"Un presidente que no se da cuenta que no se ha dado cuenta", señala un artículo publicado por el diario británico, que aquí puedes leer íntegro.
*Artículo publicado por el diario The Economist:
En un
mensaje de año nuevo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto,
prometió trabajar para “liberar” a su país del crimen, la corrupción y
la impunidad. Su gabinete ha establecido esto como su prioridad. El
mensaje es el correcto. Pero desafortunadamente para Peña Nieto, los
mexicanos son cada vez más escépticos acerca del mensajero.
México sigue agitado por la respuesta del gobierno al secuestro de
43 estudiantes en septiembre, a manos de la policía municipal en el
estado de Guerrero, al suroeste de México, y aparentemente asesinados
por narcotraficantes. La investigación del caso parece estar estancada.
La respuesta política de Peña Nieto a la masacre es una iniciativa de
reforma constitucional para abolir las fuerzas municipales. Pero el
Congreso podría no aprobarla, entre otras cosas porque algunas están
menos dañadas que las fuerzas estatales que quedarían en su lugar.
En defensa del gobierno, el estado de derecho no se puede crear en
una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer a la
policía del país. Pero sus críticos creen que Peña está esquivando la
tarea más importante: castigar a los mandos políticos corruptos que son
cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está marcado por
el escándalo.
El más reciente bochorno, publicado esta semana por The Wall Street
Journal, es que en 2005 Peña compró una casa de un pequeño constructor
que había ganado una gran cantidad de contratos en su administración.
Esto siguió después de las revelaciones de que su secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa de $500 mil dólares en un
club de golf de moda, con un crédito del propio vendedor, una compañía
propiedad de Juan Armando Hinojosa. Ese empresario ha recibido mucho
trabajo del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando
Peña fue gobernador y Videgaray su secretario de finanzas.
Esto confirma los nexos cercanos entre esta administración y Grupo
Higa, el imperio de Hinojosa. En noviembre, el gobierno canceló
abruptamente un contrato de $3 mil 700 millones de dólares, para un
tren de alta velocidad otorgado a un consorcio que incluía a Grupo
Higa. Días después se reveló que la palaciega casa presidencial había
sido comprada con una gran hipoteca, otorgada a la primera dama por el
grupo empresarial.
Ambos, Peña y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal.
Están perdiendo el punto. En las democracias modernas, a las que México
aspira a pertenecer, el tipo de relación de rascaespaldas que
aparentemente emprendieron con Grupo Higa es vista como comportamiento
inaceptable.
Si se toman en serio la lucha contra la corrupción y el conflicto de
interés, los líderes políticos de México pueden mirar a Brasil.
Petrobras, la empresa petrolera controlada por el gobierno brasileño,
está envuelta en un escándalo mucho mayor, que involucra sobornos de
quizá 4 mil millones de dólares en la década pasada. Los fiscales creen
que el dinero fue a parar al partido en el poder, el de los
Trabajadores, y a sus aliados del gobierno. La presidente, Dilma
Rousseff, presidió el consejo directivo de Petrobras durante gran parte
de ese periodo.
Gracias a fiscales y cortes ferozmente independientes, y una nueva
rigurosa ley antisobornos, los brasileños pueden estar confiados que
los delitos en Petrobras serán investigados y castigados -incluso si el
juicio conduce a la propia Rousseff. En 1992, un presidente brasileño
fue sometido a juicio por corrupción; más recientemente, varios
ministros se han visto forzados a renunciar por contratos
controversiales o vínculos no éticos con negocios privados. Docenas de
directivos de empresas del ramo de la construcción, contratadas por
Petrobras, enfrentan cargos criminales.
Para que ese tipo de cosas se puedan pensar para México, se
necesitan varios cambios. Las propuestas para una fiscalía
independiente y una agencia anticorrupción deberían pasar por la vía
rápida (tristemente, los partidarios de Peña quieren que esta última
esté bajo el control del gobierno). El segundo elemento que falta es la
responsabilidad política. Nadie ha asumido la responsabilidad ni ha
renunciado por las fallas en seguridad, las dudas en el contrato del
tren o conflicto de interés. Nadie ha privado a Grupo Higa de los
contratos del gobierno mientras se investiga de manera independiente,
aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa.
“No se han dado cuenta que no se dan cuenta”, dijo un ex funcionario
de alto rango. Pero los mexicanos ya se dieron cuenta. El índice de
aprobación de Peña cayó hasta el 40%, cerca del nivel más bajo en la
historia para un presidente mexicano.
Sus audaces reformas económicas aún pueden traer recompensas
políticas. La división de la oposición puede ayudarle en las elecciones
del Congreso que se realizarán en junio. Pero los meses pasados han
socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas. Y con las
encuestas sugiriendo que la participación en las elecciones será
decepcionante, el mayor beneficiado de la escepticismo que está
engendrando el presidente podría ser Andrés Manuel López Obrador, un
populista mesiánico, quien ha estado a punto de ganar la presidencia en
dos ocasiones. México se merece algo mejor.
(Traducción: Irving Huerta)
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