La Jornada
El titular de la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Nájera, admitió implícitamente
ayer la inoperatividad de esa dependencia al señalar que de 48 casos de
periodistas asesinados que han sido atraídos por esa instancia sólo se
ha logrado sentencias condenatorias contra tres personas.
En el menos peor de los escenarios esto significaría que en los
atentados mortales en contra de informadores en México prevalece la
impunidad en más de 90 por ciento; la realidad, sin embargo, es que
tales crímenes suelen ser el desenlace de conspiraciones en las que
participan varias personas y obra de matones a sueldo, por lo que cada
uno de esos homicidios suele tener, entre autores intelectuales y
materiales, varios culpables.
Tales índices de impunidad revelan una denegación sistemática de la
justica y con ello, en los hechos, una ruptura del estado de derecho.
Porque, ciertamente, la procuración e impartición de justicia no pueden
limitarse a abrir carpetas de investigación y a establecer contactos
entre instancias federales y estatales, como pretendió argumentar la
subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la
República (PGR), Sara Irene Herrerías. Tales medidas son mera burocracia
vacía si no desembocan en la identificación, localización, captura,
imputación y presentación de los presuntos culpables ante los
tribunales.
Si los reiterados homicidios de informadores han evidenciado
la inoperancia del mecanismo gubernamental de protección a periodistas,
lo dicho por Nájera y por Herrerías deja ver la indolencia y la
incapacidad de la PGR y de las procuradurías estatales para esclarecer
las agresiones mortales correspondientes y para armar expedientes
acusatorios sólidos y bien fundamentados.
Ciertamente, la situación de indefensión y de denegación de derechos
básicos en que se traduce la incompetencia referida no afecta única ni
principalmente a periodistas, sino al conjunto de la población.
No es de extrañar que en estas circunstancias se haya presentado en el Parlamento Europeo una petición para
congelarlas relaciones comerciales con México ni que los asesinatos de informadores y la recrudecida violencia que padece el país sean vistos con horror y escándalo en el extranjero.
Lo cierto es que, a pesar del optimismo del discurso oficial, las
autoridades de todos los niveles incumplen sus obligaciones de preservar
la seguridad pública y garantizar el derecho a la vida de los
habitantes, periodistas o no, y que no hay sociedad capaz de soportar
tal situación de manera indefinida.
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