Ricardo Raphael
Alarma saber que la Defensa optó por esconder toda información estadística relativa a agresiones, homicidios o lesiones vinculados con actividades militares
Corría el año 2008 y el general Salvador Cienfuegos Zepeda era todavía cabeza de la 1a. Zona Militar. En Toluca reunió a sus mandos principales con algunos académicos y activistas para discutir sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad civil.
Recuerdo cuánto me impresionó la inteligencia de ese hombre y también su sensibilidad frente a un tema que entonces era despreciado por el gobierno federal: la protección de los derechos humanos durante la supuesta guerra contra el narcotráfico.
El general fue cauteloso pero se permitió externar la preocupación que traía con respecto a la posible devaluación de la imagen de las Fuerzas Armadas, derivada del uso de sus tropas para enfrentar un fenómeno ajeno a su naturaleza.
Por ello, cuando fue nombrado como secretario de la Defensa celebré que Enrique Peña Nieto hubiese elegido a un hombre con sensibilidad democrática.
No obstante, pasado el tiempo, no sé ya qué pensar.
Me gustaría suponer, pero no puedo, que la tragedia de Tlatlaya fue una excepción y que también lo habrían sido las fabricaciones y el engaño y posteriores. La confusa participación de los soldados en los hechos de Iguala me provoca igualmente desazón.
¿A propósito del manejo antidemocrático que el mando militar ha exhibido en estos últimos meses, dónde está el general Salvador Cienfuegos que conocí?
Sobre este hombre ha recaído una definición fundamental que podría resumirse en una sola pregunta: ¿qué tan constitucional (qué tan apegado a los principios de la Carta Magna) es hoy el Ejército Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos?
Las Fuerzas Armadas que actuaron en Tlatlaya no merecen ese dignísimo calificativo. En cambio sí lo amerita la autoridad que eventualmente permitirá el ingreso de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa a las instalaciones del Batallón ubicado en Iguala.
Este es uno de esos momentos en la historia castrense mexicana donde las decisiones tomadas hoy fijarán precedente para el porvenir.
Justo en este contexto alarma saber que la Secretaría de la Defensa optó por esconder, a partir del 6 de abril de 2014, toda información estadística relativa a agresiones, homicidios o lesiones vinculados con actividades militares.
En un oficio que obra en mi poder, el general Crescencio Sandoval —jefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa— afirma que “ya no se dará continuidad a dicha estadística en razón de no ser necesaria … debido a que el personal … después de repeler alguna agresión, se limita únicamente a preservar el lugar de los hechos, y una vez que hacen presencia las autoridades competentes, se desliga de los procesos de investigación correspondientes.”
A la luz de los hechos recientes esta declaración, signada por la autoridad militar, revuelve el estómago.
Resulta falso que las Fuerzas Armadas sólo repelan agresiones, frecuentemente también las propinan; es mentiroso que sepan preservar el lugar de los hechos para propósitos forenses y es grave e irresponsable que los mandos quieran desligarse de los procesos de investigación ulterior.
Tal como ha sido desde 2007, la información referida debe seguir siendo del conocimiento público. Es materia fundamental para evaluar el desempeño de las instituciones castrenses —muy en concreto el apego de su comportamiento al Estado de derecho— y fundamental para combatir los excesos de la fuerza militar.
ZOOM: El oficio firmado por el general Sandoval es contrario a la Constitución; me impide también reconocer a su superior, aquel jefe de la 1ª zona militar que admiré hace unos cuantos años.
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