MÉXICO, D.F., 24 de noviembre (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró hoy que la violencia contra las mujeres en México es “alentada por el Estado” porque ha encomendado a fiscalías “ineficientes” la investigación sobre las agresiones cometidas en su contra, lo cual propicia la impunidad.
En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer –que se conmemora este 25 de noviembre, en memoria de tres activistas asesinadas en República Dominicana en el año 1960, por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo–, la asociación no gubernamental resaltó que las dos dependencias creadas desde 2006 para atender el problema –la Fiscalía Especial de Violencia contra las Mujeres (Fevim) y la Especializada en la Investigación de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra)– no han dado los resultados esperados.
Y acusó al Estado mexicano de ser el responsable del incremento de feminicidios “al no crear instancias pertinentes ni adoptar las medidas eficientes” para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, recordó que entre enero de 2009 y junio de 2010 ocurrieron mil 728 feminicidios, según lo testificó, en una reciente visita, la Misión Internacional por Acceso a la Justicia de las Mujeres Región Mesoamérica.
En un comunicado, el Centro Prodh detalló que la titular de Fevimtra, Sara Irene Herrerías Guerra, tiene un sueldo mensual de 193 mil 755 pesos, y que su desempeño es deficiente porque no ha podido poner un alto a la violencia contra las mujeres.
Ejemplo de ello, agregó, es que entre febrero de 2008 y octubre de 2010 la Fevimtra recibió 386 denuncias, de las cuales en sólo dos casos de violencia contra mujeres ejerció su facultad de atracción.
De acuerdo con la organización, la Fevimtra canalizó139 averiguaciones previas a otras instancias, y sólo consignó 45, de las cuales ejecutó sólo 17 órdenes de aprehensión contra probables responsables
Y recordó que a más de cuatro años de que varias mujeres fueron agredidas sexualmente por fuerzas de seguridad en Atenco –los días 3 y 4 de mayo de 2006–, “ni los perpetradores de tales actos ni las autoridades que ordenaron la inclusión violenta han sido sancionados”.
La impunidad en el caso, agregó el Centro Prodh, refleja “la falta de compromiso gubernamental con los derechos humanos”, así como la discriminación de las autoridades por motivos de género.
Ante ello, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de resaltar que la Fevimtra se negó a atraer las investigaciones.
En su negativa, explicó, la Fevimtra “consideró que en Atenco se perpetró tortura sexual en contra de las mujeres, sin embargo no consignó a los responsables, pese a la existencia de todas las pruebas”, dejando las investigaciones a merced de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, “sujeta a los designios del titular del Poder Ejecutivo local, Enrique Peña Nieto”.
La organización reiteró su exigencia de justicia para las mujeres torturadas sexualmente en Atenco, y exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a admitir la queja presentada desde abril de 2008.
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