4/05/2017

De 2009 a enero de 2017, en México 310 mil 527 personas fueron víctima de desplazamiento interno forzado: CMDPDH


 “Dentro del marco de inseguridad y violencia en México, en un clima de corrupción e impunidad se han generado enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, las desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violaciones graves a los derechos humanos, ejercidas por autoridades municipales, estatales y federales, generalizadas o sistemáticas, han sentado las bases para una nueva ola de desplazamiento interno forzado en el país”, denuncia la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Lo anterior como parte de su informe Desplazamiento interno forzado en México. En donde además, señala que las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia llevando con ellas niñas, niños y ancianos.
En cuanto a cifras, en 2016 el sector indígena fue el más afectado, en al menos 7 eventos de desplazamiento interno forzado. El desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo.
“Las y los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad”, señala la Comisión.
Además, indica que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21,031 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia.
Durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 310,527 personas que tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos. En tanto, Michoacán fue el mayor expulsor de población con motivo de violencia. Al menos 10 mil personas fueron desplazadas por violencia en el estado, informó la CMDPDH.
Y suma que dentro del estado se llevó a cabo un desplazamiento masivo de población que no fue debidamente registrado por los medios de comunicación en los días 23 y 24 de mayo; sin embargo, de manera inmediata y en el transcurso de los siguientes meses, la misma cantidad de población proveniente del estado de Michoacán fue registrada por autoridades y organizaciones civiles en Tijuana.
“La localidad de Huixiopa, perteneciente al municipio de Badiraguato en el estado de Sinaloa, fue la que presentó un mayor número de eventos de desplazamiento. A lo largo del 2016, tres veces se registraron eventos de desplazamiento interno masivo en la localidad. En una de las ocasiones el desplazamiento fue llevado a cabo por más del 96% de sus habitantes”, señala.
Es por esto que la CMDPDH que frente a la ausencia de reconocimiento gubernamental y de políticas públicas de prevención y de atención integral y soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento interno en México, la población víctima de desplazamiento interno forzado continúa en aumento.
“En el año 2016, al menos 23,169 personas se convirtieron en víctimas de desplazamiento interno forzado, sumándose a las cientos de miles de víctimas que a la fecha permanecen en un estado de profunda vulnerabilidad debido a la ausencia de reconocimiento y cobertura gubernamental”, reitera la Organización.

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