En noviembre de 2006, después de presiones del movimiento feminista, el
Congreso aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión de
violencia machista para analizar las carencias del sistema de
sensibilización y protección que impiden erradicar la violencia de
género, y realizar propuestas, con el pacto de Estado en el horizonte.
Un pacto para el que el Gobierno no ha contemplado ni un euro en la
asignación de partidas efectuada en los Presupuestos Generales del
Estado.
Esta semana ha sido aprobada la forma en la que se distribuirán los recursos públicos. Mientras los gastos militares aumentan, la lucha contra la violencia machista sigue siendo postergada. La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha calificado en el Congreso de los Diputados de “insuficientes y muy decepcionantes” las partidas para igualdad. Álvarez ha subrayado que “los PGE no contemplan ninguna partida presupuestaria para dar cumplimiento a los nuevos compromisos del convenio de Estambul ni en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres, ni para poner en marcha las medidas que se acuerden en el seno del Pacto de Estado contra la violencia de género” que se está debatiendo en el Congreso y que en octubre de 2017 ya deberían estar en funcionamiento.
En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz socialista ha señalado que “las partidas destinadas a la prevención de la violencia contra las mujeres en los PGE 2017 no recomponen el recorte acumulado a lo largo de estos años”. De este modo, la Delegación del Gobierno para la Lucha contra la Violencia de Género mantiene un recorte del 8.68 por ciento sobre los últimos presupuestos del gobierno socialista de 2011, unos 30 millones de euros en 2011 y 27 mil 700 millones en 2017.
“No hay ninguna actuación novedosa para la prevención de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. No existe en los PGE ninguna partida destinada a dar cumplimiento a los nuevos compromisos del convenio de Estambul”, ha insistido la portavoz socialista. Por ejemplo, “la lucha contra la violencia sexual no recibe ninguna aportación del Gobierno de la nación, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas (nueve de las 17) sí tienen presupuestos específicos para luchar contra las agresiones sexuales a mujeres”, ha explicado.
La portavoz socialista confía en que, a lo largo del proceso de enmiendas, logren que el Gobierno destine una partida específica, en torno a cien millones, “para que se implementen las políticas de igualdad en el ámbito de las corporaciones locales”. Para Álvarez, “que los ayuntamientos recuperen sus competencias materia de Igualdad es básico. Es una línea roja en los acuerdos del Pacto contra la Violencia de Género”.
La subcomisión sobre violencia de género que se creó en el Congreso se ha articulado en torno a diez temas que han sido consensuados por los diferentes grupos con la premisa de tratar todas las formas de violencia machista: violencia de género en sentido general, violencia sexual, migrantes, discapacidad y menores, violencia contra los hijos e hijas de mujeres víctimas, trata y asilo, prostitución, nuevas formas de violencia y redes sociales, medios de comunicación y violencia de género contra mujeres LGTBI.
La Plataforma 7N es una de las voces que ha hecho sus aportaciones en la Subcomisión. En una jornada celebrada en febrero, Charo Marcos, de Generando Red contra las Violencias machistas y Plataforma Impacto de Género Ya, dejó claro que algunos indicadores sobre el destino de los Presupuestos Generales del Estado evidencian la falta de prioridad que el Gobierno da a la lucha contra la violencia machista. Según el análisis de la experta, “es como si de un sueldo de unos mil 800 euros al mes, destináramos 2 euros a la lucha contra la violencia de género”. Otro de los indicadores es el número de víctimas de maltrato que reciben la ayuda social: “550 mujeres, sabiendo que se producen 129 mil denuncias y que se han dictado 37 mil órdenes de protección en un año”.
Charo criticó el ahogo económico que han sufrido proyectos como Feminicidio.net y los recortes sistemáticos que se vienen produciendo desde hace años en políticas de Igualdad, tijeretazos que se traducen en una mala atención a las mujeres que necesitan ayuda, en falta de formación de las y los profesionales de los cuerpos de seguridad, del ámbito judicial y social, que, además, desarrollan su labor en situación de precariedad.
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .-
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