Gracias al artículo 9º transitorio de la LFTR, el Grupo Televisa sigue comprando sistemas de cable en el país.
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Muchos
son los temas en la mesa de la agenda de radiodifusión y
telecomunicaciones apenas arrancando el año, que asociado al proceso
electoral en los próximos meses tensarán aún más las cuerdas de tan
conflictivo sector, en el que lo que veremos son las reglas desiguales
entre los diferentes actores, consecuencia de los desaciertos en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y de órganos
reguladores que la aplican bajo interpretaciones que dejan mucho que
desear.
Teles regaladas en procesos electorales
La transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha sido una
historia llena de tropiezos y escollos, desde que se determinó en 2004
la política de dicha transición con Vicente Fox hasta la fecha, los
intereses políticos y económicos han sido el mayor obstáculo para
realizarla, y comenzó desde entonces con el pie izquierdo.
Ante las resistencias para la transición a la TDT, por parte de las
televisoras, los partidos del Pacto por México determinaron poner en la
Constitución que el apagón analógico debería de culminar a más tardar
el 31 de diciembre del 2015 (artículo 5º transitorio). Ya creado e
instalado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con
autonomía constitucional, se suponía que este proceso finalmente
siguiera sin las interferencias indebidas de los poderes fácticos y
gubernamentales, pero no fue así, ya que desde el año pasado el IFT
permitió que el gobierno federal le arrebatara el programa de la TDT
para dejarlo el manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), que lo ha manejado de una manera altamente discrecional y opaca.
Bajo el argumento de integrar a las familias de menores recursos en
el país a la conectividad, en lugar de dotarles de decodificadores y
antenas, como se hizo en el programa piloto en Tijuana en 2013,
determinó que regalaría televisiones digitales aptas para conectarse a
internet, algo poco realista, pues para hacerlo, las familias
beneficiadas, que están en los padrones de ayuda social de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que apenas si tienen para
comer, tendrían que comprar un teclado, un módem y contratar un plan de
renta de banda ancha que tiene por lo menos un costo de $300 pesos
mensuales.
Desde que se determinó en la LFTR que las familias beneficiarias de
este programa para el apagón analógico fueran las inscritas en el
padrón de Sedesol, se advirtió el riesgo de que pudiera ser utilizado
con fines electorales, pero aún así los legisladores lo aprobaron en
sus términos. Los resultados están hoy a la luz pública, sin recato
alguno los televisores se reparten en una caja con la leyenda “mover a
México” que es el slogan de la campaña del gobierno federal, y se
entregan en eventos con características claramente electorales al
decirle a la gente que son un regalo del presidente Peña Nieto.
El pasado 14 de enero se determinó el primer apagón analógico del
año en Tamaulipas (Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo) por parte del
IFT, ya que de acuerdo a la información que le hizo llegar la SCT se
contaba con un 90% de penetración para la transición digital; sin
embargo, las anomalías son múltiples y se han consignado en diversas
informaciones periodísticas, algunas de ellas es que tanto la SCT como
la Sedesol han mantenido oculta la lista de las familias beneficiadas,
las televisiones no cuentan realmente con ninguna conexión para
internet y en varios casos no sirven siquiera para sintonizar las
nuevas señales digitales[1].
Además la SCT, ha cambiado en varias ocasiones el calendario de
avance y no cuenta con el presupuesto para continuar con la entrega de
televisiones para las próximas regiones del país, por lo que hacen
falta 12 mil millones de pesos para continuar con el programa y cumplir
con la meta de hacer el apagón a más tardar el 31 de diciembre.
Muchas implicaciones tienen estos yerros por parte del gobierno
federal, para empezar, el sobrecosto (por dar teles en lugar de
decodificadores) de más de 4 mil millones de pesos lo pagamos todos con
nuestros impuestos; de retrasarse más la transición digital tendrá
alguna consecuencia para quienes o quien resulte ganador de las nuevas
cadenas de televisión digital, que deberá de decidirse en marzo de
acuerdo al calendario de la licitación que lleva el IFT; y por la
manera en como se están entregando puede afectarse la equidad en las
contiendas electorales en 14 estados del país.
Hoy, legisladores, entre ellos varios de los que aprobaron la LFTR
en sus términos, se quejan del uso electoral del programa (los panistas
Juan Pablo Adame y Javier Lozano, entre otros); sin embargo, hasta la
fecha no se conoce de una queja concreta en este año ante el Instituto
Nacional Electoral (INE), que es quien debiera de fungir como árbitro
para evitar que se lastime la equidad electoral y se impida el uso de
programas oficiales para incidir en el voto, pues de nada valen cartas
y exhortos, si no se hace una queja formal ante dicho instituto, que
por cierto no hizo nada concreto, cuando el año pasado el partido
Movimiento Ciudadano presentó una queja formal por este mismo asunto al
Comité de Quejas y Denuncias.
Más concentración
Gracias al artículo 9º transitorio de la LFTR, el Grupo Televisa
sigue comprando sistemas de cable en el país, sin que el IFT pueda como
regulador siquiera opinar sobre las concentraciones, con la compra de
Cablecom y de Telecable, dicha empresa tiene ya el control del 65% del
control de la televisión de paga a nivel nacional, lo que le da la
capacidad de controlar aún más el mercado de contenidos y las redes de
triple play (telefonía fija, internet y video restringido), asfixiando
a los cableros más pequeños. En cuanto a televisión satelital, Televisa
concentra el 74% del mercado, teniendo como única competencia a Dish
México, que se ve seriamente golpeada ante la multa de 40 millones de
pesos que le impuso el IFT, apenas en la primera semana de enero, por
no haber notificado contratos de posibilidad de compra por parte de
Teléfonos de México, a quien multó por 14 millones de pesos.
En su comunicado, el IFT afirmó que “la sanción no se impuso como
consecuencia de una práctica dañina para el mercado, sino por el
incumplimiento de la obligación, lo que obstruyó la posibilidad de que
la autoridad ejerciera sus facultades preventivas que tanto la
Constitución, como la Ley Federal de Competencia Económica otorgan al
IFT en materia de competencia”.
La resolución ha tenido serias críticas porque no aporta más que una
mayor litigiosidad en el sector, deja ver claramente lo desigual de las
reglas actuales, y la diferente vara con que se regulan a unos y a
otros, cuando uno de los objetivos de la regulación debiera ser poner
un piso parejo para todos los competidores y poner límites a los abusos
de los grandes.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com
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