Podemos aquí hacer una interminable lista de tráfico de influencias y pago de favores entre funcionarios del PRIAN con empresas particulares nacionales y extranjeras.
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Resulta frívolo, inconsistente e incongruente el planteamiento
anticorrupción o de "integridad gubernamental", del Ejecutivo federal
Peña Nieto. De igual manera, la profusa propaganda electoral que
utiliza el PAN en sus propuestas anticorrupción resultan también
ofensivas, porque simple y sencillamente quienes detentaron el poder
dos sexenios realizaron un sinfín de actos ilegales para disponer del
erario, hacer negocios al amparo del poder y del tráfico de
influencias, todo ello en beneficio de esa casta política y de los
grupos de poder que lo mismo financian sus campañas, que las del
partido revolucionario institucional.
Quienes desde la derecha enarbolan con hipocresía la bandera
anticorrupción son los mismos que patentizaron un nuevo estilo de
insaciable robo. Basta sólo con recordar el caso de Construcciones
Prácticas S. A. de C. V. y su relación con los hermanos Jorge y Manuel
Bibriesca Sahagún, hijos de otra ex primera dama Martha Sahagún, que
utilizaron la información privilegiada y su posición en el poder para
adjudicarse a precio de remate propiedades que tenía el Instituto de
Protección para el Ahorro Bancario (IPAB).
Todavía en el sexenio del señor Fox, el fiel escudero de Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa y presidente del Partido Acción Nacional, Cesar
Nava Vázquez, siendo en el año 2002 Director Jurídico de PEMEX, fraguó
una de las omisiones jurídicas más lamentables que se convertiría en un
mega fraude a la entonces paraestatal, este hecho consistió por
presuntamente participar en una conspiración criminal de las empresas
Siemens y SK Engineering para defraudar a la petrolera durante las
obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta ya que en mayo de
2002, Nava ordenó a una subordinada abstenerse de cobrar dos cartas de
crédito por 102.8 millones de dólares que servirían para compensar
violaciones contractuales de estas dos empresas, extrañamente y con la
complicidad de la actual administración se presentó una demanda en una
Corte de Nueva York, misma que no prosperó por omisiones de la actual
dirección jurídica que encabeza una herencia del calderonismo llamada
Marco Antonio De La Peña. ¿Coincidencias? ¡No!
Ya en el sexenio del haiga sido como haiga sido, ojo, no HIGA o del
manos limpias; se desataron impunemente los actos de corrupción, ni la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni la de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, ni tampoco la de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni mucho
menos el novedoso e incorruptible compranet y ni el entonces zar
anticorrupción hoy con fuero Salvador Vega Casillas, Secretario de la
Función Pública, pudieron detener o fueron cómplices de los actos de
corrupción perpetrados desde el círculo del poder por los más cercanos
colaboradores de Calderón Hinojosa y que no pueden hasta hoy en día
explicar la procedencia de sus cuantiosas fortunas, la forma de
enriquecimiento patrimonial y mucho menos la procedencia del mismo.
Casos emblemáticos, el de Amado Yáñez con su empresa Oceanografía y
su relación de Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a
Gobernador de Campeche y ex funcionario de Pemex Exploración y
Producción (PEP), ya que éste firmo a nombre de ésta un adendum
millonario a un contrato con Oceanografía cuando ya no se encontraba en
funciones dentro de la empresa, llevan a preguntar: ¿A cambio de qué
Ávila Lizárraga realizó esta millonaria, temeraria y corrupta acción?
También resaltan Georgina Kessel, que siendo secretaria de energía
le fue asignado por medio de la Comisión Federal de Electricidad, según
mediante un proceso de licitación internacional, un contrato de 605
millones de dólares a la empresa española Iberdrola, consistente en la
obra que consistía en trabajos para aumentar la capacidad de generación
de energía de la Central Nuclear de Laguna Verde, objetivo que no se ha
logrado llevar acabo a pesar de que los trabajos se terminaron hace más
de año y medio; además de estos contratos, el consorcio español se
despachó con la cuchara grande en la instalación y venta de energía a
la CFE generada por los parques eólicos que instaló, está en el Istmo
de Tehuantepec, lo malo o extraño de todo esto es que al terminar su
gestión en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la señora Kessel
fue recompensada por esta transnacional y fue nombrada consejera
independiente de la misma.
Podemos aquí hacer una interminable lista de tráfico de influencias
y pago de favores entre funcionarios del PRIAN con empresas
particulares nacionales y extranjeras.
Adrián Lajous fue director de Pemex (1994-1999), siguiendo los
mismos pasos del ex jefe Ernesto Zedillo, ahora participa en la junta
directiva de la petrolera trasnacional Schlumberger. Después de ser
estar al frente de la paraestatal, Lajous logró ser incluido en el
consejo de ocho multinacionales, tan exitosas, que en conjunto lograron
contratos por 73 mil millones de pesos con PEMEX, seguramente
traficando con información privilegiada.
Caso aparte es el del exdirector de operaciones de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, quien recibió
sobornos; entre éstos, el yate Dream Seeker, cuyo valor se estima en 1
millón 800 mil dólares, así como un automóvil Ferrari Spyder de 297 mil
dólares y dinero depositado a través de su cuenta American Express,
todo ello derivado de actos de corrupción conflagrados desde hace por
lo menos 12 años continuos, lo que indica que el funcionario siempre
contó con la protección de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente
Fox, Felipe Calderón y por supuesto del director transexenal de la CFE
Alfredo Elías Ayub.
Casos igual de graves han sucedido en los estados de la República en
donde exgobernadores de todos los partidos, han improvisado millonarias
fortunas siendo únicamente procesado el caso de Andrés Granier Melo,
exgobernador de Tabasco, derivado de la transición democrática que se
dio en aquella entidad del sur del país. Los Moreira en Coahuila,
Ulises Ruíz en Oaxaca, Fidel Herrera en Veracruz, Luis Fernando Reynoso
Femat en Aguascalientes y una lista interminables de presidentes
municipales, diputados federales y locales, que abusando del poder y la
representación de sus electores han fraguado jugosos negocios a través
de contratos que cabildean con diferentes autoridades de los tres
niveles de gobierno.
Por eso seguimos sin creer el discurso de Enrique Peña Nieto y de
los priistas, que en su propuesta constitucional de integridad pública,
plantean un Consejo Nacional Anticorrupción encabezado por él e
integrado por los gobernadores de los estados y también reprobamos la
hipocresía del marketing político de Acción Nacional de enarbolar y
arengar la misma causa, si en los hechos y en la práctica parlamentaria
son cómplices de sus aliados priistas.
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