Documenta Tlachinollan indolencia de autoridades
De la redacción
México, DF. 26 nov.10 (CIMAC).- En las comunidades de la montaña de Guerrero, los derechos de las mujeres son violados de manera flagrante, tan sólo en 11 meses el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, documentó más de 500 casos de violencia contra las mujeres.
La organización afirmó que a la pobreza ancestral que padecen las mujeres y niñas de la montaña, se suma la violencia que sufren a diario en su propio hogar, y a la indolencia de las autoridades encargadas de investigar sus casos y de hacer justicia. En comunicado, Tlachinollan precisó que de estos 500 casos, el 50 por ciento son de violencia doméstica; el 10 por ciento de agresión sexual; el 25 por ciento de discriminación por parte de autoridades, y el 15 por ciento a la falta de debida diligencia por parte de autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. Los casos documentados, son de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Cochopa el Grande, Malinaltepec, Atlamalcingo del Monte, Acatepec, Tlacoapa, Cualác, Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtác y Copanatoyac.
La organización afirma que la violación a los derechos humanos de las mujeres va más allá de las cifras, ya que a pesar de que el derecho internacional ha recogido en diversos instrumentos los derechos de las mujeres, así como la obligación de los Estados de respetarlos, la realidad contrasta con el marco normativo y con las dependencias que debieran proteger a las mujeres. “De nada sirven los estándares internacionales, si las autoridades carecen de una perspectiva de género, discriminan, estereotipan y vulneran lo que establecen los tratados internacionales y las leyes que protegen los derechos de las mujeres”. Un día después de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Tlachinollan afirmó que los institutos, secretarías, direcciones y fiscalías permanecen impasibles ante la vorágine de casos de violencia contra mujeres. “Cuando el Estado mexicano es acusado por una mujer de haber violado sus derechos, estas dependencias cumplen la función de justificar las violaciones y de elaborar informes, haciendo análisis jurídicos que niegan las imputaciones que hacen las víctimas”.
La organización destacó las sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por feminicidio en Campo Algodonero, y por violación sexual contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, donde quedó al descubierto la ineficacia de las autoridades que procuran justicia y la falta de debida diligencia en que incurrieron. A pesar de ello, todos los poderes del Estado mexicano han hecho causa común para evitar que se haga justicia a las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados por las autoridades. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mostrado reticencias para considerar la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH”.
Mientras que el poder legislativo ha sucumbido ante las presiones de los mandos militares y se alistan para aprobar una reforma al Código de Justicia Militar, que no solucionaría el problema de impunidad cuando un militar viola los derechos humanos de las personas. Exigieron que el Estado cumpla con los tratados internacionales, con las sentencias emitidas por la CoIDH, sancione de manera efectiva a los funcionarios que hayan incurrido en falta de debida diligencia, que hayan negado el acceso a un recurso judicial y que hayan incurrido en actos de violencia contra las mujeres. Igualmente, que acate las recomendaciones de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que debe existir un acceso pleno a una adecuada protección judicial.
México, DF. 26 nov.10 (CIMAC).- En las comunidades de la montaña de Guerrero, los derechos de las mujeres son violados de manera flagrante, tan sólo en 11 meses el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, documentó más de 500 casos de violencia contra las mujeres.
La organización afirmó que a la pobreza ancestral que padecen las mujeres y niñas de la montaña, se suma la violencia que sufren a diario en su propio hogar, y a la indolencia de las autoridades encargadas de investigar sus casos y de hacer justicia. En comunicado, Tlachinollan precisó que de estos 500 casos, el 50 por ciento son de violencia doméstica; el 10 por ciento de agresión sexual; el 25 por ciento de discriminación por parte de autoridades, y el 15 por ciento a la falta de debida diligencia por parte de autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. Los casos documentados, son de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Cochopa el Grande, Malinaltepec, Atlamalcingo del Monte, Acatepec, Tlacoapa, Cualác, Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtác y Copanatoyac.
La organización afirma que la violación a los derechos humanos de las mujeres va más allá de las cifras, ya que a pesar de que el derecho internacional ha recogido en diversos instrumentos los derechos de las mujeres, así como la obligación de los Estados de respetarlos, la realidad contrasta con el marco normativo y con las dependencias que debieran proteger a las mujeres. “De nada sirven los estándares internacionales, si las autoridades carecen de una perspectiva de género, discriminan, estereotipan y vulneran lo que establecen los tratados internacionales y las leyes que protegen los derechos de las mujeres”. Un día después de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Tlachinollan afirmó que los institutos, secretarías, direcciones y fiscalías permanecen impasibles ante la vorágine de casos de violencia contra mujeres. “Cuando el Estado mexicano es acusado por una mujer de haber violado sus derechos, estas dependencias cumplen la función de justificar las violaciones y de elaborar informes, haciendo análisis jurídicos que niegan las imputaciones que hacen las víctimas”.
La organización destacó las sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por feminicidio en Campo Algodonero, y por violación sexual contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, donde quedó al descubierto la ineficacia de las autoridades que procuran justicia y la falta de debida diligencia en que incurrieron. A pesar de ello, todos los poderes del Estado mexicano han hecho causa común para evitar que se haga justicia a las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados por las autoridades. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mostrado reticencias para considerar la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH”.
Mientras que el poder legislativo ha sucumbido ante las presiones de los mandos militares y se alistan para aprobar una reforma al Código de Justicia Militar, que no solucionaría el problema de impunidad cuando un militar viola los derechos humanos de las personas. Exigieron que el Estado cumpla con los tratados internacionales, con las sentencias emitidas por la CoIDH, sancione de manera efectiva a los funcionarios que hayan incurrido en falta de debida diligencia, que hayan negado el acceso a un recurso judicial y que hayan incurrido en actos de violencia contra las mujeres. Igualmente, que acate las recomendaciones de los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen que debe existir un acceso pleno a una adecuada protección judicial.
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