Informe de la CNDH
constata la persistencia de violaciones
Periódico La Jornada
El informe presentado ayer por el titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González
Pérez, confirma la situación de crisis en esa materia que ya ha sido
denunciada por diversos organismos de México y el extranjero, y subraya
la peligrosidad de continuar militarizando la seguridad pública,
afirmaron colectivos civiles.
Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señaló que el informe del ombudsman nacional
ayuda a constatar las advertencias que ya se han hecho en repetidas
ocasiones sobre la persistencia de diversas violaciones graves, como
ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones.
Viniendo de la CNDH, el gobierno tendría que replantear sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, porque hacia donde vamos en este momento es a fortalecer a un gobierno autoritario y represor, alertó.
Respecto del llamado de González Pérez para no aprobar la ley de
seguridad interior sin antes tomar en cuenta los múltiples agravios
cometidos por militares contra civiles, el activista consideró que si el
gobierno no escucha esa advertencia, se comprobará que las autoridades
le apuestan a la violencia y a que el Ejército siga fuera de sus cuarteles, lo cual es una aberración.
Raymundo Ramos, coordinador del Centro de Derechos Humanos de
Nuevo Laredo, subrayó por su parte que en el informe de la CNDH se da
cuenta de una realidad con la cual el presidente Enrique Peña Nieto
parece haber perdido todo contacto, en la medida en que sigue negando la
existencia de una crisis y defendiendo a ultranza a las fuerzas
armadas.
El mandatario
está poniéndose del lado equivocado, porque no le debe su cargo al Ejército, sino a los ciudadanos, a esa misma gente que pide justicia y que aparezcan las personas que fueron llevadas por la fuerzapor los uniformados y que permanecen desaparecidas.
Luego de considerar que el ombudsman asumió una actitud
congruente al denunciar la crisis de derechos humanos del país, el
luchador social recordó que en los pasados seis años la Procuraduría
General de la República ha iniciado 104 averiguaciones previas por
supuestos abusos de soldados y marinos, pero todas están archivadas.
Respecto de los dichos de González Pérez sobre la eventual aprobación
de la ley de seguridad interior, Ramos enfatizó que “no es momento de
acrecentar el poder de los militares y darles mayores ‘garantías’,
mientras no se hayan aprobado antes las leyes contra la tortura y la
desaparición forzada”
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