Cimacnoticias | México, DF.-El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó su informe de evaluación para 2014. Según el documento, el ingreso real de las familias ha caído desde 1992 y en 2014 no recupera el nivel que tenía en 2007.
Situación que se refleja en el PIB per cápita, su crecimiento económico ha sido de sólo 1.2 por ciento en promedio anual entre 1990 y 2013. Son 23 años de creciente empobrecimiento para las mujeres.
En el periodo 2010-2012, la entidad federativa con el mayor volumen de personas en situación de pobreza es el Estado de México
De acuerdo con el documento, para 2012 casi la mitad de las mujeres (45.8 por ciento) estaba en situación de pobreza, debido a que ellas tienen condiciones más precarias en los niveles salariales, en tanto que los hombres tienden a presentar niveles salariales más altos.
La ecuación es muy simple: a mayor ingreso menor participación femenina en el mercado laboral, mayor pobreza y desigualdad.
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Las mujeres que participan en el mercado laboral tienden a hacerlo en los segmentos con menor remuneración o sin pago en comparación con sus pares masculinos. Las que no reciben ingresos representan 8.4 por ciento de la población ocupada. Las que reciben hasta un salario mínimo por sus empleos constituyen 18.1 por ciento del total de las y los ocupados.
En la distribución porcentual de las personas ocupadas por nivel de ingreso y sexo destaca que en los niveles más bajos son las mujeres quienes tienen un porcentaje más elevado de participación que los hombres. Estos últimos registran porcentajes más elevados a partir de las categorías de más de dos salarios mínimos.
Como parte de esta precariedad –que causa pobreza– se señala que el porcentaje de mujeres que nunca había cotizado a una institución de seguridad social es de 52.7 por ciento (más de la mitad); en los hombres este porcentaje es de 44.1 por ciento, también muy alto.
Por tanto carecen de una seguridad social que las proteja durante su ciclo de vida, tanto de enfermedades como de embarazo o vejez. De tal forma que en 2012, 63.7 por ciento de las y los adultos mayores de 65 años no recibían una pensión de la seguridad social.
Seguramente este porcentaje seguirá creciendo en la misma medida que lo haga el empleo informal. Para 2014 la tasa de informalidad laboral femenina asciende a 59.67 por ciento (Enoe-Inegi, diciembre 2014).
En gran medida esto explica el crecimiento de afiliados al Seguro Popular (SP) que pasó de tener una población afiliada de 21.6 millones de personas en 2008 a 47.8 millones en 2012.
Son personas que no cotizan en ninguna institución de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Sedena o Pemex; por eso el informe de Coneval señala que los servicios de salud son de mala calidad (SP) y que son insuficientes para la población de menores ingresos.
¿Cuál es la población que nunca ha cotizado al IMSS o ISSSTE?
En el primer nivel de ingreso (el más bajo) 68.5 de las personas están en el SP, y sólo 5.0 en la seguridad social. En cambio, para el nivel de ingreso más alto (Decil X) la proporción se invierte: 8.8 por ciento en el SP y 75.3 por ciento cuenta con seguridad social.
Por edades destaca el grupo más joven (de 16 a 44 años), porque dentro de 25 años ésta no tendrá protección para la vejez, su participación es de 50.8 por ciento.
Negarles seguridad social a las y los jóvenes equivale a sembrar tempestades; tan es así que en las edades de 65 años o más la gran mayoría –82.9 por ciento– carece de seguridad social.
“Entre 2008 y 2012 la carencia por acceso a la seguridad social en México presentó un comportamiento variable. Entre 2008 y 2010 hubo una disminución en el porcentaje de población, pero tanto en 2010 como 2012 ésta fue la mayor carencia social del país.
“En los tres años, en al menos 26 de las 32 entidades, más de la mitad de la población presentó falta de acceso a la seguridad social.
“Los indicadores complementarios reflejan que en 2012 solamente 15.1 por ciento de la población ocupada tenía acceso a guarderías o estancias infantiles, 36.6 tenía fondo de ahorro para el retiro, y 43.4 incapacidad en caso de enfermedad, accidente o maternidad”.
Prestaciones mínimas indispensables, su carencia –sumado a la concentración del ingreso– genera enormes desigualdades, sociales y económicas, particularmente para las mujeres.
Desigualdades que se reflejan en el índice de Gini. Este indicador se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos de la población; para 2010 fue de 47.2 (mientras más cercano al número 1, mayor desigualdad); resulta que en la India es de 33.9. Quiere decir que en México la desigualdad en el ingreso es, con mucho, más alta que en la India.
Por lo que concierne a los logros y retos de la política social mencionados en el informe, llama poderosamente la atención lo relativo al Índice de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales por Entidad Federativa 2013.
Según este documento, el índice que se aplica en el DF (73.1) es más alto que el de Chiapas (35.2). Lo más lógico es que fuera a la inversa, ya que Chiapas tiene los indicadores de pobreza más altos del país y el mayor número de programas sociales, por lo tanto debe tener un mayor índice de monitoreo y evaluación.
Pero ¡claro!: al DF lo gobierna la oposición y hay que monitorear, a Chiapas lo gobierna el Partido Verde Ecologista de México, apéndice del PRI, para qué evaluar.
Ése es uno de los muchos “efectos nocivos” que tiene el uso electoral de los programas de política social, que sigue siendo asistencialista, pues como se reconoce en el documento, los programas productivos siguen sin tener éxito entre las y los pequeños productores.
Como uno de los retos importantes de la política social se señala la necesidad de mejorar la estructura económica y laboral de los hogares en México como ejes de desarrollo social. Mientras no mejore el ingreso de las familias, será difícil reducir la pobreza en el país.
Afirmación que se ha repetido en diversas ocasiones en Monedero, pero que en voz de Coneval cobra una especial relevancia.
Finalmente vale la pena referir que este informe es un preámbulo al correspondiente a 2012-2014, mismo que se presentará después de junio, tras las elecciones, por aquello del uso electoral de la política social y del combate a la pobreza.
Twitter:@ramonaponce
* Economista especializada en temas de género.
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
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