By Nancy Flores / @Nancy_Contra
Una
de las principales amenazas de Donald Trump a México consiste en
cancelar los fondos que Estados Unidos entrega, cada año, para favorecer
sus propios intereses en nuestro país (y no los de nuestra nación, como
las autoridades de ambos países pretenden que creamos).
Entre
las “ayudas” que están “en riesgo” –con el objeto de destinarse al
gasto del muro fronterizo– destacan las que han financiado la guerra
contra los pobres, es decir la mal llamada “guerra contra el
narcotráfico”, porque el crecimiento del negocio de las drogas ha sido
sostenido en estos 10 años de supuesto combate: los cárteles mexicanos
se han expandido a lo largo del planeta y dominan los más importantes
mercados (Estados Unidos y Europa).
Los narcotraficantes y sus brazos económico (banqueros y empresarios que les lavan el dinero sucio)
y político (que les proporcionan impunidad en las más altas esferas del
poder público) prácticamente no han sido tocados por la extrema
violencia de la supuesta “guerra” en su contra.
Y es que el
conflicto ha lacerado sobre todo a las capas más vulnerables de la
sociedad: tanto mexicanos en situación de pobreza como centroamericanos
que pasan por nuestro país en busca del sueño americano. Son éstos los que integran el grueso de la interminable lista de víctimas (de desapariciones masivas, ejecuciones, tortura, violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzado, inseguridad).
A
esa lista de agravios se suma la trata a la que han sido sometidos
decenas de campesinos, obligados a sembrar y cosechar narcóticos a
cambio de que dejen vivir a sus familias en “paz”.
Esta guerra
contra los pobres –que nos ha costado más de 260 mil civiles asesinados–
ha sido financiada en parte por Estados Unidos. Y es que a través de la
Iniciativa Mérida –símil del desastroso Plan Colombia–, ese país
entregó 2 mil 654.9 millones de dólares a México, entre 2008 y 2016,
para que éste desatara el terrorismo de Estado que padecemos todos los
días.
Esta realidad no es ajena a la clase política de Estados Unidos. El informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond
–elaborado por la unidad de investigación del Congreso estadunidense–
señala que “10 años después de que el gobierno mexicano lanzara una
campaña agresiva, dirigida por militares, contra el narcotráfico y el
crimen organizado, los crímenes violentos continúan amenazando la
seguridad ciudadana y la gobernabilidad en zonas de México, incluso en
ciudades a lo largo de la frontera del Suroeste de Estados Unidos”.
Agrega
que la violencia aumentó en 2015 y 2016. Según el análisis, publicado a
inicios de este año, “los casos de alto perfil –especialmente la
desaparición forzada y el asesinato [sic] de 43 estudiantes en
Guerrero, en septiembre de 2014– han llamado la atención sobre el
problema de los abusos de los derechos humanos que involucran a las
fuerzas de seguridad. Los casos de corrupción de exgobernadores, algunos
de los cuales han huido de México, también han aumentado la
preocupación por la impunidad”.
En el informe, los analistas del
Congreso estadunidense refieren que hasta antes del gobierno de Felipe
Calderón, México se había rehusado a recibir “ayudas” del tipo de la
Iniciativa Mérida, por considerarlas injerencistas.
Pero en marzo
de 2007, el entreguista de Calderón “pidió al entonces presidente George
W Bush la asistencia estadunidense para combatir el tráfico de drogas y
armas. Antes de ello, México no había recibido gran asistencia contra
las drogas, debido a las preocupaciones mexicanas acerca de la
participación del gobierno estadunidense en los asuntos internos del
país. Pero en 2007 México recibió 36.7 millones de dólares en ayuda
antidrogas por parte de la administración estadunidense.”
El
informe indica que al término del mandato del panista, México había
recibido más de 1 mil millones de dólares por concepto de asistencia
contra las drogas. Ese total incluyó 873.7 millones de dólares en equipo
(entre éste, 20 aeronaves y equipo de inspección no intrusiva por más
de 100 millones de dólares), así como 146 millones en capacitación.
De
lo anterior se desprende que es el gobierno de Enrique Peña al que más
dinero le ha entregado la Iniciativa Mérida: más de 1 mil 500 millones
de pesos en 4 años.
“Durante la mayor parte de 2013, los retrasos
en la instrumentación de la Iniciativa Mérida se debieron en gran medida
a que el gobierno de Peña Nieto estaba todavía desarrollando su
estrategia de seguridad y determinando la cantidad y el tipo de
asistencia necesaria de Estados Unidos para apoyar esa estrategia. El
procedimiento inicial que el gobierno mexicano adoptó para procesar
todas las solicitudes de las secretarías para los fondos de la
Iniciativa Mérida a través de la Secretaría de Gobernación también
contribuyó a los retrasos. Para noviembre de 2013, el Departamento de
Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría
de Relaciones Exteriores mexicana habían acordado un nuevo proceso más
ágil para aprobar los nuevos proyectos de la Iniciativa Mérida. Los
gobiernos han acordado más de 100 nuevos proyectos que superan los 800
millones de dólares, de los cuales la mitad están en marcha. En
noviembre de 2016, las entregas se situaban en aproximadamente 1 mil 600
millones de dólares.”
El análisis agrega que para los temas de
seguridad nacional y seguridad pública, en ese mismo periodo, México ha
invertido unos 94 mil millones de dólares de sus propios recursos.
Pero
este dinero sólo ha servido para causar estragos sociales y una
alarmante crisis humanitaria: esos supuestos esfuerzos para combatir el
flagelo de las drogas no funcionan en ninguno de los dos países. Ejemplo
de ello es que “el 70 por ciento de las armas de fuego incautadas por
las autoridades mexicanas al crimen organizado, entre 2009 y 2014,
provenían de Estados Unidos”, pese al “compromiso” de ese país por
detener el flujo de armamento.
Así que bienvenida la propuesta de
Trump para retirar ese dinero que, lejos de combatir las drogas, ha
financiado la muerte de más de 260 mil civiles, las desapariciones
forzadas y demás atrocidades relacionadas con este crítico periodo
ligado a la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 533 / del 03 al 09 de Abril 2017
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