Claudio Lomnitz
La Jornada
El gobierno de México
ha comenzado por fin a repudiar públicamente el fenómeno Trump. Durante
meses guardó escrupuloso silencio en torno de las declaraciones
incendiarias de Donald Trump. Los expertos en Relaciones pensaban, no
sin alguna razón, que hacer declaraciones era echarle gasolina al fuego,
y que sólo aumentarían las posibilidades electorales del candidato.
Hoy, frente a la probabilidad de lo que hasta hace poco parecía el sueño
guajiro de un megalómano, han hecho pronunciamientos muy fuertes tanto
la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Presidencia de la
República, pasando por los ex presidentes Fox y Calderón, que hacen
comparaciones entre Trump, Hitler y Mussolini.
No está claro si estas reacciones hayan estado bien calibradas porque
no se entiende bien a quién van dirigidas (claramente no a Trump, pero
¿a quién?). Por eso los efectos de estas declaraciones están por verse.
Lo que queda en claro en estos bandazos que oscilan entre el silencio y
la estridencia es que el gobierno no sabe qué medidas tomar ni ante la
posibilidad de que Trump sea presidente, ni tampoco ante la popularidad
evidente de las ocurrencias de este candidato, la expulsión de los
migrantes, el muro fronterizo impenetrable, y la criminalización del
indocumentado. El gobierno no sabe qué hacer porque, en cierto modo, el
daño ya está hecho. Aun si Trump pierde, el debate migratorio ya gira en
torno de su impostura. Cualquier intento de reforma migratoria
progresista está ya destinado al fracaso.
Así, el problema hoy ya no se reduce a evitar el triunfo de Trump,
porque el uso político del migrante como culpable de la decadencia
estadunidense ya está a la mano de cualquiera. Ante una situación así,
falta pensar en alternativas que van mucho más allá de la coyuntura
electoral.
Una idea que se podría explorar es que el gobierno apoye la creación
de una Liga Antidifamación Mexicana en Estados Unidos, parecida a la
Liga de Antidifamación Judía, que fue formada en Estados Unidos en 1913
para educar a la población contra el antisemitismo, el racismo y el
prejuicio religioso, y para contrarrestar las muchas falsedades que
circulaban sobre los judíos en la época (recordemos que la fabricación
infamante conocida como Los protocolos de los sabios de zión
fue escrita y publicada en Rusia en 1903, y que ya para 1913 circulaba
ampliamente; en pocos años sería retomada por Hitler en su campaña
genocida). Además de tener una función educativa, la Liga de
Antidifamación Judía tenía y tiene aún un brazo jurídico, abocado a
llevar a la corte casos de discriminación, difamación, etcétera.
Sería pertinente que el Estado mexicano pensara en organizar una Liga
de Antidifamación Mexicana en Estados Unidos, que tuviera en su misión
los siguientes puntos:
Educar a la población estadunidense y mexicana acerca de la
corresponsabilidad de Estados Unidos y de México en el fenómeno
migratorio.
La migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos tiene
más de 120 años de existir. Fue iniciada por enganchadores que entraron a
México de los Estados Unidos buscando llevarse trabajadores al otro
lado. Luego ya no hubo necesidad de estos enganchadores, y el trabajador
cruzaba naturalmente la frontera porque se habían formado redes de
comunicación y de confianza entre empleadores estadunidenses y empleados
mexicanos. En otras palabras, la demanda desde Estados Unidos siguió, y
nunca se ha detenido.
Durante la Segunda Guerra Mundial se firmó el Programa Bracero por
iniciativa de Estados Unidos, y llevó a millones de mexicanos al otro
lado. Muchos se quedaron. Otros trajeron paisanos cuando veían que había
demanda… Por último, en 1994 se firmó el TLCAN, cuyas graves
implicaciones para el campesinado mexicano eran perfectamente conocidas.
El TLCAN implicaba más migración. Eso lo sabían tanto los negociadores
mexicanos como los estadunidenses. Por eso, la historia de
responsabilidad conjunta y de complicidades compartidas debe ser objeto
de una campaña educativa.
Educar a la población estadunidense y mexicana acerca del trabajo que
realizan los mexicanos en Estados Unidos, los beneficios que le traen a
la sociedad de ambos lados de la frontera, los impuestos que pagan, los
sacrificios que hacen, la clase de gente que son, y los beneficios que
traen de ambos lados de la frontera.
Introducir demandas judiciales en casos de discriminación,
difamación, libelo, abuso policial, etcétera. Los mexicanos en Estados
Unidos merecen tener un campeón en las cortes, una institución que tenga
un establo de abogados de altísimo calibre, que sepan ganar y que sepan
publicitar. Los migrantes no tienen recursos para pagar servicios así;
el gobierno mexicano puede ofrecerlo.
Constituirse en líder en la defensa de las causas de discriminación
contra todos los latinos. La categoría de latino en Estados Unidos está
compuesta en su mayoría por mexicanos (son cerca de 60 por ciento del
total). Los centroamericanos, ecuatorianos, colombianos, etcétera, son
tan vulnerables al trumpismo infeccioso como los mexicanos.
El gobierno mexicano está descubriendo algo tarde la necesidad de
desarrollar una política activa de defensa de los mexicanos en Estados
Unidos. Necesita insistir en la responsabilidad y los intereses de ambos
gobiernos y de ambas sociedades ante el fenómeno migratorio. Entrar a
debates públicos con el señor Trump es una política muy insuficiente
frente al tamaño del problema. Se necesita apuntalar una política
educativa, de medios, de lobbying y judicial, sostenida y
coherente. Sería un error histórico quedarse de brazos cruzados ante
tamaña ola política, que busca echarle la culpa de la decadencia de las
clases medias estadunidenses a un migrante inocente y denostado.
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