodistas de Torreón causó que la prensa nacional dijera “basta”, pero los periodistas provinciales subrayaron que uno de los plagiados era empleado de la televisora más grande del país. Quijano afirmó: “A Juárez han venido más corresponsales extranjeros que periodistas del DF”.
A esto se suma la crisis económica que intentan capear los medios, grandes y chicos, de todo el país. Algunos medios nacionales redujeron el número de corresponsales en los estados y su cobertura sufrió las consecuencias, también muchos medios locales dependen de la publicidad oficial de gobiernos que no quieren ver una mala imagen de su estado en los periódicos. “Nosotros perdimos 70% de la publicidad”, contó Quijano. “Tuvimos que cortar la sección policiaca de dos páginas a una. Recortamos personal, pero sobrevivimos”.
Esas debilidades sistémicas impidieron ver cómo, mientras tanto, el poder del narco avanzaba de estado en estado y los periodistas de cada región sufrían diferentes métodos de presión para mantenerse en silencio. Los agujeros negros informativos se esparcían por el mapa mexicano y la sociedad nacional no prestaba atención a las señales, hasta este año. “Se dejó crecer el problema”, dijo un periodista experimentado de Veracruz. “Nadie del centro vino a reportear sobre los temas en las provincias”.
“Existen reproches desde el centro porque los medios en provincia se han silenciado”, agregó, “pero, ¿cómo nos pueden culpar, si ellos no conocen la realidad?”.
Directora de la Fundación MEPI
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zquital, en Hidalgo, se enteró de que estaba invitado a una fiesta privada en el rancho Santa Inez de Tepeji del Río, el 14 de febrero, Día de los Enamorados. “Habría alcohol, mujeres y regalos para todos los asistentes, sin costo alguno”, contó el reportero. Y en la fiesta una voz paró la música y dijo: “Esto es para todos los asistentes, disfrútenlo: las mujeres, el alcohol y los regalos; la condición es que no se metan en los negocios”.Los Zetas habían llegado al estado de Hidalgo y así informaban a la prensa local de la nueva ley vigente.
De Matamoros a Pachuca, de Ciudad Juárez a Sinaloa, la información que se publica sobre la guerra de la droga no suele depender del editor a cargo. Muchas veces, se define en un pacto —verbal o tácito— logrado a punta de pistola entre los medios de algunos estados y las organizaciones de narcotraficantes que dominan el área. Esos apagones informativos son lo que ha impedido a México ver las señales de alerta, tan obvias como la fiesta del 14 de febrero, que marcan el avance de la epidemia.
La Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación (MEPI) monitoreó durante los primeros meses del año los siguientes diarios: El Noroeste (Culiacán), Norte (Ciudad Juárez), El Norte (Monterrey), El Dictamen (Veracruz), Mural (Guadalajara), Pulso (San Luis Potosí), El Mañana (Nuevo Laredo), El Diario de Morelos y Milenio (edición nacional e Hidalgo). El análisis compiló todos los artículos que mencionaban palabras clave para hablar de la violencia de la droga: “narcotráfico”, “comando armado”, “cuerno de chivo”, etc. No fue posible comparar estos resultados con estadísticas oficiales de criminalidad, ya que las pocas que existen se contradicen, pero MEPI contrastó el total de artículos publicados con el número de ejecutados en cada ciudad. Esta comparación permite ver cuánto calla la prensa en cada una de las ciudades que más sufren la violencia de la droga en México.
Los resultados son reveladores: en la mayoría de ciudades estudiadas, la población se entera de sólo uno de cada 10 sucesos relacionados con el narcotráfico. No es que las páginas de noticias policiales estén vacías, sino que los periódicos se enfocan en delitos menores o hechos que no tengan que ver con el mundo de la droga.
En Juárez, por ejemplo, los sicarios de los cárteles de Juárez y de Sinaloa que se disputan la plaza asesinaron un promedio de 300 personas por mes en la primera mitad de 2010. Pero un monitoreo del influyente periódico local Norte mostró que los cárteles aparecían en sólo 30 artículos por mes, según el análisis de MEPI.
“No sacamos 80% de la información,” estima Alfredo Quijano, editor de Norte, de hecho, no publican 90% de las historias, según las cifras de esta investigación, ya que publican sólo 30 de 300 incidentes. “Nuestras notas son más simples ahora; ya no damos seguimiento”, agrega. “Ahora el seguimiento es de un día”.
En Veracruz, un diario que intentó tenazmente escribir acerca de eventos relacionados con el narco sufrió el secuestro de uno
de sus reporteros, como amenaza, que después fue liberado. El periódico hoy en día reporta poco acerca de narcoviolencia, según el análisis de la MEPI.En Monterrey, el legendario periódico El Norte —cuyo director Alejandro Junco se exilió hace dos años en Austin tras recibir amenazas— publica sólo de 5 a 10% de las ejecuciones que ocurren en el estado. Un alto ejecutivo del periódico se sorprendió de que el número fuera tan bajo, ya que “muchas veces parece que el periódico está lleno de historias de narcotráfico”.
En Hidalgo, se podría decir que la fiesta de los presuntos zetas cumplió su cometido de mantener a la prensa en silencio. Recién en octubre de 2010, México se enteró a través de un diario capitalino de la existencia en Pachuca de una capilla financiada por el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, casi un año antes. La bonita está a una hora del DF y a 200 metros de un cuartel militar, pero hasta hace poco casi nadie afuera del barrio sabía de ella. Irónicamente, el jefe de Los Zetas, nacido en Hidalgo, no ocultó su donación generosa, a pesar de ser uno de los sospechosos más buscados de México. Su nombre quedó estampado en una placa de inauguración de noviembre de 2009: “Centro de Evangelización Catequecis (sic) ‘Juan Pablo II’. Donado por Heriberto Lazcano Lazcano”.
Ocho periodistas del norte de Tamaulipas relataron a MEPI que Los Zetas y el cártel del Golfo los citan en forma periódica a reuniones en que les dan directivas sobre qué deben cubrir y qué no. Algo similar sucedía en Coahuila. Poco después de que Los Zetas tomaron el control de una localidad de ese estado hace unos años, el nuevo jefe de la plaza comenzó a exigir al director de un periódico que le acercara a su carro la portada que planeaba para el día siguiente.
Hoy, los territorios que controlan Los Zetas y el cártel del Golfo son donde más aturde el silencio de la prensa. Según el análisis de MEPI, los medios de esas regiones difunden apenas entre 0% y 5% de los incidentes de narcoviolencia.
En julio, unos sicarios secuestraron en Torreón a tres periodistas locales y uno de la televisión nacional. La prensa mexicana e internacional se paralizó, temerosa de que fueran asesinados. Pero un periodista sinaloense contó a MEPI que, cuando se enteró que los secuestradores eran hombres del cártel de Sinaloa, supo que los comunicadores no iban a morir. No es que haya cárteles buenos o malos, sólo hay diferentes maneras de controlar a la prensa. Asesinar a periodistas no es el estilo de esa organización, dijo el reportero.
El grupo de Sinaloa domina hace 30 años la región de producción de cocaína y mariguana en esa entidad. Su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, es uno de los mexicanos más ricos, según el ranking de la revista Forbes. La prensa en su tierra entiende que la mejor manera de funcionar es una detente, un pacto de no agresión, en que no se publican nombres ni detalles del funcionamiento de los cárteles a cambio de poder trabajar en paz, dijo un ex funcionario de la PGR.
Aunque los periodistas de la región también tienen límites a lo que pueden publicar, dijo el reportero, “El Chapo aún no ha cruzado la línea de matar a periodistas”. Dentro de esos límites, el estudio de MEPI mostró que El Noroeste de Culiacán es uno de los diarios que publica uno de los porcentajes más altos de noticias sobre incidentes de narcoviolencia, alrededor del 30%.
Este año, una ola de muertes y desapariciones de periodistas en los estados más calientes de la guerra de la droga por fin llamó la atención de la sociedad nacional, incluidos los medios capitalinos. Pero hacía más de 20 años que algunos sectores advertían del peligro. En 1986, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa publicó en diarios capitalinos una lista de 26 periodistas asesinados desde 1971 y pidió al gobierno que protegiera a los comunicadores de los criminales y de la gente poderosa. (Hoy esa cifra queda chica al lado de los 30 desaparecidos y muertos desde diciembre del 2006).
Una pregunta salta a la vista: ¿por qué la prensa de la capital y otras instituciones nacionales no prestaron atención antes a la situación de los periodistas en riesgo? Hay una arrogancia del DF hacia aquí”, dijo Quijano, director del juarense Norte, quien lamentó que no se hagan esfuerzos para crear redes de colaboración entre la capital y los estados. El secuestro de los periodistas de Torreón causó que la prensa nacional dijera “basta”, pero los periodistas provinciales subrayaron que uno de los plagiados era empleado de la televisora más grande del país. Quijano afirmó: “A Juárez han venido más corresponsales extranjeros que periodistas del DF”.
A esto se suma la crisis económica que intentan capear los medios, grandes y chicos, de todo el país. Algunos medios nacionales redujeron el número de corresponsales en los estados y su cobertura sufrió las consecuencias, también muchos medios locales dependen de la publicidad oficial de gobiernos que no quieren ver una mala imagen de su estado en los periódicos. “Nosotros perdimos 70% de la publicidad”, contó Quijano. “Tuvimos que cortar la sección policiaca de dos páginas a una. Recortamos personal, pero sobrevivimos”.
Esas debilidades sistémicas impidieron ver cómo, mientras tanto, el poder del narco avanzaba de estado en estado y los periodistas de cada región sufrían diferentes métodos de presión para mantenerse en silencio. Los agujeros negros informativos se esparcían por el mapa mexicano y la sociedad nacional no prestaba atención a las señales, hasta este año. “Se dejó crecer el problema”, dijo un periodista experimentado de Veracruz. “Nadie del centro vino a reportear sobre los temas en las provincias”.
“Existen reproches desde el centro porque los medios en provincia se han silenciado”, agregó, “pero, ¿cómo nos pueden culpar, si ellos no conocen la realidad?”.
Directora de la Fundación MEPI
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