Una
de las numerosas y multitudinarias manifestaciones en México, en
demanda de que aparecieran los 23 estudiantes desaparecidos en Iguala.
En la imagen, jóvenes protestan el 6 de noviembre, ante la sede de la
Procuraduría General, en el Paseo de la Reforma, en la capital.
Crédito: Emilio Godoy/IPS
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El Estado mexicano tendrá que enfrentar un duro examen del Comité
contra Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), un problema que hizo eclosión en el país a raíz del caso de los
43 estudiantes de magisterio asesinados en septiembre en Iguala, en un
caso aún sin esclarecer plenamente.
Un conjunto de 26 organizaciones de derechos humanos ya entregó a
esa instancia 12 informes sobre ese fenómeno, uno de los más graves que
enfrenta este país latinoamericano, donde están registradas más de
23.000 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según
cifras oficiales que no detallan los casos forzosos.
Los reportes, a los que IPS tuvo acceso, concuerdan en denunciar que
la crisis humanitaria de la desaparición forzada explotó desde
diciembre de 2006, cuando el entonces presidente conservador Felipe
Calderón (2006-2012) declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en una
situación que su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto, no
ha resuelto.
“Las autoridades han
incumplido en explicar cuántas de las víctimas han padecido secuestro o
desaparición forzada y cuántas podrían estar perdidas debido a otras
razones”: Amnistía Internacional.
Las organizaciones señalan la inadecuada tipificación de la
desaparición forzada en la legislación mexicana, la falta de mecanismos
efectivos de búsqueda, protocolos y recursos y de reparación para las
víctimas directas e indirectas, así como impunidad extendida, ausencia
de una base de datos unificada de víctimas y falencias en las
investigaciones.
Además, critican la renuencia de México a aceptar la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas para recibir y analizar comunicaciones de parte de las víctimas.
Esa instancia, integrada por 10 expertos independientes y dedicada a vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, sostendrá su octavo periodo de sesiones entre el 2 y el 13 de febrero, en la ciudad suiza de Ginebra.
Durante esas sesiones, el país “será revisado en un contexto muy
crítico en el tema, porque ha habido múltiples recomendaciones que no
se han cumplido”, dijo Jacqueline Sáenz, del no gubernamental Centro de
Análisis e Investigación Fundar, una de las organizaciones que envió un informe al Comité.
El Estado “ha sido omiso para aplicar una política pública. Sus
respuestas han sido mínimas, más reactivas que propositivas. El balance
es muy negativo”, aseguró a IPS la coordinadora del Programa de
Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.
Aunque la desaparición forzosa ya representaba un grave problema humanitario, el fenómeno hizo eclosión el 26 de septiembre,
cuando policías locales del municipio de Iguala, a 191 kilómetros al
sur de Ciudad de México, en el estado de Guerrero, atacaron a
estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en un hecho que dejó seis muertos y 25 heridos.
Además, los agentes detuvieron a 43 estudiantes de magisterio rural
y los entregaron a miembros del grupo “Guerreros Unidos”, una de las
mafias del tráfico de drogas que se disputan la actividad criminal en
esa zona, según la investigación de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
De acuerdo a esa investigación, los 43 jóvenes fueron quemados en el
basurero de Colula, localidad cercana a Iguala, y después se
dispersaron sus restos.
El 7 de diciembre, el procurador Jesús Murillo informó que los
despojos de uno de los 43 desaparecidos permitió su identificación por
expertos del Instituto para Medicina Legal de la austriaca Universidad
Médica de Innsbruck.
Pero el 20 de este mes, ese misma institución notificó que las altas
temperaturas a que se sometieron los cuerpos de los jóvenes asesinados
imposibilita la identificación de los restantes, por desaparición del
ADN.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ha informado
que en este país de 120 millones de personas se registraron 23.271
desaparecidas, extraviadas o no localizadas entre 2007 y octubre de
2014, en un dato que no determina el número de aquellas forzadas.
Pero un indicador es que su Unidad Especializada de Personas
Desaparecidas solo incluyó en su lista de búsqueda de ese periodo a 621
personas, de las que halló a 72 vivas y a 30 muertas.
“Es importante que el Comité llame al Estado para precisar la
magnitud del problema. Existen reportes desde hace mucho tiempo con
recomendaciones muy puntuales que el Estado no ha venido asumiendo. Hay
una ausencia de políticas públicas y de reformas necesarias”, denunció
a IPS el activista Juan Gutiérrez.
Más de 9.000 desapariciones han ocurrido desde 2013, bajo la
administración de Peña Nieto, lo que “pone en duda la efectividad de
las políticas de seguridad y prevención de la desaparición de
personas”, aseguró el coordinador general de la no gubernamental I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
México ya tiene antecedentes internacionales al respecto, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos
lo condenó en noviembre de 2009 por violentar los derechos a la
libertad y a la integridad personal, al reconocimiento de la
personalidad jurídica y a la propia vida del dirigente comunitario
Rosendo Radilla, desaparecido en 1974.
La Corte instruyó al Estado mexicano a investigar adecuadamente el caso y a continuar con la búsqueda y localización de Radilla, lo que no ha sucedido hasta ahora.
En su reporte al Comité de la ONU, Amnistía Internacional
indica que “las autoridades han incumplido en explicar cuántas de las
víctimas han padecido secuestro o desaparición forzada y cuántas
podrían estar perdidas debido a otras razones”.
Añade que las organizaciones de la sociedad civil no pueden escrutar las cifras y la impunidad permanece “rampante”.
Amnistía da cuenta que a nivel federal solo se produjeron seis
persecuciones penales, todos ellos entre 2005 y 2009, por
desapariciones delictivas previas a 2005.
En relación con los 43 estudiantes de Iguala, la PGR detuvo a más de
40 policías, presuntos narcotraficantes, al ahora exalcalde de Iguala,
José Abarca, y a su esposa, todos ellos acusados del ataque y la
desaparición forzada, aunque sin incluir esa figura.
En su informe alternativo de diciembre de 2014, nueve organizaciones
señalan que el caso Iguala refleja “el contexto actual de las
desapariciones forzadas” y demuestra “la ineficacia del Estado mexicano
para buscar a las personas e investigar los hechos”.
El 8 de enero, en un agregado a sus informe al Comité de las
Naciones Unidas, cuatro organizaciones resaltan “la falta de
capacidad” y “la tardía reacción” de las autoridades en este caso.
“La investigación no se condujo con la debida diligencia. El Estado
mexicano ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la
desaparición forzada de los estudiantes”, cita el texto, que también
denuncia que el caso “comprueba que el marco jurídico es insuficiente y
que las autoridades ignoran por completo la Convención”.
El 27 de noviembre, Peña Nieto presentó 10 medidas, que incluyen un
proyecto de ley sobre tortura y desaparición forzada y la creación de
un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.
“No se atacan las raíces del problema. México tiene que dar un giro
en su política. La propuesta es marginal. Esperamos que la revisión del
Comité origine cambios. México no ha sabido responder a esa crisis”,
criticó Sáenz.
Para Gutiérrez, el anuncio se queda “en la dinámica de plantear
elementos necesarios pero no suficientes. Hay que debatir la ley con
las organizaciones y los familiares de desaparecidos”.
El Estado mexicano no ha respondido hasta ahora a las preguntas que
el Comité le envió en septiembre con vistas a su examen de febrero.
Editado por Estrella Gutiérrez
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