En último año documentó 37 presuntas agresiones
Por Anayeli García Martínez
México, DF 25 nov. 10 (CIMAC).- De septiembre de 2009 a octubre de 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), registró un total de 37 presuntas agresiones en contra de defensoras y defensores.
De acuerdo con la actualización 2010 del “Informe sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos (DH) en México”, las amenazas, injerencias arbitrarias, actos de hostigamiento y el uso arbitrario del sistema penal, siguen siendo las principales formas de agresión.
No obstante, durante el periodo analizado, se detectó el hecho preocupante de que como resultado del clima hostil, derivado de su trabajo, algunos activistas han decidido cambiar de residencia, incluso al extranjero.
En este reporte de la OACNUDH se citan 30 casos, de los que destacan los de Silvia Vázquez, Blanca Mesina, Josefina Reyes, Rosa Isela Pérez, Emilia González Tercero, Alicia Salaíz Orrantia, Luz Estela Castro, Obtilia Eugenio Manuel y su hermana Andrea Eugenio Manuel, Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Mercedes Murillo.
Estos expedientes, se suman a los que se publicaron en octubre de 2009, cuando este organismo de Naciones Unidas presentó el informe “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”, mismo que tenía el objetivo de impulsar recomendaciones al Estado mexicano en esta materia.
Pese a ello, en la actualidad existe un nulo o poco avance en el esclarecimiento de la autoría material, o en su caso, de la autoría intelectual en las agresiones contra defensores de DH.
Según esta actualización son constantes las inexactitudes en las investigaciones que están a cargo de las autoridades competentes, lo cual crea un clima de impunidad; por ello –señala el informe de actualización– resulta impostergable tomar medidas para combatir la impunidad y reparar a las víctimas.
En el informe también se cita que durante el presente año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha emitido 18 medidas cautelares a favor de activistas, muchos de ellos dedicados a trabajar en favor de la población migrante.
En el mismo periodo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó cinco medidas cautelares, de éstas, dos fueron para Blanca Mesina, Silvia Vázquez, defensoras originarias de Baja California y quienes han denunciado actos de tortura en ese estado.
La OACNUDH manifestó su preocupación porque las acciones de intimidación y hostigamiento han pasado a consecuencias irremediables como las agresiones físicas y los asesinatos.
Ante tal situación, subrayó que el Estado tiene la obligación de perseguir, juzgar y sancionar a los responsables, así como reparar los derechos violentados de las y los defensores de DH, por ello hizo un llamado a fortalecer las redes entre la sociedad civil y difundir los tratados y mecanismos sobre el tema.
Además confió en que los proyectos legislativos que discuten la reforma al Código de Justicia Militar, la reforma a 11 artículos de la Constitución en materia de DH y el que se refiere a la reforma del marco constitucional del amparo, se realicen a la brevedad posible.
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