Armas y violencia

José Ramón Cossío

El pasado 24 de diciembre entró en vigor el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. A esa fecha, 130 países lo habían firmado y 61 ratificado. Entre estos últimos, algunos productores importantes de armas y municiones, como Austria, Bélgica, la República Checa, Alemania, Italia o el Reino Unido. Nuestro país lo hizo desde 2013, y los derechos y obligaciones del Tratado le son ya aplicables. Desafortunadamente, no lo ha hecho Estados Unidos, de forma que respecto de ellos México no puede exigir el cumplimiento de las restricciones al comercio y armas y municiones. Tampoco puede hacerlo por la vía de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, pues las autoridades estadounidenses tampoco lo han ratificado.

Una parte muy importante de las armas y las municiones que circulan en el país, provienen de Estados Unidos. Se ha llegado a sostener que ello alcanza 90%, aun cuando esta cifra ha sido cuestionada recientemente. Aun así, el volumen proveniente de Estados Unidos es enormemente alto, y a pesar de los compromisos asumidos por ese país en la Iniciativa Mérida, en 2007, poco se ha hecho para limitarlo. Según el informe elaborado por el Instituto Igarapé y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego en 2013, había algo así como 15 millones y medio de armas ilegales en manos de particulares, lo cual contrasta considerablemente con las 655 mil armas en manos de policías y paramilitares, y las 505 mil en poder de militares. En el propio informe se señala que el aseguramiento de armas por las autoridades mexicanas es bajo. Él se confirma con la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues según la respuesta a dos solicitudes de información hechas mediante Infomex, de enero de 2006 a enero de 2011, en las aduanas nacionales sólo se decomisaron mil 15 armas. 

Luis Astorga ha señalado que aun cuando las armas no son en sí mismas las causas de la violencia, su presencia hace que adquiera dimensiones mayores y sea muy difícil de contener. ¿Cómo es posible que, entonces, se pretenda disminuir la violencia e imponer la fuerza pública legítima, cuando nuestra frontera norte es “una coladera” en el tráfico de armas y municiones? Parte de la contención de la violencia, al menos de lo que tristemente se está dando entre nosotros, pasa por el control de los instrumentos por los cuales se lleva a cabo. Las medidas a adoptar son complejas y su instrumentación más. Sin embargo, de no lograrse ambas, es poco probable que las cosas mejoren y que el tan traído y tan llevado Estado de derecho, logre la más mínima eficacia. 

¿Cómo se podría —me pregunto— lograr la imposición de los mandatos legítimos de la autoridad si la condición de fuerza es igual a la de quienes se pretende dominar? ¿Cómo se impedirían robos, extorsiones o amenazas, si quienes los realizan tienen una posición de fuerza que les permite no ser sometidos? 

La enorme disponibilidad de armas y municiones no es de suyo el origen de todos nuestros males. Sí es, sin embargo, un modo de acrecentarlos y perpetuarlos. Es preciso que las autoridades nacionales busquen los medios para que el Congreso de Estados Unidos emita la legislación que restrinja el comercio internacional de armas, como lo propone el profesor Stewart M. Young. También es necesario lograr que el Senado de ese país ratifique los dos tratados en la materia, tanto el de Naciones Unidas como el del Sistema Interamericano. Asimismo, es preciso encontrar formas más avanzadas para el control de las importaciones en nuestras fronteras. Sólo cuando algo de ello se haya logrado, podremos esperar cambios en materia de seguridad. Sin ellos, francamente parece difícil.

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

@JRCossio