Mucha tele, cero internet

Serpientes y Escaleras

Salvador García Soto

Amén de las sospechas de uso electoral que despierta en la oposición la entrega gratuita de 13.8 millones de televisores digitales iniciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en pleno año electoral, hay otros dos cuestionamientos graves al programa: el primero es que las televisiones de 24 pulgadas que se están regalando a la población de escasos recursos no tienen acceso a internet, aun cuando ese fue uno de los argumentos para entregar televisores y no decodificadores digitales, y el segundo es que nadie sabe qué pasará con toda la chatarra de TV analógicas que serán desechadas y que es una fuente de contaminación ambiental.

En el caso del acceso a internet, el gobierno federal utilizó ese argumento para modificar el mandato de la reforma constitucional y las leyes secundarias en telecomunicaciones que obligaban al Ejecutivo federal a entregar “aparatos receptores y decodificadores” para recibir la señal digital en los hogares de menores recursos, según el artículo transitorio quinto de la Constitución y el transitorio 19 del decreto de legislación secundaria de junio de 2013. Pero para el 13 de mayo de 2014, la SCT publicó en el Diario Oficial el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital, y en él cambiaba: “se entregarán televisores en lugar de decodificadores” y “la entrega física la hará la Sedesol, en lugar de la SCT, por su alcance”. 

Incluso, el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, justificó el 20 de mayo pasado en conferencia de prensa que optara por repartir televisores en lugar de decodificadores: “Un beneficio adicional que favorece la inclusión digital, es que los televisores digitales pueden usarse como dispositivos de acceso a internet, tendrán la conectividad para que el usuario pueda conectarse a internet”, dijo en Nuevo Laredo. 

Pero las 2.5 millones de televisiones que se han repartido hasta ahora en el norte, noreste, Bajío, occidente y centro del país no tienen dispositivos de acceso a internet, aun cuando se decía en el discurso oficial que “el espíritu principal de la reforma de telecomunicaciones es favorecer la conectividad de toda la población, especialmente la de escasos recursos” ¿Cómo se conectarán si no se les dotó de una televisión inteligente? 

El mismo Ruiz Esparza trató de corregir el error cometido, a un costo de 5 mil millones de pesos por los televisores que ya compraron y pagaron en tres licitaciones, con una declaración en la que dijo que en 2016 se hará una nueva licitación para comprar aparatos que permitan el acceso a internet y regalárselos a la misma población a la que se le entregaron los televisores. Es decir, que en lugar de haber hecho una sola compra de televisiones con acceso a internet, ahora el gasto para el gobierno federal será doble.

El otro tema es ¿quién gana con el reparto de televisiones, además de las familias que gustosas reciben uno de los bienes más preciados y valorados por los consumidores en la actualidad? Información de la fracción del PAN en San Lázaro señala cuatro empresas que abastecen a la SCT. La primera y más beneficiada, con un contrato de 1 millón 96 televisores, es Grupo HTCJ; la segunda, con 942 mil 855, es Comercializadora Milenio en conjunto con Diamond Electronics, y luego le siguen Comarket con 242 mil 408 aparatos y Elektra del Milenio con 131 mil 941. Una licitación se hizo por “invitación a tres personas” con el número IA-009000987-N320014 y la otra como Licitación Pública Nacional Mixta LA-009000987-N73-2014. 

Otra gran interrogante que no ha respondido la SCT es qué pasará con la chatarra analógica que desechará la población. Grupos ambientalistas calculan que podrían tirarse entre 17 y 20 millones de televisiones analógicas, como ocurre en algunas ciudades, y el grave riesgo es que cada uno de esos aparatos se estima que contiene un kilo de monóxido de plomo, altamente contaminante y que inhalado o ingerido es dañino para el organismo humano. Los ecologistas se preguntan por qué el gobierno no hizo un programa de canje de una televisión digital por un aparato digital, y de ese modo garantizar el manejo de esos desechos que hoy no tienen ningún tipo de control. 

A todo eso se añade la sospecha principal de que detrás de todas estas decisiones haya un manejo político-electoral: ¿por qué si en el programa de trabajo original se decía que las televisiones comenzarían a repartirse en mayo de 2014 en la frontera norte para terminar en enero de 2015 en el centro del país, la entrega se retrasó hasta noviembre pasado y se planea terminar en abril o mayo de 2015 en plenas campañas electorales? ¿Será verdad que la intención oculta de la digitalización es “una tele por tu voto?

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