Gilberto López y Rivas
La Coordinadora de
Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) agrupa a 16
comunidades de los valles centrales de Oaxaca, de los distritos de
Ocotlán y Zimatlán, que desde hace 10 años luchan por un acceso justo al
vital recurso acuífero a partir de prácticas comunitarias para su
cuidado, aprovechamiento y regeneración sustentables. Las y los
sembradores del agua, así conocidos, son campesinos indígenas zapotecos
que han asumido esta responsabilidad, planeando y construyendo,
colectivamente, sus obras de captación de agua de lluvia, para asegurar
la reproducción de su economía agrícola, visiblemente afectada por
políticas irresponsables, inconsultas y violatorias de los derechos de
los pueblos indígenas por parte de los gobiernos federal y estatal.
Efectivamente, la escasez de agua en los valles centrales no proviene
de un uso irracional por parte de las comunidades indígenas. Fue el
gobierno federal la instancia que desecó las ciénagas de la región, con
la justificación de ampliar la tierra disponible para campos de cultivo,
perdiéndose, de esta manera, la humedad del suelo, y produciéndose una
baja considerable del nivel de los pozos, de tal forma que para el año
2005 ya se enfrentaba una grave sequía en el territorio. Asimismo, el
gobierno federal, en este mismo año, hizo efectivo un decreto de veda de
agua subterránea para los valles centrales, expedido en 1967 por el
entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, mediante el cual se impide el
libre aprovechamiento de los pozos agrícolas si no se cuenta con un
título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
requisito indispensable para, a su vez, contar con precios subsidiados
por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Esta chicanera trama
burocrática se aplica implacable en comunidades campesinas de bajísimos
ingresos, que por esta vía se les limita su acceso al agua necesaria
para sus cultivos, generando un grave círculo perverso en el que se ven
afectados los requerimientos básicos para contar con alimentación y
recursos económicos. El decreto veda, las concesiones y los criterios de
renovación y los altos costos por la energía eléctrica que impactan de
manera directa a la agricultura, forzando el abandono de la misma,
provocando la migración, especialmente de los más jóvenes, y afectando
con ello la vida y la reproducción de las comunidades campesinas
zapotecas. Es en este contexto desolador que las comunidades deciden
organizarse por medio de Copuda, contando con la asesoría jurídica, para
el ámbito de la lucha legal, del Centro de Derechos Indígenas Flor y
Canto AC. Paralelamente, las comunidades zapotecas iniciaron la
construcción de obras para la captación de agua de lluvia, como retenes,
ollas y pozos de absorción, trabajos de reforestación, separación de
basura y cuidados del medio ambiente, entre otras acciones comunitarias,
logrando recuperar el nivel del agua subterránea en tan sólo una
década. Frente a las autoridades omisas como Conagua, que nunca se
preocuparon por solucionar los problemas ocasionados por el propio
gobierno federal, las comunidades zapotecas se organizaron en comités,
asambleas, talleres y comisiones diversas, una de las cuales visitó el
Museo del Agua de Tehuacán, Puebla, aprendiendo y adaptando a las
condiciones de su entorno, las técnicas de captación y conservación
acuífera mostradas en ese sitio. Para 2007, las luchas por el agua
permeaban la vida política de las comunidades, eligiéndose como
autoridades municipales a personas comprometidas con su cuidado y
defensa. Con este proceso, y a pesar de las condiciones tan adversas, la
Copuda desarrolló y consolidó un innovador sistema comunitario de uso y
gestión del agua que ha mostrado ser altamente efectivo, incluso en
tiempos de estiaje, y un ejemplo a seguir en otros lugares del país y
del mundo. Las propias comunidades están haciendo sus reglamentos, a la
vez que monitoreando y autorregulándose para que se cumplan, en un extraordinario ejercicio autonómico de responsabilidad compartida.
La lucha legal y política ha seguido todos los derroteros
comunes de innumerables comunidades indígenas. En diciembre del año
2009, en una mesa política con el director general de Conagua, José Luis
Luegue Tamargo, esta institución se comprometió a realizar un estudio
del acuífero de los valles centrales de Oaxaca, con la colaboración de
la Universidad de Baja California. El acuerdo logrado en este diálogo
fue que se entregaría copia del estudio a la Coordinadora y al Centro de
Derechos Indígenas, lo cual nunca sucedió, a pesar de solicitarlo por
las vías legales. Estas organizaciones demandaron formalmente a la
Conagua, en el año 2011, que realizara un proceso de revisión y posible
modificación del decreto de veda de 1967, obteniendo una respuesta
negativa con el argumento de no tener competencias para hacerlo. A
partir de entonces, la solicitud de revisión y suspensión del decreto
entró a los tribunales competentes, sobre la base de que dicho decreto
violenta el derecho a la consulta, libre, previa e informada, así como
el derecho preferente para el uso y aprovechamiento del agua, por
encontrarse dentro de territorio de pueblos originarios. Tanto la
coordinadora (Copuda) como el Centro de Derechos Indígenas han hecho de
conocimiento público que su demanda se fundamenta en los derechos
colectivos de los pueblos indígenas amparados en la Constitución, en el
Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU.
El 22 de abril del 2015, la primera sala regional metropolitana resolvió
favorable la sentencia y ordena: “…para efecto de la autoridad
demandada, inicie un procedimiento de la solicitud de los actores para
proponer al titular del Ejecutivo federal, la modificación del ‘Decreto
de Veda del acuífero’ ‘Valles Centrales de Oaxaca’”…, consultando a la
comunidad y pueblos indígenas Zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y
Zimatlán de Álvarez”. El proceso de consulta a estas comunidades empezó
en agosto de 2015 y tiene cinco fases. A partir del 8 de febrero de
2017, la consulta ha entrado en su tercera etapa, la cual es clave
porque involucra reuniones y asambleas en las que la Coordinadora
presentará a la Conagua sus propuestas. Es fundamental que la sociedad
civil mexicana y el Congreso Nacional Indígena presten atención y
apoyen, solidariamente, a las y los sembradores zapotecos del agua y de
la vida.
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