Por
Homero Campa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta semana la plataforma Méxicoleaks cumple un año de existencia.
La historia de su nacimiento es conocida. La organización no
gubernamental Free Press Unlimited (FPU), con sede en Ámsterdam, convocó
a ocho organizaciones civiles y medios de comunicación mexicanos con un
objetivo preciso: crear una plataforma digital que permitiera a los
ciudadanos filtrar de manera segura y anónima documentos con información
de interés público.
Rodríguez, Lizárraga, Roldán y Reyna en el conversatorio de Méxicoleaks.
Foto: Benjamin Flores
Durante
2014 representantes de FPU visitaron México para sondear el ambiente de
la prensa en el país, amarrar acuerdos con organizaciones y medios de
comunicación y ofrecer entrenamiento técnico para manejar la plataforma.
El 10 de marzo de 2015 los ocho integrantes de Méxicoleaks –entre
ellos Proceso— lanzaron la plataforma en un acto público realizado en el
Centro de la Cultura Digital de la Ciudad de México.
Desde entonces, sus integrantes hemos alcanzado por consenso algunos
acuerdos básicos. Tres de ellos son claves para el buen funcionamiento
de la plataforma:
1) los miembros de la alianza preservan su independencia editorial y
sus respectivos procesos internos. Nadie impone al resto pautas o
criterios. Se parte del absoluto respeto al ser y al proceder de cada
organización y medio.
2) Un soplo puede llegar a uno de los miembros de la alianza o a
varios o a todos. Cuando llega a sólo un medio, éste se hace cargo de
su soplo y decide si lo investiga o lo desecha y determina cuándo y cómo
publicarlo. Si llega a más de uno, pregunta a los otros que lo
recibieron si les interesa el tema. A partir de ello, puede crearse un
equipo que realice la investigación de manera conjunta; o, por el
contrario, cada miembro puede investigar el soplo por su cuenta. El
miembro de la alianza que anuncia al resto su interés por un soplo,
tiene mano para determinar la fecha de publicación. Es, pues, un
mecanismo flexible que permite optar tanto por la cooperación como por
la competencia.
3) Se asume el compromiso de verificar la autenticidad de los
documentos filtrados y la veracidad de su contenido, así como de valorar
si la información es relevante y de interés público. A partir de ello,
se inicia la investigación con el propósito específico de aterrizar la
filtración en un texto periodístico: una nota informativa, un video, una
crónica, un reportaje…
Este último acuerdo –que implica rigor periodístico y máxima
protección de las fuentes– nos ayuda a no caer en las trampas de las
filtraciones amañadas, que suelen ser comunes en México.
Y es que –a diferencia de otras naciones donde se ha afincado la
cultura del whistleblower–, en nuestro país debemos tener cuidado con
los “soplos”. No necesariamente éstos pueden venir de ciudadanos con un
elevado sentido del deber cívico, sino de intereses oscuros que quieren
utilizar a la plataforma para golpear a sus enemigos políticos y
económicos y que pueden incluso tratar de engañarnos enviándonos
documentos apócrifos.
Ante ello, recurrimos a los básicos del periodismo profesional:
reportear, verificar, cotejar, contextualizar… Ello nos ha permitido
cuidar el prestigio de nuestra plataforma a la vez que ofrecemos textos
con información sólida y de calidad.
Así, en estos 12 meses los miembros de Méxicoleaks hemos publicado 25 textos periodísticos sobre 11 temas distintos.
Algunos de ellos:
El pago de 49 mil pesos diarios que realizó el Estado Mayor
Presidencial para que Enrique Peña Nieto se hospedara en la suite del
hotel Sofitel de Bruselas durante la Segunda Cumbre de la UE-Celac; la
forma en que el cuñado del gobernador de Puebla utilizó a campesinas
para crear una empresa que obtuvo contratos millonarios del gobierno
local y federal; la revelación sobre un fideicomiso del Infonavit
constituido para hacer crecer el valor de las aportaciones de los
trabajadores pero que gasta más de lo que obtiene debido a los pagos de
su estructura burocrática; los reportes con los que contó la Secretaría
de Gobernación sobre las actividades que realizaba Joaquín El Chapo
Guzmán durante su primera reclusión en el penal del Altiplano, entre
ellas las conversaciones con sus familiares y abogados, las encomiendas
que les asignaba a éstos y hasta detalles de su vida privada que lo
revelan como padre de 18 hijos; la historia de una licitación amañada
en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)
con el propósito de otorgar un millonario contrato por equipo y
programas de seguridad informática; y –apenas el pasado martes 8, dos
días antes del primer aniversario Méxicoleaks— el fenómeno de
devastación arqueológica en Valle de Bravo y, en particular, el proyecto
para construir una moderna plaza comercial sobre un predio propiedad de
los empresarios Alejandro Martí y Alejandro Aboumard, en el que se
encontraban dos sitios con vestigios arqueológicos.
En un país con problemas sistémicos de corrupción e impunidad, se
requieren mecanismos que faciliten la transparencia y la rendición de
cuentas de los poderes públicos y privados. Más aún, en un país con
limitaciones para ejercer la libertad de expresión y el derecho a la
información, se requieren herramientas que brinden seguridad para
periodistas y ciudadanos que se atreven a denunciar abusos y tropelías.
Es este contexto el que justificó la aparición de Méxicoleaks hace un año; es este contexto el que justifica ahora su vigencia.
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