Si
resulta evidente la enorme brecha que existe entre los objetivos del
cártel partidista-gubernamental y un importante sector de la sociedad
civil mexicana, que sigue presionando para encontrar a los 43
estudiantes desaparecidos en Iguala, la postura de los empresarios no
se queda atrás. Más allá de las muestras de desprecio
sistemáticas hacia los trabajadores por parte de los criollos del siglo
XXI –producto de una larga tradición racista incubada en las miasmas
del eurocentrismo- el caso Ayotzinapa devela la forma de concebir el
mundo por parte de los dueños del dinero en México.
Si bien, en un principio, los empresarios organizados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) deploraron las desapariciones de los normalistas en Guerrero, solicitando
“la creación de una comisión ciudadana para que apoye el trabajo de los
responsables de las investigaciones y el resultado de las mismas”,
recientemente su postura ha cambiado, demostrando su verdadera
percepción del conflicto. El propio Gerardo Gutiérrez Candiani,
presidente del CCE, exigió recientemente que sean castigados los
manifestantes que ingresaron al 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Molesto por la irrupción de profesores y estudiantes normalistas en el
Foro Emprendedor Guerrero -organizado por la Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX)- Gutiérrez Candiani declaró que
“además de manifestar su intención de sabotear procesos electorales y
en una nueva y grave acción, inédita en México, provocaron con
violencia e irresponsabilidad a las fuerzas armadas en las propias
instalaciones de éstas”. Acusó a los manifestantes de tener intereses políticos, ajenos a las demandas de justicia y respeto a los derechos humanos.
Sin ánimo de entrar a la discusión de las supuestas diferencias entre
política y justicia, baste decir que los empresarios mexicanos han
cerrado filas alrededor precisamente de semejante sofisma para darle la
vuelta a la hoja. Así lo dijo Enrique Solana, presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO),
quién consideró injusto
que por 43 personas se dañe a los tres y medio millones de habitantes
del estado de Guerrero y, sobre todo, a los 150 mil empresarios que
impulsan, según él, el crecimiento económico en el estado. ¡Ésa si es
una injusticia!
Para tener una idea de las razones que
arguyen los empresarios para darle carpetazo a las investigaciones, que
mejor que las declaraciones de unos de sus adalides, el obispo Onésimo
Cepeda, quien en su acostumbrado tono parroquial expresó su
desconcierto por las protestas cuando dice:
“Si ya desaparecieron, ya desaparecieron”, por lo que recomienda rezar
por los muertos y dejar que las autoridades hagan su trabajo, o sea,
echarle tierra al asunto para seguir moviendo a México.
Las
protestas en Guerrero no sólo han puesto en la mira a las autoridades
civiles y militares sino también al mundo empresarial, desatando la ira
de los benefactores de la sociedad que se sacrifican todos los días
para generar empleos chatarra y envenenar a la población con sus
productos y servicios. Un empresa líder en ‘beneficiar’ a la población
es Bimbo (empresa productora de golosinas enharinadas que han detonado
la obesidad infantil a un ritmo sin precedentes en el país) que por
medio de uno de sus fundadores, Roberto Servitje, repitió la cantinela empresarial para demeritar las manifestaciones sociales por la desaparición forzada de los normalistas:
“Hay inconformidad de algunos grupos que no han podido ubicarse y
aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste
porque se le ha dado una dimensión que no tiene, y se están
aprovechando con respeto a todos ustedes los medios también exacerban
la situación”.
Las perlas declarativas mencionadas arriba
confirman que los empresarios están en sintonía con respecto al caso
Ayotzinapa, exigiendo de paso a sus socios minoritarios que acaben con
las protestas y reestablezcan el estado de derecho. La COPARMEX
manifestó recientemente en un comunicado de prensa que “La
responsabilidad es compartida entre los tres órdenes de Gobierno, y los
presidentes municipales y gobernadores deben también dar una respuesta
clara y contundente de cara a la sociedad que exige ¡ya basta de
violencia!” Nótese lo de ‘respuesta clara y contundente” para medir
el nivel de frustración de los empresarios y su vena autoritaria.
Porque en el fondo, lo que está en entredicho para los ‘motores’ del
crecimiento es el principio de autoridad, fundamento del orden social
que amplifica las posibilidades de apropiarse de la riqueza producida
socialmente.
Más allá de las diferencias en el manejo del
conflicto entre empresarios y gobierno -los primeros consideran
inadmisible que se administre la crisis permitiendo que, por ejemplo,
se obligue a los militares abrir los cuarteles- no se puede pasar por
alto que la violencia social es producto en primerísimo lugar de la
explotación sistemática de los trabajadores en beneficio de unos
cuantos. Es esa violencia, inspirada en el afán de lucro, la que ha
generado no sólo el caso Ayotzinapa, sino también Acteal, Aguas
Blancas, las desaparecidas en Ciudad Juárez, los daños colaterales de
la guerra contra el narcotráfico y un largo etcétera, desmantelando sin
rubor a un país para mantener la lógica capitalista. Y mientras tanto,
la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas continúa firme,
imparable.
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