Tania L. Montalvo (@tanlmont)
El uso de la fuerza para
reprimir la protesta social se ha intensificado con el gobierno actual.
El objetivo, dice la organización civil, obstaculizar la libertad de
expresión.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha intensificado el uso de la fuerza para reprimir la protesta social, coartar el derecho a la asociación y a la libertad de expresión, denuncia la organización Article 19 en su informe anual Libertades en resistencia.
La
organización civil indica que además de que se hace común que se agreda
a la prensa para limitar el acceso a la información durante una
protesta, las autoridades buscan “legitimar la arbitrariedad” a través de leyes que les permitan atentar contra periodistas y ciudadanos que se manifiestan.
Sólo el año pasado, en el contexto de una protesta social siete manifestantes y pobladores fueron asesinados; se detuvo a 27 personas y se registró a más de 200 civiles heridos.
A lo que se suman al menos 59 agresiones contra la prensa que cubría una protesta social y otras 22 que ocurrieron en este 2017.
El abuso de autoridades contra manifestantes y periodistas durante una protesta pone en riesgo y viola derechos fundamentales
como el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la
libertad, a no sufrir tortura, a la salud, al debido proceso y a la
seguridad jurídica, indica Article 19.
El uso de la fuerza debería regirse por los principios de legalidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad,
lo que según la organización civil no ha ocurrido durante el gobierno
de Peña Nieto y en particular el año pasado en distintas protestas
sociales en el estado de Oaxaca.
Uno de los casos más notorios sobre cómo se hace uso de la fuerza y de la represión con el gobierno actual es el de Nochixtlán. Article 19 dice que cuando
las autoridades federales negaron el uso de armas de fuego tras
reportes de la prensa y esto resultó falso, “violaron el derecho de
acceso a la información de la sociedad, criminalizaron a los
manifestantes y desprestigiaron la labor de la prensa que se encontraba
en ese momento en riesgo”.
Pero además de las
violaciones que ocurrieron en Nochixtlán al reprimir la protesta,
Article 19 indica que la responsabilidad de las autoridades por lo
sucedido incluye también las omisiones acumuladas hasta la fecha, pues no se ha dado seguimiento a las exigencias de justicia, de atención médica y de garantías de seguridad.
Para ejemplificar cómo la protesta social se criminaliza y se viola el derecho a la libertad de expresión,
Article 19 detalla que durante la represión en Nochixtlán, Oaxaca hubo
varios intentos de las autoridades por impedir que la información se
documentara y difundiera.
Otro tipo de violencia que señala Article 19 en su informe Libertades en resistencia es la de espionaje y vigilancia. “Una forma sofisticada y casi invisible para inhibir y limitar el libre flujo de información”.
Según la organización, el Estado mexicano ha aumentado sus capacidades para mejorar la vigilancia sobre periodistas y ciudadanos sobre dispositivos móviles y actividad digital.
En 2016, dice Article 19, se registraron 72 agresiones en entornos digitales;
siendo la mayoría amenazas a periodistas y comunicadores vía redes
sociales: 37 del total de entre las que nueve se trató de amenazas de
muerte.
Pero el año pasado también hubo 16 ataques
digitales a medios de comunicación y el registro de ocho intervenciones
en comunicaciones de periodistas: la mitad a correos electrónicos.
Del
total de agresiones, se identificó que en 22 participaron funcionarios
públicos, cuatro partidos políticos, once particulares y de 35 se
desconoce el origen.
El informe completo puedes verlo aquí.
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