El asesinato de Pilar es uno de los mil 214 casos de feminicidio que siguen impunes en el estado de Veracruz.
Alejandro, su entonces pareja, confesó haberla asesinado, violentado y abandonado en un sembradío. Contó a las autoridades ministeriales que había bebido y que cuando Pilar se negó a sostener un encuentro sexual, él la tomó del cuello, la tiró y la asfixió, para después golpearla con una piedra y violarla.
Alejandro, de 16 años de edad, fue consignado en septiembre de 2012 ante la autoridad, pero dos meses después se desdijo de su declaración; el juez consideró que no hubo elementos suficientes y lo liberó sin tomar en cuenta las pruebas periciales.
Su caso ha quedado impune al igual que muchos otros en los que a pesar de que el agresor es una persona cercana y conocida, la autoridad ministerial no castiga al homicida.
DANZA DE CIFRAS
Las cifras de feminicidio en Veracruz (tipo penal aprobado en 2011) no son precisas, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) ha reconocido mil 224 casos en los últimos 15 años, grupos civiles revelan que la cifra real puede ser el doble.
Las estadísticas de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana señalan que al menos 100 mujeres son asesinadas cada año.
Además del creciente aumento del feminicidio en la entidad, la preocupación de las activistas es la impunidad. La propia FGE advierte que de 2000 a 2010 se cometieron 728 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales en 601 casos “no hay responsables”.
Según el diagnóstico del Grupo de Trabajo que analizó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Veracruz, muchos de los casos tienen dilación en la investigación y otros están en reserva o archivados.
Otro dato es que de 2012 a 2015 se iniciaron 161 procesos por feminicidio, de los cuales 88 están en trámite y 73 están “determinados”, sin embargo el Poder Judicial estatal sólo reportó siete sentencias condenatorias en un año.
El mismo estudio expone testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, según los cuales había casos (en los municipios de Coscomatepec y Nanchital) en los que el agresor confesó pero fue liberado, y además vivía en la misma localidad.
En el municipio de Maltrata, en el caso del asesinato de una mujer a manos de su esposo, los familiares reportaron nulos avances en la investigación. “Además el agente del Ministerio Público (MP) pidió a la familia que buscara a otras autoridades, para solicitar antecedentes de violencia del agresor, y cuando acudieron al DIF municipal les pidieron cuota para ser atendidos”, señala el diagnóstico.
PROTOCOLOS DEFICIENTES
A unos meses de la solicitud de AVG para Veracruz, firmada por 12 grupos civiles, la violencia va en aumento. De enero a febrero de este año se contabilizan 28 asesinatos de mujeres; 24 encuadran en el tipo penal de feminicidio.
Adriana Fuentes, abogada de Equifonía, criticó que el Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el MP para delitos de violencia de género, publicado en 2012, tiene “serias deficiencias” debido a la falta de profesionalización de peritos y agentes ministeriales.
Aunque el protocolo señala que todas las muertes de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, aunque luego se descarte el tipo penal, el mal cuidado de la cadena de custodia y la falta de capacitación de peritos traen como consecuencia que los asesinatos no sean tipificados como tal.
“Muchas veces no hay una buena cadena de custodia, se sigue pensando que la prueba de testimonio es la que arrojará datos, cuando debe ser la prueba científica la que dé luz sobre el asesinato”, observó Fuentes.
La ley establece que el periodo de investigación debe de ser de 180 días, sin embargo si no se asegura la escena, ni se hacen las valoraciones de estudio social, “si esas primeras líneas no se hacen, estás dejando que haya fuga de información, que el agresor huya y el delito no tenga castigo”, abundó la abogada.
MENSAJE DE IMPUNIDAD
Alejandra Jiménez, de la Red Unidos por los Derechos Humanos, consideró que la impunidad en los casos envía un grave mensaje a la sociedad que permite la violencia hacia las mujeres.
“De nada sirve tener uno de los marcos más avanzados legalmente, sino se ejerce, ni se llevan a cabo las leyes que protegen a las mujeres, y lamentablemente somos el estado con mayor rezago de justicia”, explicó.
Jiménez apuntó que apenas 20 por ciento de los casos de feminicidio tienen un culpable o están consignados, lo que evidencia un esquema de impunidad grave.
Estela Casados, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), alertó que 2016 ha sido un año de “mucha violencia contra las mujeres”. Como ejemplo señaló que en enero de 2014 hubo ocho casos de feminicidio, y para enero de 2016 suman 15.
“Podemos tener una serie de declaraciones que apunten por el derecho de las mujeres y a garantizar sus vidas, pero no lo estamos viendo en los hechos; por ellos exigimos que se haga el trabajo”, advirtió.
Casados agregó que las veracruzanas están arropadas legal y constitucionalmente con varias leyes de protección, pero las autoridades “les quitan la cobija”.
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 
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