Exigen justicia par|a víctimas de feminicidio en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas
CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Cada día, siete mujeres y niñas son
asesinadas en México, sin embargo, todos esos crímenes podrían ser
evitables si los gobiernos federal y estatales aceptaran activar la
Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo de emergencia creado
hace nueve años para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, pero
que se ha vuelto inoperante por el estire y afloja de los políticos.
Y es que el laberíntico y tortuoso camino para lograr que la
Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activen la AVG, deriva en el
recrudecimiento de la violencia feminicida, que según datos oficiales
pasó de cuatro a siete mujeres asesinadas cada día en tan sólo una
década.
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Concebida
desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (promulgada en 2007) como un conjunto de acciones
gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres, la
alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen
acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos
necesarios.
Para salvar la vida de las mexicanas, desde 2010 en 15 estados del
país, activistas solicitaron la activación de la AVG, pero hasta ahora
–seis años después– sólo se ha logrado en tres entidades y en algunos
municipios.
En 2009, el Centro Las Libres de Guanajuato hizo una petición de AVG
pero no por feminicidio, sino por “agravio comparado” (cuando una
legislación atenta contra los Derechos Humanos de las mujeres), luego de
que en esa entidad se aprobó una reforma a la Constitución local para
“proteger la vida desde la concepción”, lo que –a decir de la
organización– agraviaba los derechos reproductivos de las
guanajuatenses.
Los primeros intentos para implementar la AVG sacaron a flote las
trabas burocráticas. En su momento, Pablo Navarrete Gutiérrez,
coordinador jurídico del Inmujeres, reconoció que el trámite para
decretar la alerta –por medio de la votación de 32 instancias estatales
de la Mujer y nueve secretarías de Estado, entre otras instancias
federales– era “burocrático, partidista y con la intervención de los
gobiernos”.
La justificación oficial sobre la falta de reglas claras para aplicar
la AVG desató un cabildeo que duró dos años para reformar el Reglamento
de la Ley General, y modificar el procedimiento, así como los plazos de
la declaratoria, supuestamente con el fin de hacerla efectiva.
La realidad es que hoy sólo se ha implementado en 27 municipios de
tres estados: en 11 de un de un total de 125 municipios mexiquenses; en
ocho de 33 en Morelos, y en ocho de 125 municipios de Jalisco, bajo el
argumento de la “focalización del feminicidio”.
Obstáculos
Lograr la declaración de la AVG no ha sido un proceso fácil. Desde la
primera petición de Las Libres en 2009, la tarea titánica ha sido
derribar obstáculos.
Antes de las reformas de 2013 al Reglamento de la Ley General, el
primer procedimiento exigía que cada petición se sometiera a votación.
Así, con la negativa de las instancias de gobierno no se declaró la
alerta en ninguna entidad.
Con la modificación de ese año, ahora las reglas dicen que los grupos
civiles que pidan la AVG deben señalar la presunción de violencia, o
una ley o norma que provoque desigualdad o discriminación hacia las
mujeres, y es tarea de las instituciones crear grupos de personas de la
Academia y funcionarias que verifiquen la denuncia, y determinar si
procede la petición.
Pese a contar con estudios nacionales e internacionales –retomados y
divulgados por las organizaciones ciudadanas–, las autoridades insisten
en comprobar los datos aun cuando ellas mismas han documentado la
violencia feminicida.
Un ejemplo es el estudio “Feminicidio en México, aproximación,
tendencias y cambios 1985-2009”, realizado por el Inmujeres, ONU-Mujeres
y la Cámara de Diputados, el cual reveló que entre 1985 y 2009 fueron
asesinadas 34 mil 176 mujeres en todo el país.
Ese dato, obtenido de información oficial, arroja que en 24 años,
cada día –en promedio– fueron asesinadas cinco mujeres, la mayoría de
manera brutal y sin que los crímenes fueran castigados.
Una evidencia más del incremento de asesinatos se documentó en 2006
cuando la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados
publicó el estudio “Violencia feminicida en 10 entidades de la República
Mexicana”, que determinó que en 2004 fueron asesinadas mil 205 mujeres.
La conclusión fue contundente: “En México hay feminicidio. No se
respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de
violencia”.
Y la violencia extrema contra las mujeres va en aumento: si bien para
2004 se asesinaba a cuatro mujeres al día; para 2014 la cifra llegó a
siete casos de feminicidio cada 24 horas, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
Al transcurrir de los años, ese conjunto de acciones diseñadas para
actuar de inmediato ante una contingencia feminicida sólo se ha aplicado
en tres entidades. En todas, la AVG se activó por presiones ciudadanas y
políticas, más que por el interés de los gobernantes para salvar la
vida de mujeres y niñas, señalaron las organizaciones civiles.
Así, la declaratoria de alerta en el Estado de México se dio tras un
largo proceso judicial de cinco años, tiempo en el que pasó a último
término la protección de la vida de las mexiquenses con tal de no
afectar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien ya aspiraba a
la Presidencia de la República.
En el caso de Morelos, la activación respondió al desinterés del
propio gobierno local y de su Instituto de las Mujeres, que incluso
aseguraron que ya habían realizado acciones a favor de las morelenses
cuando en realidad no tenían avances, lo que orilló a que la Segob,
Conavim y el Inmujeres dieran paso a la AVG.
Jalisco, por otra parte, fue un caso singular, pues antes de que el
movimiento feminista denunciara el feminicidio en la entidad ante las
instancias federales, fue el propio Ejecutivo estatal el que optó por
mostrar (aunque aún sin resultados) “un compromiso” por los derechos de
las mujeres.
Estado de México
En cinco años, de 2005 a 2010 –con Peña Nieto en la gubernatura–, los
homicidios dolosos de mujeres sumaron 922 en la entidad. Las
agrupaciones civiles contaron entonces que los cuerpos eran abandonados
en la vía pública, que las mujeres eran apuñaladas, asfixiadas, quemadas
o que presentaban huellas de golpes y hasta de torturas. Estas
historias –como sigue ocurriendo hoy– no llegaron a los tribunales de
justicia.
Con ese panorama, en 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH) demandaron la AVG en la entidad.
Pero la solicitud fue negada y funcionarios estatales, como la ahora
presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, y el entonces procurador
Alfredo Castillo Cervantes, dieron todo tipo de argumentos, desde que
“era un golpe político” para Peña Nieto, que “no eran tantos crímenes”
si se tomaba en cuenta el total de la población mexiquense, hasta que
allí no mataban a las mujeres, “sólo arrojaban sus cadáveres”.
Las activistas recurrieron a un amparo para insistir en la activación
de la AVG, y lograron que un juzgado federal ordenara la investigación
solicitada. La orden judicial fue impugnada por las autoridades, pero el
28 de abril de 2014 se admitió la solicitud y se anunció el inicio de
una indagación por parte de un grupo conformado sólo por funcionarios y
sin la presencia de académicas.
En julio de ese año, el gobernador Eruviel Ávila Villegas decidió
solicitar la declaratoria para mostrar el “compromiso” de su gestión con
la vida de las mujeres, pero fue hasta un año después –el 28 de julio
de 2015– cuando la AVG se decretó oficialmente en los municipios de
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan,
Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Entre las obligaciones del gobierno local están definir una
estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública; garantizar las
órdenes de protección, la búsqueda y localización de niñas y mujeres
desaparecidas; elaborar protocolos de búsqueda e investigación; y
recuperar espacios públicos.
Las recomendaciones son similares a las propuestas presentadas por
los grupos de trabajo en el resto de las entidades donde aún no hay
alerta. En todos los estados, personal académico y funcionarios
coinciden en recomendar acciones que ya deberían ser realidad, pues
están estipuladas desde 2007 en la Ley General, como crear o alimentar
un banco de datos sobre violencia de género.
Morelos
Entre el año 2000 y junio de 2013, la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) registró 530 casos de feminicidio en
esa entidad, e incluso informó que las víctimas estuvieron en
cautiverio, quedaron aisladas y desprotegidas, fueron agredidas y
violentadas hasta la muerte, y que algunos de sus cuerpos fueron
maltratados aun después de haber sido ultimadas.
Ante la evidencia, con los números, gráficas y nombres de algunas de
las víctimas, el 27 de mayo de 2014 la CIDHM presentó ante el Inmujeres
la solicitud para declarar una alerta.
En junio de ese año se conformó el Grupo de Trabajo y aunque las 4
personas de la Academia se eligen por convocatoria, a nivel local nadie
se postuló y la Conavim designó a dos investigadores del Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
El 28 de agosto de 2014, el grupo entregó su análisis y
recomendaciones, similares a las del Edomex, mismas que fueron aceptadas
por el gobernador Graco Ramírez.
Meses después, el 23 de marzo de 2015, en el plazo para responder
sobre el cumplimiento, el mandatario estatal entregó un informe en el
que aseguraba que había realizado todas las recomendaciones.
Pero de la valoración del informe del gobierno de Morelos, tanto la
Academia como personas funcionarias federales consideraron que no se
habían tomado en cuenta todas las recomendaciones, así que el 10 de
agosto de 2015 la Conavim decretó la AVG en los municipios de Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y
Puente de Ixtla.
En este caso, donde el gobernador presumió que había cumplido, las
autoridades federales decretaron la alerta y pidieron que la divulgara,
lo cual no ha hecho; además de implementar una estrategia para la
recuperación de espacios públicos; tramitar órdenes de protección a
mujeres víctimas de violencia; así como integrar un banco de datos de
violencia, entre otras que por ley ya deberían existir.
Al cumplirse seis meses de la AVG para los ocho municipios, Juliana
Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, afirmó que faltan medidas de
emergencia, como acciones de coordinación entre las secretarías y las
investigaciones para encontrar y castigar a los culpables de
feminicidio.
Jalisco
La entidad fue un caso particular porque antes de que el Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (Cladem) solicitara la activación de la AVG, en agosto de 2015
el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz decidió pedirla al Instituto
Jalisciense de las Mujeres.
En ese estado el gobernador puede solicitar la activación porque la
ley local lo faculta para ello. Una vez que dio la indicación al
instituto, al igual que a nivel federal, se formó un grupo de trabajo
para investigar la situación e integrar recomendaciones que le serían
entregadas.
Una vez con las recomendaciones, el pasado 7 de febrero fue el mismo
Sandoval Díaz quien anunció que se activaba el mecanismo en ocho
municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El
Salto, Puerto Vallarta y Ameca. El mandatario local declaró que las
acciones deberían permear en el resto del territorio estatal.
En opinión de Alejandra Cartagena López, integrante de Cladem, si
bien el Ejecutivo jalisciense se adelantó, en realidad los grupos
civiles ya llevaban tiempo tratando de visibilizar esta problemática, y
por tanto la activación de la AVG no fue un “regalo”, sino una acción
necesaria que no se podía postergar. Por ahora, el gobierno estatal está
en la ruta de implementar las acciones.
Recomendaciones
En las tres entidades donde se ha decretado la alerta, así como en
las otras 12, los grupos de trabajo han realizado recomendaciones
similares que incluso deberían de ser parte de la política para
erradicar la violencia de género, ya que están en las leyes federales y
son parte de señalamientos de mecanismos internacionales.
Por ejemplo una de las recomendaciones es integrar un banco de
información, cuando la Ley General desde 2007 establece la obligación de
publicar semestralmente la información general y estadística sobre los
casos de violencia de género, para integrar el Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Otra recomendación es garantizar que se otorguen órdenes de
protección a las víctimas de violencia, tema que también está en la Ley
General, que dice que éstas son medidas de protección y de urgente
aplicación, que pueden ser desde entregarle a una mujer sus documentos
de identidad hasta sacarla de su domicilio para evitar violencia de su
agresor.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
estableció en su sentencia de 2009 contra el Estado mexicano que México
fue responsable por no proteger la vida de ocho mujeres asesinadas en
Ciudad Juárez, ni garantizarles justicia. En este fallo el organismo
hizo recomendaciones que las autoridades ya debieron haber implementado.
Entre estas medidas de reparación están: un plan de búsqueda y
localización de mujeres desaparecidas; actualizar bases de datos de
estas personas; estandarizar protocolos de investigación, ministeriales y
periciales para combatir la violencia de género; y capacitar con visión
de género a funcionarios, recomendaciones que también ahora se hacen en
las entidades con solicitud de AVG.
Mientras en tres entidades se activó la alerta y en otras 12 se
investiga la presunción de violencia feminicida, continúa el letargo de
las instituciones, y a las mujeres y niñas las siguen asesinando.
En Puebla, por ejemplo, se registraron cuatros crímenes del 15 al 21
de febrero de este año, y en Oaxaca ya van 20 casos de feminicidio en
2016, por lo que organizaciones civiles plantean solicitar la AVG en
estos estados.
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