A estas cifras contra las mujeres hay que añadirle que cuatro de cada 10 mexicanas han sufrido violencia psicológica, siendo humilladas, menospreciadas o amenazadas.
Francisco Nieto (La Silla Rota).-
Siete de cada 100 mujeres mexicanas han sido obligadas a tener relaciones sexuales por sus propias parejas sin su consentimiento, ejerciendo violencia sexual.
También dos de cada 10 mujeres han sufrido de violencia económica,
recibiendo reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el
dinero, asimismo se les ha prohibido trabajar, estudiar o incluso les
han recogido su dinero o sus bienes.
A estas cifras contra las mujeres hay que añadirle que cuatro de cada 10 mexicanas han sufrido violencia psicológica, siendo humilladas, menospreciadas o amenazadas.
Sin embargo, el peor flagelo de la mujer mexicana es la violencia física, pues hay un registro donde se asegura que 14 de cada 100 mujeres han vivido este tipo de violencia.
Todas estas cifras son parte de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que sirvió de argumento para que senadoras del PRI en el Senado de la República propusieran una reforma para promover refugios que brinden atención médica, psicológica, legal y educativa a mujeres víctimas de violencia.
“La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia a través del apoyo y mantenimiento de refugios”, detalla la propuesta.
La propuesta priísta recuerda que la creación y operación de dichos refugios se impulsó en la década de los noventa, con el fin de brindar atención médica, psicológica, legal y educativa a víctimas.
Los datos oficiales aseguran que las mujeres que experimentan violencia presentan varios problemas de salud durante su desarrollo, cifra que representa el 47 por ciento de las mexicanas que ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida y puede ser ejercida de varias formas: psicológica, económica física y sexual.
En ese sentido, uno de los principales objetivos de los refugios es que las víctimas tengan la posibilidad de interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, destrezas y capacidades para la toma de decisiones en el futuro y poder construir una vida sin violencia.
Actualmente, existen 45 refugios distribuidos en todo el país, los cuales operan con gran discreción por seguridad de las mujeres y del personal que las atiende, por lo que la ubicación y el personal que en ellos labora es absolutamente confidencial.
Con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, se contemplan medidas para proteger y evitar el daño a la dignidad de las mujeres tomando como base estándares internacionales, donde se establece que el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Estos estándares internacionales establecen la obligación de los Estados para “suministrar servicios especializados para la atención de la mujer víctima de violencia, por medio de los sectores público y privado, refugios, orientación para la familia y custodia de los menores afectados cuando así sea el caso”.
Espacios discretos
En 2011, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el modelo de funcionamiento para los refugios, con el propósito de estandarizar las condiciones básicas en las que deben funcionar los refugios y garantizar su funcionamiento a partir de la perspectiva de género y derechos humanos.
Con el fin de continuar con el fortalecimiento de este programa, así como la creación, operación y mantenimiento de los refugios para lograr los objetivos previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, las priístas propusieron que las entidades federativas, sean quienes impulsen y apoyen la creación, operación y mantenimiento de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por los estándares nacionales e internacionales.
A estas cifras contra las mujeres hay que añadirle que cuatro de cada 10 mexicanas han sufrido violencia psicológica, siendo humilladas, menospreciadas o amenazadas.
Sin embargo, el peor flagelo de la mujer mexicana es la violencia física, pues hay un registro donde se asegura que 14 de cada 100 mujeres han vivido este tipo de violencia.
Todas estas cifras son parte de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que sirvió de argumento para que senadoras del PRI en el Senado de la República propusieran una reforma para promover refugios que brinden atención médica, psicológica, legal y educativa a mujeres víctimas de violencia.
“La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia a través del apoyo y mantenimiento de refugios”, detalla la propuesta.
La propuesta priísta recuerda que la creación y operación de dichos refugios se impulsó en la década de los noventa, con el fin de brindar atención médica, psicológica, legal y educativa a víctimas.
Los datos oficiales aseguran que las mujeres que experimentan violencia presentan varios problemas de salud durante su desarrollo, cifra que representa el 47 por ciento de las mexicanas que ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida y puede ser ejercida de varias formas: psicológica, económica física y sexual.
En ese sentido, uno de los principales objetivos de los refugios es que las víctimas tengan la posibilidad de interrumpir el ciclo de violencia en el que se encuentran inmersas, contribuyendo al desarrollo de sus habilidades, destrezas y capacidades para la toma de decisiones en el futuro y poder construir una vida sin violencia.
Actualmente, existen 45 refugios distribuidos en todo el país, los cuales operan con gran discreción por seguridad de las mujeres y del personal que las atiende, por lo que la ubicación y el personal que en ellos labora es absolutamente confidencial.
Con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, se contemplan medidas para proteger y evitar el daño a la dignidad de las mujeres tomando como base estándares internacionales, donde se establece que el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Estos estándares internacionales establecen la obligación de los Estados para “suministrar servicios especializados para la atención de la mujer víctima de violencia, por medio de los sectores público y privado, refugios, orientación para la familia y custodia de los menores afectados cuando así sea el caso”.
Espacios discretos
En 2011, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el modelo de funcionamiento para los refugios, con el propósito de estandarizar las condiciones básicas en las que deben funcionar los refugios y garantizar su funcionamiento a partir de la perspectiva de género y derechos humanos.
Con el fin de continuar con el fortalecimiento de este programa, así como la creación, operación y mantenimiento de los refugios para lograr los objetivos previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, las priístas propusieron que las entidades federativas, sean quienes impulsen y apoyen la creación, operación y mantenimiento de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por los estándares nacionales e internacionales.
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