Madrid, 06 abril. 17. Amecopress. En
noviembre de 2006, después de presiones del movimiento feminista, el
Congreso aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión de
violencia machista para analizar las carencias del sistema de
sensibilización y protección que impiden erradicar la violencia de
género, y realizar propuestas, con el pacto de Estado en el horizonte.
Un pacto para el que el Gobierno no ha contemplado ni un euro en la
asignación de partidas efectuada en los Presupuestos Generales del
Estado.
Esta semana ha sido aprobada la forma en la que se distribuirán los
recursos públicos. Mientras los gastos militares aumentan, la lucha
contra la violencia machista sigue siendo postergada. La portavoz
socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha calificado en el Congreso de
los Diputados de “insuficientes y muy decepcionantes” las partidas para
igualdad. Álvarez ha subrayado que “los PGE no contemplan ninguna
partida presupuestaria para dar cumplimiento a los nuevos compromisos
del convenio de Estambul ni en materia de prevención de la violencia
hacia las mujeres, ni para poner en marcha las medidas que se acuerden
en el seno del Pacto de Estado contra la violencia de género” que se
está debatiendo en el Congreso y que en octubre de 2017 ya deberían
estar en funcionamiento.
En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz socialista ha
señalado que “las partidas destinadas a la prevención de la violencia
contra las mujeres en los PGE 2017 no recomponen el recorte acumulado a
lo largo de estos años”. De este modo, la Delegación del Gobierno para
la Lucha contra la Violencia de Género mantiene un recorte del 8,68%
sobre los últimos presupuestos del gobierno socialista de 2011, unos 30
millones de euros en 2011 y 27.700 millones en 2017.
“No hay
ninguna actuación novedosa para la prevención de la lucha contra la
violencia hacia las mujeres. No existe en los PGE ninguna partida
destinada a dar cumplimiento a los nuevos compromisos del convenio de
Estambul”, ha insistido la portavoz socialista. Por ejemplo, “la lucha
contra la violencia sexual no recibe ninguna aportación del Gobierno de
la nación, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas (nueve
de las 17) sí tienen presupuestos específicos para luchar contra las
agresiones sexuales a mujeres”, ha explicado.
La portavoz socialista confía en que, a lo largo del proceso de
enmiendas, logren que el Gobierno destine una partida específica, en
torno a cien millones, “para que se implementen las políticas de
igualdad en el ámbito de las corporaciones locales”. Para Álvarez, “que
los ayuntamientos recuperen sus competencias materia de Igualdad es
básico. Es una línea roja en los acuerdos del Pacto contra la Violencia
de Género”.
La subcomisión sobre violencia de género que se creó
en el Congreso se ha articulado en torno a diez temas que han sido
consensuados por los diferentes grupos con la premisa de tratar todas
las formas de violencia machista: violencia de género en sentido
general, violencia sexual, migrantes, discapacidad y menores, violencia
contra los hijos e hijas de mujeres víctimas, trata y asilo,
prostitución, nuevas formas de violencia y redes sociales, medios de
comunicación y violencia de género contra mujeres LGTBI.
La
Plataforma 7N es una de las voces que ha hecho sus aportaciones en la
Subcomisión. En una jornada celebrada en febrero, Charo Marcos, de
Generando Red contra las Violencias machistas y Plataforma Impacto de
Género Ya, dejó claro que algunos indicadores sobre el destino de los
Presupuestos Generales del Estado evidencian la falta de prioridad que
el Gobierno da a la lucha contra la violencia machista. Según el
análisis de la experta, “es como si de un sueldo de unos 1800 euros al
mes, destináramos 2 euros a la lucha contra la violencia de género”.
Otro de los indicadores es el número de víctimas de maltrato que reciben
la ayuda social: “550 mujeres, sabiendo que se producen 129.000
denuncias y que se han dictado 37.000 órdenes de protección en un año”.
Charo criticó el ahogo económico que han sufrido proyectos como
Feminicidio.net y los recortes sistemáticos que se vienen produciendo
desde hace años en políticas de Igualdad, tijeretazos que se traducen en
una mala atención a las mujeres que necesitan ayuda, en falta de
formación de las y los profesionales de los cuerpos de seguridad, del
ámbito judicial y social, que, además, desarrollan su labor en situación
de precariedad.
Fotos AmecoPress
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